Es decir, solamente se discutirá lo que diga la Casa Presidencial. Bueno, desde el punto de vista del poder formal, porque desde el poder real la directriz ya fue dictada.
Dentro de las metas estratégicas de los sectores de gran poderío económico que tienen tentáculos de peso en el propio Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en otras instituciones del sistema republicano; el negocio con los servicios de electricidad es un manjar tan apetecible como lo está demostrando ser, el de las telecomunicaciones y el de los seguros comerciales. Y el del agua que ya se asoma.
Más allá de los detalles técnicos envueltos en este asunto de la electricidad, el capital y el potencial del país al respecto que, básicamente, se ha desarrollado al amparo del ICE, es el mejor de toda la América Central. De ahí que la posibilidad de que se exporte electricidad a los países vecinos es algo sumamente tentador.
Por eso, lo que llaman la “apertura” eléctrica, en realidad, no es más que buscar una ley para desarrollar al máximo, sin misericordia, el llamado “mercado” eléctrico. Ni más ni menos que una nueva fuente de acumulación y de concentración de riqueza, a partir de un bien público que fue conceptuado, construido y desarrollado para servir a toda la población, bajo criterios de universalidad y de costo solamente necesario para su mantenimiento y reproducción. Ya habrá oportunidad para que ahondemos en los aspectos y en los detalles de este negocio que, sin duda, será en detrimento del bienestar de la mayoría de la población.
Tenemos entendido que la Presidenta Chinchilla pondrá en la agenda legislativa de agosto, el proyecto de ley de electricidad, como su iniciativa “estrella”, altamente prioritaria para así saciar la glotonería de ese poder económico urgido de tal legislación a su favor. Bien fuerte debió haber sido el golpe dado en el escritorio de doña Laura por parte del señor Rodrigo Arias Sánchez, integrante del dúo presidencial del gobierno anterior y con interés directo en el asunto, como para que esta ley tenga prioridad en el debate parlamentario.
Por el contrario, desde nuestra perspectiva, no hay cosa más urgente en este país que entrarle duro al tema de la ya prolongada injusticia tributaria, cuyo sistema es altamente regresivo (pagan impuestos proporcionalmente más, los que menos tienen: entre éstos, las personas trabajadoras asalariadas, así como las micro, pequeñas y medianas empresas).
Esta situación es la causa principal para que estemos viviendo en carne propia las consecuencias de un acelerado proceso de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad. Las brechas sociales entre los poquísimos que tienen demasiado y la enorme mayoría que tiene muy poco, está generando toda esa tensión social que se manifiesta, por ejemplo, en una enorme cadena de hechos violentos: robos, asaltos, estafas, crímenes, violencia doméstica intrafamiliar; y, hasta ayuda a explicar la creciente y preocupante manifestación violenta de la juventud estudiante.
Doña Laura hizo promesas de políticas públicas correctas, para, precisamente, atenuar la profundización de esa brecha social creciente. Destacan el supuesto fortalecimiento de los CEN-CINAI y las “redes de cuido”, especialmente de corte infantil. En materia de seguridad ciudadana, ella hasta se atrevió a dar una cifra de inversión y la puso en sus vallas publicitarias. Habló de nada menos que de 57 mil millones de colones para seguridad. Mencionó el problema de los salarios mínimos fortaleciendo la inspección laboral.
Ahora nos dicen que las arcas fueron dejadas “vacías” por el dúo Arias Sánchez y que no hay plata para nada. Por ejemplo, es tan grave la situación en el Sistema Penitenciario cuya crisis plena está en desarrollo, que tan sólo se han atrevido a hablar de la promesa de un empréstito para enfrentarla, algo así como ofrecer el “paraíso terrenal” a lo que hace aguas por todo lado… Y del aumento salarial para el sector Público, “mejor ni hablemos”.
Lo más lógico hubiese sido entrarle de lleno a un proyecto de ley para empezar a caminar el necesario sendero que necesita la democracia para recuperar su integración social; es decir, un proyecto de reforma tributaria para obligar a esos pocos que tienen demasiado, a que paguen lo debido.
Pero no.
Hablar de reforma tributaria estructural es tocar los mismos intereses que están detrás del proyecto de ley de electricidad. Ese poderío económico de signo neoliberal golpea escritorios presidenciales y diputadiles y con su propia prensa, intimida, amenaza, extorsiona, chantajea. Por lo general logra salirse con la suya: más beneficios para la gente de arriba (que son los menos); más sacrificio para la gente de abajo (que somos la mayoría).
Si se ve “riesgoso” comprarse la bronca de una ley de transformación tributaria estructural por el lado de los de arriba; se puede optar por una especie de ley de “contingencia fiscal”; sacándoles un poco de plata (que no los empobrecerá, por supuesto), para darle recursos frescos a las necesarias inversiones de política pública, tan urgentes como la atención integral infantil, el mejoramiento de la seguridad ciudadana, la inspección de trabajo y las inversiones que no pueden esperar en la cuestión penitenciaria (no sólo es abrir más espacios para encerrar a más gente. Es más que eso).
En consecuencia, pareciera que la señora Presidenta está optando por su propia desacreditación en cuanto a sus ofrecimientos de campaña. Pero, ¿es que podríamos esperar algo distinto de parte de lo mismo?…
