1. LA SOBERANÍA, ENTENDIDA COMO FACULTAD ÚLTIMA DE DECISIÓN, RESIDE EN EL PUEBLO
El parlamento y los tribunales constitucionales son instituciones válidas y legítimas para dictar decisiones políticas en un régimen democrático, pero en última instancia, la única decisión /inapelable/ es la que reside en la soberanía popular.
La envergadura de los cambios institucionales que implicaría la aprobación del TLC exige que se respete el principio de la soberanía del pueblo, tal como se establecen los artículos 2 y 105 de nuestra Constitución Política.
2. EL CARÁCTER SAGRADO DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Existen fundamentos metajurídicos sobre los que se sustenta toda Constitución. Uno de ellos es el carácter sagrado de la dignidad del ser humano, precepto que legitima la actitud de desconfiar permanentemente del poder establecido, incluso aunque éste sea democrático. Los contenidos de la dignidad humana deben estar por encima del arbitrio del legislador, aunque este haya sido elegido democráticamente. El TLC lesiona gravemente esta dignidad, al situar al “libre comercio” y la “libre circulación del capital” por encima de la misma (Artículos 9.14 y 10.9.3).
3. UNA MAYORÍA COLUSIVA NO PUEDE TOMAR DECISIONES LESIVAS E IRREVERSIBLES PARA LAS MAYORÍAS DEL MAÑANA
Incluso aceptando que fuese posible sostener una perspectiva puramente procedimental de la democracia (lo que de por sí es dudoso), la desobediencia ciudadana contra el TLC está legitimada si observamos que una mayoría de hoy no puede tomar decisiones lesivas e irreversibles para las mayorías del mañana o para las generaciones venideras. Al tener el TLC “autoridad superior a las leyes”, esta mayoría colusiva estaría empeñando indefinidamente la facultad de legislar, la potestad de promover políticas públicas regulatorias y la autonomía del Poder Judicial y del Régimen Municipal.
4. POR LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
Un número significativo de respetables expertos en derecho constitucional respaldan la tesis de que el TLC contiene insalvables transgresiones a la Constitución. Así por ejemplo, el pluralismo político garantizado en los Artículos 95 y 98 de la Carta Magna, sería gravemente disminuido si permitimos que una determinada ideología (el neoliberalismo en este caso), adquiera un rango superior a las leyes.
5. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN CRISIS
El mandato representativo ha sido siempre una ficción, válido en la medida en que resulte realmente compatible con la soberanía popular a través del sufragio universal. Pero la genuina democracia debe trascender la ciudadanía política para transformarse en ciudadanía social. Contra esta ampliación de la ciudadanía conspira la creciente burocratización y corrupción de los principales instrumentos de participación política: los partidos, las cámaras patronales y los mismos órganos de participación popular, cuando estos son convertidos en meros apéndices del Estado.
En estas condiciones, la aprobación del TLC por una mayoría colusiva, solo agravaría esta crisis de representación.
Un posible camino para evitar esta burocratización/corrupción es promover la democratización de la representación, suprimiendo el monopolio representativo que ostentan los partidos políticos. Esto podría lograrse mediante nuevas formas de participación ciudadana en la formación de las decisiones políticas, como la iniciativa popular o el referéndum.
6. LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA CLASE POLÍTICA TRADICIONAL
En la Costa Rica actual coexisten dos legitimidades, las cuales aparecen sintéticamente expresadas en la lucha ideológica y política en torno al TLC. Quizás la legitimidad detrás del “Sí al TLC” sea aun hegemónica, pero es una legitimidad frágil y acorralada por el enorme desprestigio de la clase política que la sustenta, la misma que hoy conforma la mayoría colusiva en el Congreso.
La legitimidad del “No al TLC” en primera instancia busca impedir que una mayoría parlamentaria colusiva consolide los contenidos de la legitimidad en régimen de cuasi monopolio.
7. POR EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Toda democracia es perfectible, y la costarricense no es la excepción. La lucha contra el TLC está contribuyendo a actualizar los contenidos del régimen político costarricense, y es, en última instancia, una defensa de la democracia, tanto de la democracia parlamentaria (constantemente burlada), como a través de la irrupción popular en la formación de la voluntad política en democracia.
Impidamos que una mayoría colusiva defina el destino (agonía) de nuestra Nación.
*Universidad Nacional
