Un informe de la Contraloría Universitaria de la Universidad Nacional (UNA) señaló una serie de irregularidades en la admisión de estudiantes a esa casa de estudios, en las que se vieron involucradas altas autoridades.
Estudiantes que no presentaron su título de bachillerato, que reprobaron las pruebas de admisión y de ingreso a carrera y otros con títulos de bachillerato falsos, se convirtieron en alumnos regulares de la UNA, incluyendo las hijas de una exintegrante del Consejo Universitario y de una decana, gracias a procedimientos cuestionados por la Contraloría.
Los resultados de la investigación fueron declarados “confidenciales” por el Consejo Universitario, pero el documento comenzó a circular en la red de correos interna de la institución; y esta semana fue ampliamente divulgado por la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en esa universidad.
La Contraloría Universitaria recomienda en su informe investigar al Jefe de la Oficina de Registro, Marvin Sánchez, Maritza Villalobos, Jefa de la Sección de Matrícula e Historial Académico, Álvaro Mora Espinoza, asesor jurídico de la Vicerrectoría Académica y a la propia Vicerrectora Académica, Sandra León, entre otras personas.
En los casos de Mora y de León, quien ahora también aspira a la rectoría de la institución, un órgano instructor nombrado por el Consejo Universitario desestimó cualquier responsabilidad de ambos en las irregularidades señaladas y archivó el procedimiento disciplinario sobre ambos.
La vicerrectora León aseguró que no puede referirse al fondo del asunto por encontrarse en investigación, mientras que el rector Olman Segura insistió en que el Consejo Universitario ha actuado desde el primer momento para esclarecer la situación.
El 17 de mayo, la vicerrectora León, envió un comunicado a la comunidad universitaria en el que recordó que fue absuelta por en el proceso interno.
PERSEGUIDA POR DENUNCIAR
Quien dio la primera voz de alarma sobre las anomalías en la admisión y matrícula de estudiantes fue la Jefa de la Sección de Admisión, Reconocimiento y Expedientes Estudiantiles, Sonia Salazar.
De acuerdo con el documento de la denuncia que interpuso ante el Consejo Universitario, Salazar detectó irregularidades en la admisión de nuevos estudiantes que no tenían la presentación del título de bachillerato.
Tras advertir las anomalías, empezó la persecución contra Salazar.“ (…) Se me quitó la clave de acceso al sistema impidiéndome que pudiera conocer toda la información sobre casos que yo misma había detectado como irregulares, así como incluir o excluir estudiantes en el proceso de admisión”, señaló en su denuncia.
Ella solicitó la exclusión del sistema de las personas que presentaban la irregularidad, para lo cual se le otorgó una clave temporal, tras cuyo vencimiento no pudo verificar las exclusiones solicitadas.
Lo denunciado por Salazar fue luego comprobado por la Contraloría Universitaria, que así lo expresa en el punto 2.1.1de la relación de hechos y detallada en el punto 2.2.2 del mismo informe.
La Contraloría seleccionó una muestra de 65 personas admitidas y matriculadas en el 2008, de las cuales 29 (45%) no presentaron la fotocopia del título de bachillerato, y en 27 casos no se encuentra la certificación del Ministerio de Educación Pública de haber ganado el bachillerato.
La mayoría de los estudiantes en esta condición, presentaron sus documentos después de la fecha límite establecida para que el Departamento de Registro verificara estos requisitos.
Incluso, señala el informe, una estudiante con “restricción de pendiente por montos vencidos y no presentación de documentos”, de la cual se solicitó exclusión desde el 4 de setiembre del 2008, al 11 de noviembre del año anterior aún se encontraba en el sistema.
TÍTULOS FALSOS
Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la UNA, la cual apoyó a Salazar en sus denuncias, comentó que la funcionaria verificó con el Ministerio de Educación la presencia de tres títulos falsificados.
Así consta en el texto de la denuncia presentada por Sonia Salazar, donde se adjunta un documento firmado por Trino Zamora Zumbado, Jefe del Departamento de Evaluación de la Calidad del MEP, en el que se informa de la presencia de tres títulos falsos, uno de ellos perteneciente a una persona de apellidos Anchía Cascante, hija de una decana de la UNA.
Al final de la nota, Zamora recuerda a la UNA, la responsabilidad que tiene la dependencia correspondiente de denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos títulos que resulten falsos.
