La Superintendencia de Telecomunicaciones se asesora con bufete que representa la firma interesada en concesión de bandas.
El mismo bufete que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) contrató para llevar a cabo el proceso de licitación de las bandas de telefonía celular: BLP Abogados, representa legalmente a la compañía Digicel, una de las interesadas en obtener una concesión del espectro radioeléctrico costarricense.
Debido al conflicto de interés que se genera con esta relación entre la SUTEL y el despacho de abogados BLP, algunos diputados –como José Merino y Sergio Alfaro- presentarían esta semana una denuncia ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República, con el fin de anular el cartel.
La acusación estaría dirigida contra la SUTEL, por supuestas violaciones a varias normativas, entre ellas la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y la Ley general de la administración pública.
De acuerdo con el presidente del consejo directivo de la SUTEL, George Miley Rojas, ese organismo contrató a la empresa estadounidense Telecommunications Management Group Inc. (TMG) y al bufete BLP Abogados, para la preparación del concurso público “Concesión de frecuencias para la operación y explotación de servicios de telecomunicaciones-telefonía móvil”.
La convocatoria oficial para sacar a licitación varias bandas del espectro radioeléctrico para telefonía celular, arrancó el pasado 18 de enero, y forma parte del proceso de apertura al sector privado de las telecomunicaciones del país, exigido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El proceso de apertura de las telecomunicaciones ha enfrentado la oposición de diversos sectores del país e incluso el Poder Ejecutivo debió ejercer una fuerte presión sobre las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para que devolviera las bandas de telefonía en sus manos y así sacar a concurso público dichas frecuencias.
Dicha devolución a cambio de $7 millones, se hizo a partir de un acuerdo del Consejo Directivo del ICE, el cual ha sido calificado como ilegal por especialistas en derecho (véase “Afirman que devolución de bandas para celulares sería ilegal”, en UNIVERSIDAD del 13 de enero), al estimar que esas frecuencias las recibió el ICE por medio de una ley, y por eso para quitárselas se debió hacer por esa vía y no a través de un simple acto administrativo.
El malestar por ese acuerdo motivó al exdirectivo del ICE –Elías José Lizano Jarquín-, a presentar el pasado 11 de enero, una acción de inconstitucionalidad contra lo acordado en la sesión 5758 del 25 de setiembre del 2006, cuando se autorizó el contenido de la actual Ley general de telecomunicaciones (véase recuadro “Medidas perjudican al ICE”.)
De igual manera, Lizano Jarquín impugnó el decreto ejecutivo 35646 de los ministerios de la Presidencia, y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), mediante el cual se instruye a la SUTEL a iniciar el proceso de licitación que trasladaría las bandas telefónicas a empresas privadas mediante concesión.
PROCESO DE LICITACIÓN
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, para impulsar la modernización de este sector firmaron un convenio de cooperación con el Banco Mundial, en el cual se utiliza una donación por $639.300 del gobierno de Japón.
En este contexto, a la empresa Telecommunications Management Group Inc. con la asesoría de BLP se le encargó desarrollar el proceso de licitación del espectro radioeléctrico. A TGM se le contrató por su experiencia en telecomunicaciones e información tecnológica, mientras que al mencionado bufete por sus conocimientos en contratación administrativa.
Para el presidente de la SUTEL, George Miley, las firmas contratadas obtuvieron en el proceso de selección las notas más altas,_ “dada su experiencia en procesos similares y conocimiento regulatorio”_. Fueron invitadas a concursar seis empresas, de las cuales solo tres presentaron ofertas.
Miley explicó que la adjudicación de las tres bandas es responsabilidad del Poder Ejecutivo, basada en la recomendación previa del consejo directivo de la SUTEL, debidamente asesorado en lo técnico y legal.
Interrogado acerca de cuál será el monto base que se cobrará por las frecuencias, dijo que eso está por definirse, al igual que las potenciales concesionarias, de las cuales hay cinco que ya han manifestado interés: América Móvil, Cable & Wireless, Digicel, Millicom y Telefónica.
El especialista en telecomunicaciones Gerardo Fumero, asegura que en el mercado internacional cada megahercio de las frecuencias se puede cotizar en $1 millón.
Desde su aparición en el mercado en el 2001, Digicel asegura en su página en Internet (www.digicelgroup.com) que “se ha convertido en el operador de telecomunicaciones móviles de más rápido crecimiento en el Caribe y ha ingresado recientemente al mercado de la telefonía móvil de América Central”.
Al 31 de marzo del 2009, Digicel reportaba 8.2 millones de suscriptores en 26 mercados del Caribe y América Central, e inversiones por más de $3.400 millones. En Costa Rica es patrocinador de la selección mayor de fútbol.
Recientemente la encargada de relaciones públicas de Digicel, Antonia Graham, manifestó públicamente el interés de obtener una concesión del espectro radioeléctrico costarricense, y los representantes de esta transnacional estuvieron presentes en la audiencia pública que realizó la SUTEL el 18 de enero, para dar a conocer la metodología de la licitación y su cronograma tentativo.
La subasta de las frecuencias será de tipo híbrida; es decir, en una oferta técnica se evaluarán los criterios de elegibilidad, y en la oferta económica resultará ganadora la propuesta con el precio más alto.
CONTRATACIÓN CUESTIONADA
En relación con la contratación de BLP Abogados por parte de la SUTEL, cabe indicar que en su página de Internet, aparece Digicel en su portafolio de clientes, entre los cuales también están Scotiabank, Lehman Brothers, J.P. Morgan, Dole, BID, Merrill Lynch, General Electric, y otros.
