Por: Ing. Gerardo Fumero Paniagua *
Antecedentes
A finales del 2002, el ex Presidente Dr. Abel Pacheco anunció la negociación de un Tratado de Libre de Comercio con EEUU y Centro América. El Ministro de Comercio Exterior, (COMEX), Dr. Alberto Trejos, contrata a la Lic. Anabelle González (ligada a instancias de colaboración con los exportadores) y al Lic. Roberto Echandi, mediante procedimientos que más tarde la Contraloría General de la República cuestionaría por irregulares. A cada uno se le paga en promedio $8.500 al mes y al resto del personal del Ministerio se le aumentó el salario hasta en un 40.97%, según informe de la propia Auditoria Interna.
Trejos, González y el Lic. Marco Vinicio Ruiz, (representante de las Cámaras Empresariales del país), se convierten en los protagonistas de uno de los temas más polémicos en la historia del país. Bajo el mayor hermetismo, gracias a criterios de confidencialidad, auto impuestos por nuestros propios representantes, se negocia de todo, excepto telecomunicaciones y seguros.
Ultimas Presiones
El 1º de octubre del 2003, el representante de los EEUU en tales negociaciones, el Sr. Robert Zoellick, visita nuestra Casa Presidencial. El día siguiente, nuestro Gobierno, rompiendo su propio juramento de que estos servicios públicos no serían incluidos en el Tratado y traicionando la voluntad popular, manifestada de la forma más visible en la lucha cívica nacional que culminó en abril del 2000, en la que el pueblo protestó en las calles hasta que la Asamblea Legislativa desechó el recién aprobado proyecto de apertura de los servicios públicos de energía y telecomunicaciones, (lucha contra el “COMBO”), declara que se negociarían también las telecomunicaciones y los seguros, prestadas durante más de medio siglo y hasta el día de hoy, por el Instituto Costarricense de Electricidad, (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros, (INS), ambas instituciones del Estado. Semanas después se anuncia que Costa Rica se retira de las negociaciones, mientras el resto de países las concluyen en diciembre del 2003. Concluido el “show” del retiro, que pretendía reivindicar la ya lastimada legitimidad de los negociadores al haber aceptado las nuevas imposiciones de Zoellick, Trejos retoma el proceso y poco después firma también.
Denuncias posteriores
Las denuncias y los hechos que se sucedieron, confirman las sospechas de los sectores sociales, de que los negociadores no defendían intereses nacionales, sino de grupos de poder. Por ejemplo:
a) Poco después de firmado el Tratado, se empiezan a retirar del Ministerio los funcionarios responsables, no sin antes gastar en su negociación casi 3 millones de dólares del presupuesto ministerial. Con la salida de la Vice Ministra, Lic. Amparo Pacheco, el 1º de agosto del 2005, prácticamente todos los funcionarios de alto nivel que negociaron el Tratado, habían dejado el Ministerio.
b) Entre las razones de sus retiros, se denuncia que se extralimitaron en las atribuciones que les confirió el Poder Ejecutivo, específicamente en lo que correspondía negociar en Telecomunicaciones. Así lo manifestó el Lic. Ricardo Toledo, para entonces Ministro de la Presidencia y luego Diputado, en la propia Asamblea Legislativa.
c) No se le dio cabida en las negociaciones, a los criterios de los sectores sociales del país, tampoco a las Instituciones, como el ICE o el INS. Este último caso es vergonzoso y revelador de la pluralidad con que el equipo negociador tomó en cuenta a los que defendían los intereses de la patria, pues se burlaron de su propio Presidente Ejecutivo, Lic. Germán Serrano Pinto, que habiendo acompañado al equipo negociador a las discusiones en Washington, aquel negoció de noche y a sus espaldas, ante lo cual, mancillada su dignidad, se vio obligado a renunciar a su cargo, como lo explica el mismo Serrano en su Libro sobre Seguros y el Tratado.
d) Algunos de los gastos de los funcionarios del Ministerio fueron pagados por la Fundación Costa Rica-EEUU, (CR-USA), financiada con donaciones del gobierno de los Estados Unidos, nuestra contraparte en el Tratado. Solo en el presupuesto del 2003, dicha Fundación donó casi un millón de dólares, para “apoyo logístico al Ministerio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Costa Rica y los Estados Unidos”.
e) Hoy los ex funcionarios del Ministerio y empresarios que negociaron el Tratado, se aglutinan alrededor del “Grupo Por Costa Rica”, que solo entre abril y julio del 2005 gastó casi 400 mil dólares en campañas en Prensa, Radio y TV, para convencer a los costarricenses de los beneficios del Tratado, con la seguridad de que es un buen negocio invertir hoy en lo que ellos negociaron ayer, para recoger los frutos mañana.
Cambio de gobierno, pero no de dirección
El Dr. Oscar Arias Sánchez, presidente constitucional de 1982-1986, fue re-electo Presidente de Costa Rica en febrero pasado, gracias a una interpretación del Tribunal Constitucional, que por segunda vez analizó la prohibición sobre la reelección y finalmente consideró, a pesar del Artículo No. 132 de la Constitución Política, que podía ser candidato de nuevo. Ganó por un margen del 0.7% de los votos emitidos. El Dr. Arias recién nombró como Ministerio de Comercio Exterior al Lic. Marco Vinicio Ruiz, cuya consigna es la aprobación del Tratado en los próximos 6 meses.
Costa Rica es el único país que todavía no ha aprobado el CAFTA y todos los sectores sociales y la mitad de la población está en contra, además de que no cuenta todavía con lo votos en el Poder Legislativo para su aprobación, por lo que es de esperar que nuestro Premio Nóbel de la Paz, hoy sentado en la silla presidencial, tendrá que poner en riesgo la paz del país para intentar su aprobación.
Campaña mediática
El pueblo ha sido apabullado con una de las más millonarias campañas mediáticas en la historia reciente, a pesar de lo cual el desconocimiento de los temas de fondo del Tratado es altísimo, pues la propaganda es superficial, falaz y mentirosa, al extremo de amedrentar con argumentos como que:
a) La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), vence en el 2007, (cuando en realidad es una Ley sin plazo, aprobada por el Congreso de los EEUU).
b) Se crearían más de medio millón de empleos. En realidad no llegarían a 65.000, sin contar con los miles que desplazaría de los campos, el agro, la micro y pequeña empresa, etc.
c) Que la apertura de los servicios públicos producirá competencia y ésta bajará los precios, cuando en toda Latino América lo único cierto es que han aumentado hasta en un 500% cuando se privatizaron, en relación con los nuestros.
d) La apertura de los servicios de telecomunicaciones solo sería en servicios de valor agregado, cuando en realidad representan más del 72% de los ingresos del Sector.
Conclusión
Por la falta de transparencia, la manipulación y la ilegitimidad de los intereses que en él se defendieron, no es aceptable el CAFTA en los términos en que fue negociado. Su contenido equivale a una nueva Constitución Política negociada por un puñado de funcionarios sin ninguna representación popular e impuesta por instancias extranjeras, por lo que su aprobación sería una traición a los más sagrados principios democráticos de este pueblo.
* Ingeniero en Telecomunicaciones. Coautor y utor de vrios libros sobre esa temática.
- (especial para ARGENPRESS.info)
(Fecha publicación:24/05/2006)