“Pero empezó a pasar el tiempo y nadie presentaba la denuncia respectiva; por lo que Sonia fue personalmente al Ministerio Público y puso la denuncia contra los tres estudiantes que presentaron documentos falsos”, afirmó Cruz.
En el texto, Salazar señala que comunicó a su superior jerárquico, Marvin Sánchez (Jefe de Registro), la obligación de solicitar al departamento legal de la UNA que realizara la denuncia.
La funcionaria acudió al Ministerio Público el 15 de octubre del 2009, a pesar de que informó a sus superiores sobre la situación desde el 20 de agosto de ese mismo año.
“Sonia presentó la denuncia porque llegamos a la conclusión de que si no lo hacía, la única cabeza que rodaría sería la suya, aunque eran otros los que tenían que hacerlo. Con su acción ella está salvando a la UNA de no cumplir su deber”, expresó Cruz.
MATRICULA “EXTRA” EXTRAORDINARIA
Otra de las anomalías que advierte la relación de hechos de la Contraloría Universitaria, fue el supuesto uso indebido del mecanismo que se da a un estudiante en la condición de “extraordinario”.
La normativa universitaria define este tipo de estudiante como aquel que demuestra una actitud superior en el área del conocimiento de la carrera y a quien se le permite matricular uno o varios cursos pertenecientes a un plan de estudios, al margen de los requisitos que establece el sistema de admisión de los alumnos regulares.
Bajo esta condición, la Contraloría menciona el caso de cuatro personas, dos de las cuales pusieron como segunda opción el ingreso a la carrera de enseñanza de la educación física, deporte y recreación de la Escuela de Ciencias del Deporte; y para cuya prueba específica obtuvieron notas menores a siete; y por lo que no fueron admitidos en los periodos de matrícula ordinaria, ni extraordinaria.
De acuerdo con el informe, el director de la carrera mencionada, envió cartas al director de Registro para la inclusión de estas personas en calidad de extraordinarios, con lo cual finalmente fueron matriculadas a pesar de estar fuera de fecha, “con lo cual todos tuvieron un trato diferenciado respecto a los demás estudiantes”, señala el informe.
Al respecto la Contraloría señala que en varios de estos casos, las recomendaciones de las unidades académicas nunca fueron acompañadas de las debidas justificaciones para dar la condición de “extraordinario” a un estudiante; y posteriormente éste podía pasarse a la condición de alumno “regular”.
Esto provocó que en total cinco personas que no ganaron, e inclusive, no hicieron el examen de admisión, o la prueba específica de carrera, y en un caso no presentó el título de bachillerato, finalmente lograran matricularse en las carreras escogidas.
Entre las personas admitidas por ese mecanismo, la Contraloría destaca a la hija de una persona que en ese momento integraba el Consejo Universitario.
Otra de las anomalías, fue la aplicación en el 2008 de una nueva matrícula, posterior a la “matricula extraordinaria” autorizada, en la que se levantaron unas “Actas de verificación de llamadas de estudiantes no admitidos”.
El informe contiene varias listas de estudiantes que fueron admitidos “por mecanismos no acordes a los autorizados en el Proceso de Admisión” y “que no necesariamente garantizaron los principios de equidad, igualdad de oportunidades, excelencia y transparencia”.
*En los cuadros, se detalla el ingreso de varias decenas de estudiantes sin que se incluyeran las razones por las cuales debían ser admitidos, y en varios de los casos, que fueron supuestamente seleccionados por encima de muchos otros con mejores notas de admisión o ubicados en mejores puestos en el padrón de la matrícula extraordinaria.
En este particular, la Contraloría señala indicios y recomienda la investigación de la posible participación de la Vicerrectora Académica, Sandra León, el Director de Docencia, José Solano, el Director de Registro, Marvin Sánchez y el Encargado de la Sección de Informática del Departamento de Registro, Melvin Cortés; así como otras dos funcionarias.
VICERRECTORA ABSUELTA
A la vicerrectora y candidata a la rectoría, se le instauró un órgano director de proceso disciplinario para que se llevara a cabo un “procedimiento administrativo abreviado de carácter disciplinario”, que estuvo a cargo de un integrante del Consejo Universitario.
Consultada por UNIVERSIDAD, la vicerrectora y aspirante a la rectoría aseguró que prefería no referirse al fondo del asunto, pues aún hay “procesos pendientes” y además recordó que el informe fue declarado “confidencial” por el Consejo Universitario.
