Así lo confirmó el experto del Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, Juan Diego Trejos, quien señaló que Costa Rica tiene un mayor desarrollo relativo y una alta calificación de la mano de obra, que en el pasado se veía recompensado, pero en la actualidad no es así.
“El sector público es el que muestra los mayores niveles salariales, junto a una serie de beneficios no remunerativos, que los coloca por encima de los empleados del área privada”, dijo Trejos.
Estas diferencias son más marcadas para los trabajadores que son menos calificados; pero, para los profesionales y no en todos los casos el sector privado paga un poco mejor que en el público.
Precisamente el IICE llevó a cabo un estudio sobre las condiciones salariales de los costarricenses, el cual demostró que cerca del 30% de los asalariados que pertenecen a la empresa privada, ganan por debajo del salario mínimo que le corresponde a su ocupación, situación que no ha variado significativamente en el tiempo.
“En el estudio logramos identificar que los más afectados con pagos por debajo del mínimo, son los pertenecientes a las microempresas, los trabajadores de establecimientos informales, el sector agrícola y, por ende, las zonas más afectadas son las urbanas y periféricas”, comentó Trejos.
Estas condiciones también afectan a las trabajadoras domésticas, a las mujeres en general, a los menos educados, jóvenes y de mayor edad.
CRECEN BRECHAS
Según el secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Edgar Morales, en Costa Rica una gran porción de los trabajadores ni siquiera reciben el salario mínimo (minimus minimorum), el cual ronda los ¢198.000 mensuales y que alcanza para comprar 1.6 canastas básicas.
Esto significa, explicó Morales, que las personas que reciben el salario mínimo, apenas puede comprar la comida básica para alimentar a una familia de cuatro personas y del resto sacar para pagar alquiler, transporte, agua, teléfono y electricidad.
“Los sindicatos hemos planteado hace más de cuatro años que se debe resolver el tema de salarios mínimos, para que al menos alcance para comprar el equivalente a dos canastas básicas y así permitir a los trabajadores vivir más holgadamente; pero, para ello es necesario un cambio en la base de cálculo para establecer los aumentos, lo que equivaldría a un incremento del 28% de los salarios mínimos”, detalló el dirigente de ANEP.
En estos momentos, la fórmula para ajustar semestralmente los salarios mínimos busca compensar la inflación, es decir, el aumento en el costo de vida, pero para algunos sectores es insuficiente.
“No hay incrementos reales, sino que es una forma ingrata de ensanchar las brechas entre ricos y pobres, por lo que hemos planteado que se dé un cambio en la metodología, de manera que se pague la inflación proyectada y no la vencida”, argumentó Morales.
Esa propuesta también plantea que se dé un incremento en los salarios de acuerdo con la productividad de las empresas; entonces, si esta mejora, también deben mejorar los salarios.
Asimismo, las organizaciones sociales plantean que se reconozca el aumento del Producto Interno Bruto en la fijación salarial, pues este ha crecido en los últimos años y no se ha visto reflejado como retribución a los trabajadores.
“Vemos una gran inequidad: los salarios más importantes son para los altos funcionarios o ejecutivos y un grupo reducido de profesionales, tanto de empresas privadas como de gobierno; pero, para la gran masa de asalariados no es así. Además, el sector informal ha experimentado un crecimiento y no solo ganan menos, sino que son excluidos del sistema de seguridad social, empeorando la situación para sus familias”, lamentó Morales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, explicó que el Gobierno ha incluido en su Plan Nacional, una propuesta para modificar la fórmula que establece los aumentos salariales del sector privado.
Sobre este tema, afirmó la jerarca, están trabajando en una propuesta que integre los criterios de los sindicatos y de los empresarios.
“Tenemos un total de 23 categorías salariales y cada una de ellas tiene su salario mínimo, por lo que debemos hacer el ajuste por medio de una fórmula que se denomina concertación”, indicó.
ESTUDIO REVELADOR
Un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lanzó una serie de datos sumamente alarmantes sobre la situación actual de los salarios en Costa Rica.
Ese informe le permitió a la entidad constatar que hay más de 308 000 personas que reciben salarios por debajo del mínimo establecido por ley, lo que representa un 28.9% de los asalariados privados del país.
Además, una de cada tres personas que no reciben el salario mínimo es menor de 25 años; uno de cada cinco que tienen una remuneración injusta es campesino; y más de la mitad trabajan en pequeñas empresas.
De acuerdo con la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, el impacto de ese abuso se incrementa con el bajo nivel educativo, pues más de la mitad de estos asalariados tienen únicamente la primaria o menos.
Ante estos datos, la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo lanzó la “Campaña Nacional de Salario Mínimo”, para realizar inspecciones y determinar si las empresas corrigieron el problema.
“Los resultados han sido muy satisfactorios, pues al 31 de diciembre llevábamos unas 5199 inspecciones. Este proceso lleva dos pasos: el primero cuando se realiza la primera inspección, en la cual se verifica si se paga o no el salario mínimo; y la segunda visita sirve para comprobar si la empresa rectificó”, detalló Piszk.
De acuerdo con la Ministra, en los últimos seis meses detectaron un nivel de infracciones del 40%, entre los visitados; sin embargo, en la segunda visita el 80% de las compañías habían rectificado.
Para desarrollar esta campaña, la institución ha destinado un 75% de los recursos humanos y materiales de la Dirección de Inspecciones, se han duplicado los servicios de llamadas para denuncias, se ha incorporado información en el sitio en Internet del ministerio y han repartido volantes con información.
“El salario mínimo es una base establecida por ley y lucharemos por que las personas tengan al menos ese ingreso, pues es un referente que las empresas no pueden violentar”, enfatizó Piszk.
Lucha en camino
El último aumento salarial del sector público será de un 2.33% y se estableció el porcentaje por medio de un decreto ejecutivo; es decir, no hubo una negociación entre los sindicatos y el Gobierno.
“Como elemento adicional, la Presidencia emitió una directriz que hace extensiva el alza para las universidades, el Poder Judicial, la Contraloría, Defensoría de los Habitantes, municipalidades, lo que limita a esos sectores a brindar un mayor reconocimiento salarial, aunque cuenten con los recursos”, comentó Edgar Morales, de la ANEP.
Esta situación ha generado una gran molestia entre las organizaciones sociales, las cuales sostienen que la política de inequidad salarial cada vez se hace más evidente.
Por esta razón, los sindicatos llevarán a cabo una asamblea general para definir una estrategia para exigir al Gobierno negociaciones salariales, así como definir la fecha y hora de una movilización de trabajadores.
Fuente: Semanario Universidad
Martes, 08 de Febrero de 2011 22:24
María José Núñez