Para el diputado del Frente Amplio, José Merino, es cuestionable que un bufete como BLP, que participó en la preparación del cartel licitatorio, al mismo tiempo sea asesor de una de las empresas interesadas en participar en la adjudicación de frecuencias.
“A mi juicio, esto afecta de manera gravísima la transparencia del proceso licitatorio y por eso se está denunciando la situación, para que se aclare todo y se suspenda el proceso, hasta tanto la SUTEL no le garantice al país que es honesto y transparente, y que no se haya filtrado ya información sobre este cartel, para favorecer a determinados intereses”, detalló el legislador.
Además criticó la prisa del mandatario Óscar Arias, por dar concesiones privadas para telefonía celular antes de que termine su gobierno el 8 de mayo próximo.
“Se le está metiendo el acelerador a un tema donde están en juego miles de millones de colones y al ICE –a mi juicio de manera ilegal- lo obligaron a entregar por una suma ridícula, $7 millones, a entregar prácticamente el 50% del espectro radioeléctrico”, agregó.
Cabe indicar que según el cronograma diseñado por la SUTEL para otorgar las concesiones, la firma de la adjudicación por parte del Poder Ejecutivo está prevista para el 5 de mayo, tres días antes de que finalice el gobierno de Arias.
Merino cree que_ “podemos estar a las puertas de uno de los mayores escándalos financieros en Costa Rica. Se sabe que hay empresas transnacionales que están combatiendo fieramente, para ver quién obtiene estas frecuencias”_. Por eso, no descarta llevar la denuncia incluso al Ministerio Público.
La denuncia ante la Procuraduría de la Ética y la Contraloría General, enfatiza en la posible violación de la Ley general de la administración pública y de la Ley contra el enriquecimiento ilícito (No.8422), que en su artículo 3 impone a todo funcionario público el deber de probidad y demostrar que “las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña” (…).
Vale mencionar que esta última ley en su artículo 2, deja claro que sus alcances_ “serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas”_ (…), como es el caso de BLP Abogados, que brindan asesoría a la SUTEL.
Por otro lado, la Contraloría General de la República ha dicho que puede generarse conflicto de intereses, cuando alguien con acceso a la función pública puede hacer un uso privilegiado de información reservada, lo cual llevaría a la nulidad de un proceso.
Al Presidente de la SUTEL se le envió el 25 de enero un correo electrónico con tres preguntas, por medio de la periodista Carolina Mora. Sin embargo, al cierre de esta edición no había respondido.
Las preguntas para Miley Rojas eran: “La contratación por parte de la SUTEL del bufete BLP, para la confección del cartel de licitación de frecuencias para telefonía celular, ¿representaría algún conflicto de intereses, al tener esta firma entre sus clientes a la empresa Digicel, interesada en participar en el mercado de las telecomunicaciones costarricense? ¿Cree que este eventual conflicto de intereses podría implicar la anulación del proceso licitatorio de dichas frecuencias? ¿Participará el bufete BLP en la apertura y análisis de las ofertas que harán las empresas interesadas en estas concesiones, así como en la escogencia y recomendación de las potenciales operadoras telefónicas?”
La denuncia del diputado Merino plantea la suspensión inmediata del proceso licitatorio, incluida la apertura del cartel prevista para el 5 de febrero, hasta que no se aclaren los hechos cuestionados.
Exdirectivo: Medidas perjudican al ICE
Al presentar el 11 de enero una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que abre el proceso de licitación de frecuencias de telefonía y contra el acuerdo que autorizó el contenido de Ley general de telecomunicaciones, el exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –Elías José Lizano Jarquín-, argumentó que estas medidas perjudican a la entidad.
Para Lizano Jarquín, el decreto 35646 del Poder Ejecutivo para iniciar el proceso licitatorio de las bandas de telefonía “en un porcentaje altamente sustancial y mayoritario”, es perjudicial para el ICE y “despoja a toda la ciudadanía de un patrimonio que por naturaleza es un derecho difuso”.
En alegato, el exdirectivo cuestiona el respaldo que le dio el Consejo Directivo del ICE al plan gubernamental de entregar las frecuencias para sacarlas a concurso público.
A su parecer, el cuerpo directivo_ “tomó el acuerdo de apoyar todos los extremos y derivaciones de la apertura en telecomunicaciones, sin hacer un análisis pormenorizado cuantitativo y cualitativo del proyecto, sin poseer un plan de negocios creíble, y menos localizar financieramente la tasa interna de retorno o tasa efectiva que le convenía al país defender”._
Sustentado en un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (OJ-076-2009), Lizano aduce que las bandas telefónicas que tenía el ICE solo podía serles enajenadas por medio de una ley, pues así le fueron otorgadas.
Respecto del otro aspecto que reclama como inconstitucional, recordó que “la Junta Directiva del ICE, en su sesión 5758 de 25 de setiembre del 2006, aprobó por acuerdo firme, el trámite de la Ley General de Telecomunicaciones, sin tener a la mano ningún estudio técnico, financiero, económico, legal, y de conveniencia corporativa como manifestamos antes, que alertara sobre todas las inconveniencias de una apertura y/o privatización del mercado de las telecomunicaciones, y que presuntamente sólo se hizo con el ánimo de cumplir con las exigencias políticas-empresarias-globales”.
Fuente: Semanario Universidad
Escrito por EDUARDO RAMÍREZ FLORES