En la audiencia oral de este proceso, León explicó que la extensión que se realizó de la matricula extraordinaria, se diseñó como respuesta durante el proceso de admisión 2008, en el cual no se alcanzó el número de estudiantes que la institución podía recibir.
León señaló que siempre fueron las escuelas las que tomaron la decisión de quienes serían las personas admitidas, e indicó que se giraron instrucciones a los decanatos, para que se siguieran los procedimientos y principios de admisión.
El órgano director aceptó como válidas estas explicaciones y la necesidad de una “ampliación” del proceso de matrícula para que la Universidad llenara todos los cupos disponibles.
Sin embargo, la resolución no se refiere a los criterios por los cuales fueron seleccionados muchos de los estudiantes en esta etapa, y la falta de verificación en algunos de los casos.
Olman Segura, rector de la UNA:
“No toleramos la corrupción”
El Consejo Universitario de la UNA emitió una “Aclaración pública” el 30 de abril anterior, en la cual indica a la comunidad universitaria que hay una “garantía de confidencialidad” que se debe guardar en este caso.
Para esto invoca el artículo 6 de la Ley de control interno, en la que se señala que el contenido del expediente se considerará confidencial hasta que se resuelva el proceso, excepto para las partes involucradas.
La insistencia de la “confidencialidad” por parte del Consejo, se da luego de que el documento de la Contraloría empezara a circular por la red y causara revuelo en el campus, pues se ha convertido en uno de los temas de la campaña electoral hacia la rectoría, la cual se define el próximo 4 de junio.
Incluso UNIVERSIDAD recibió la advertencia de confidencialidad por parte del rector de la UNA, Olman Segura, luego de que se enterara que este Semanario investigaba sobre este tema. Así lo dice en una carta enviada a la directora de este medio, Laura Martínez, el pasado 14 de mayo.
“Dado que uno de los periodistas del Semanario Universidad le consultó a la señora Vicerrectora Académica de nuestra casa de estudios, sobre el contenido de un supuesto documento de Contraloría Universitaria que circuló mediante un anónimo en nuestra red Universidad, le envío el acuerdo del Consejo Universitario”, señala el documento.
Consultado directamente por UNIVERSIDAD, el rector Segura mantuvo su postura de no referirse al fondo del asunto, ni al hecho de que la vicerrectora académica, y ahora representante ante el CONARE para la parte final de la negociación del FEES, esté dentro de las personas denunciadas.
El rector insistió en que el documento de la Contraloría es “supuesto” y fue circulado por un anónimo, pero hasta el cierre de edición ni él ni ningún funcionario de la UNA ha salido a desmentirlo. Fuentes consultadas por UNIVERSIDAD, que prefirieron el anonimato ante las advertencias de confidencialidad, aseguraron que el documento que ha circulado es fiel al original.
Segura rechazó que se haya postergado la investigación por intereses políticos o de cualquier otro tipo, y recalcó que el Consejo Universitario ha actuado desde que conoció las denuncias.
“Hemos actuado desde el principio, y todo esto se está investigando. En el caso del acoso laboral también actuamos de inmediato y se instauró un órgano director independiente”, afirmó.
Segura afirmó que espera que las anomalías señaladas no sean por corrupción o negligencia, sino solo errores; y espera que como es lo justo, las personas involucradas reciban un debido proceso.
“Desde que llegamos a la rectoría hemos estado comprometidos en no permitir la corrupción. Esta ha sido una administración nítida y transparente”, aseguró el rector.
El jerarca descartó que el sistema de admisión vaya a perder la confianza de la gente, pues es “muy sólido”, y solo hay errores que se deben corregir. “En caso de que haya corrupción, que se busquen las pruebas y que se castigue”, apuntó el rector.
Carlos Cruz, ANEP-UNA:
“La confidencialidad es para barrer debajo de la alfombra”
Para Carlos Cruz, presidente de la Seccional de la ANEP-UNA, la “confidencialidad” solo ha servido para que las autoridades de la UNA intenten “barrer debajo de la alfombra” y protejan sus intereses en el proceso electoral.
“Claramente lo que intentan es proteger los intereses de este grupo que representa Sandra León. A nosotros aquí no nos importa si gana o no gana ella o cualquier otro, lo que nos preocupa es que por estos intereses se tapen y alarguen procesos de denuncias tan graves”, cuestionó Cruz.
