La ciudadanía costarricense que utiliza los servicios públicos requieren que los mismos sean oportunos, de calidad, eficientes y eficaces, por lo que la Administración Pública debe proporcionar esos mandatos sociales, generar confianza y tranquilidad, y brindar mayores oportunidades a las personas que día a día se acercan a las instituciones.
Es indudable que para que esas grandes metas se cumplan debe existir un sistema organizacional que posibilite el ejercicio de la eficiencia y un cuerpo de personas en los diversos servicios con la mejores calidades, con las mayores capacidades, con el más alto espíritu de servicio, con una vocación solidaria, mística y responsabilidad para con sus ciudadanos.
Este tipo de servidores y servidoras requieren también del reconocimiento de las autoridades de las instituciones, de la legislación que le rige, y además también del derecho de pautar sus condiciones de trabajo a través de los instrumentos colectivos de negociación tales como la convención colectiva, una de esos reconocimientos también tienen que ver con el respeto institucional hacia ellos y ellas.
La administración debe estar constantemente mejorando las condiciones organizacionales, utilizando las herramientas tecnológicas más modernas y por lo tanto no puede conformarse con los conocimientos o la experiencia con que se contrató a los servidoras y servidoras, sino que está también en la obligación de procurar el mejoramiento de la condición profesional y de su actualización, y cuando la administración no está capacitada para hacerlo debe hacer el reconocimiento a sus servidoras y servidores que lo realicen por cuenta propia.
Una política salarial de estímulo a la función pública representa también un valor sumamente importante para el mantenimiento de una administración pública conteste con las necesidades de la ciudadanía, de tal manera que los servidoras y servidoras puedan atender sus propias necesidades y las de sus familias, de tal manera que consideren como una de las funciones más importantes de su vida el trabajar en la Administración Pública. El Estado por tanto tienen una obligación con sus pueblo y con sus servidores y servidoras, debiendo generar los recursos suficientes para que se pueda mantener una política salarial estimulante para quienes se desempeñan en la función pública, y ello le obliga a revisar su sistema tributario, que además de ser insuficiente en la recaudación, es absolutamente antisolidario, ya que prevalecen los impuestos regresivos sobre los progresivos, pero como si fuera poco los sectores más dinámicos de la economía no contribuyen con el fisco, lo que indudablemente debe ser corregido.
DECRECIMIENTO SALARIAL
Datos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR), aparecidos en una publicación financiera especializada, dan cuenta de que los salarios bajos y medios del mercado, en términos generales, han tenido muy poco crecimiento desde 1987 a la fecha y que deberían recuperarse en períodos de crecimiento. Aunque en estos años la economía aumentó en un 30 %, los salarios más bajos crecieron tan solo un 3 %.
Hablamos aquí de que esta es una de las explicaciones más contundentes del sostenido proceso de concentración de la riqueza que experimenta la sociedad costarricense y, por ende, del crecimiento de la desigualdad social, de la inseguridad ciudadana y, por tanto, de la violencia social que se está generalizando.
Esto nos obliga a insistir en un cambio estratégico en cuanto a la metodología de la fijación salarial, contemplando la evolución tanto de la inflación vencida como la de la inflación proyectada.
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