“Lo que ha habido es un bloqueo total, so pretexto de una confidencialidad, que su principal objetivo debe ser el salvaguardar al denunciante de buena fe; pero aquí desde el inicio se supo quién era el denunciante, que tuvo el respaldo de la ANEP; y empezaron a hacerle la vida imposible; dejándola incapacitada por el acoso laboral que sufrió”, acotó.
Cruz aseguró que para la ANEP esta confidencialidad declarada no tiene valor, en el tanto ellos como parte denunciante, nunca fueron tomados en cuenta en el proceso.
Incluso, la ANEP ya tiene en su sitio web (www.anep.or.cr) un vínculo en el que se puede descargar el documento que ha circulado en la UNA, y que según la organización sindical, han verificado que mantiene todo su contenido original.
El sindicalista comentó que se valoran acciones legales para impugnar el proceso por el cual fue absuelta la vicerrectora León, ya que en la resolución del Consejo Universitario se señala que esta no tiene apelación posible.
“Esto es un proceso en el que solo hubo dos partes, un juez, que es afín a la vicerrectora, y una acusada. Nunca se tomó en cuenta a los demandantes ni a nadie que apelara por otros argumentos en el proceso. Además dice que no tiene apelación, cuando los estatutos son claros en que toda resolución debe tener apelación”, afirmó Cruz.
La ANEP también valora impugnar el órgano director nombrado en el caso de acoso laboral hacia Sonia Salazar, pues según explicó, primero se nombró a la vicerrectora León para esa función, pero al ser parte ella de las denuncias, se nombró a un subalterno de ella.
“¿Cómo con un subalterno de una de las involucradas van a garantizar la transparencia y el equilibrio en el criterio del órgano director?”, indicó Cruz.
El dirigente se manifestó preocupado por el hecho de que con los órganos directores instaurados se “personalizó” el proceso, pero no se han tomado las medidas para corregir las anomalías, que según afirmó, aún continúan.
“Recientemente supimos que un estudiante que no traía su título de bachillerato por algún motivo, lo que hizo fue presentarle a la universidad un recurso de amparo que él había planteado ante la Sala Constitucional por algún problema con su título, y con ese documento, se le aceptaron los papeles”, relató Cruz.
“El problema es que se admitió a esta persona, sin antes ir a preguntar a la Sala Constitucional. Ahora sabemos que la Sala había rechazado “ad portas” ese recurso, entonces se aceptó un documento rechazado a una persona que no cumple con los requisitos”, acotó el sindicalista.
Cruz se manifestó preocupado por el hecho de que la denuncia por el caso de Sonia Salazar se presentó desde septiembre del 2009, y a esta fecha no ha sido resuelto.
Para el dirigente, lo denunciado por Salazar es solo la “punta del iceberg”, y el sistema de admisión quedó altamente cuestionado; incluso, exponiendo a la universidad a reclamos de personas que no fueron admitidas.
“Imagínese que después de esto, personas no admitidas vengan y pidan que se verifiquen las listas de matriculados a la par de las notas de admisión, y se den cuenta de que admitieron a gente que tuvo notas inferiores a la suya; claramente hará su reclamo”, concluyó Cruz.
Candidatos reservados
Los aspirantes a la rectoría de la UNA, se mostraron reservados para opinar sobre el informe de la Contraloría Universitaria, que generó dudas alrededor de una de las candidatas, y actual vicerrectora.
Henry Mora, decano de Ciencias Sociales, recordó como el caso está en proceso de investigación, no se referirá a lo relacionado con la vicerrectora, quien ya fue absuelta por el órgano director.
“Todo lo que se diga son, por tanto, especulaciones, las cuales son producto de una política de falta de transparencia con que se ha manejado todo este asunto al no querer hacerse público el informe”, criticó Mora.
El economista Leiner Vargas, también lamentó el “secretismo” con que se ha manejado el tema en la institución, y prefirió no referirse al fondo del tema, por estar parte de la investigación en curso.
UNIVERSIDAD no pudo conocer el criterio de la candidata Carmen Méndez, integrante del Consejo Universitario, a pesar de las múltiples llamadas a su celular. Tampoco la pudimos ubicar en la oficina del Consejo.
Fuente: Semanario Universidad
JAVIER CÓRDOBA MORALES (javier.cordoba@ ucr.ac.cr)
