Jeymer Gamboa / Vinicio Chacón
Redactores Semanario Universidad
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Si el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) entrara en vigencia a partir de hoy, el país no tendría “una verdadera fuente de recursos disponible para financiar las acciones que el aparato estatal necesita ejecutar”, advirtió la Contraloría General de la República a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, que le pidió la opinión a esta instancia.
Así de claro queda plasmado en un informe de la División de Asesoría y Gestión Jurídica del ente contralor, el cual agrega que “es factible prever, que el faltante de recursos que se acusa, conduzca a la necesidad de un mayor endeudamiento público, de una nueva y adicional reforma fiscal, y probablemente de una reforma del Estado, todo de alguna manera promovido por el Tratado de mérito”
El documento, identificable con el número DAGJ-1023-2006, está dirigido a la presidenta de dicha comisión legislativa Janina Del Vecchio, con fecha del 21 de junio pasado.
A pesar de que el criterio de la Contraloría tiene siete semanas de estar en el despacho de Del Vecchio, este texto no ha sido divulgado a los otros diputados de la comisión, quienes manifestaron a UNIVERSIDAD desconocerlo totalmente (ver nota “Preocupa endeudamiento por TLC” ).
La historia se repite, al menos con aquellos informes que expresan críticas o preocupaciones sobre el impacto del TLC en el país, puesto que el documento sobre la obligatoriedad de consultar este acuerdo comercial con los pueblos indígenas (ver UNIVERSIDAD No.1674 del 13 de julio), también lo desconocían los legisladores integrantes de esta comisión.
POSIBLES DEMANDAS
Y ¿cuáles son esas_ “acciones que el aparato estatal necesita ejecutar”_ de cara al TLC?. El texto señala que de acuerdo con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial “existen responsabilidades, cuyo cumplimiento constituye una obligación ineludible para el Estado costarricense”, pues de lo contrario se expondría al país a la “activación eventual de demandas y a soportar importantes multas por incumplimientos, compromisos que conforman lo que se ha denominado la Agenda de Implementación”.
El documento añade que el carácter vinculante de la agenda obliga al país a darle prioridad, “toda vez que su cumplimiento encierra retos relevantes en términos de la dificultad política, la complejidad técnica y el costo económico de los requerimientos y exigencias que plantean sus componentes”.
Estos retos tienen que ver con los temas de telecomunicaciones, seguros, la contratación pública y la materia aduanera.
El criterio de la Contraloría expresa preocupación por el tema de propiedad intelectual por “los requerimientos que se plantean para la aplicación del Tratado en esta materia, esencialmente en lo que toca a la promulgación de legislación y ratificación de convenios internacionales, así como el fortalecimiento de instituciones como el Registro Público y el Ministerio de Justicia”.
En ese sentido, el informe adiciona a las instituciones que deben ser fortalecidas como son los ministerios de Trabajo, Ambiente y Energía, Justicia, Comercio Exterior, Economía y Comercio, Agricultura y Hacienda.
Ello a juicio del ente contralor “constituye un extremo de vital relevancia pues…este Tratado requiere de una particular atención, toda vez que involucra prácticamente al 50% del comercio exterior del país”.
Sobre la llamada Agenda Complementaria, apunta la Contraloría que busca los objetivos de “maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos que podría generar el Tratado” .
Este requisito se compone de un grupo de acciones que el Estado deberá desplegar, con el propósito “de que el país logre ofrecer a los inversionistas nacionales y extranjeros, la logística necesaria que les permita generar mayor producción, y ofrecerla en el mercado de destino en condiciones competitivas”.
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Diputados desconocen informe de Contraloría
Preocupa endeudamiento por TLC
Vinicio Chacón / Jeymer Gamboa
Redactores Semanario Universidad
Los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales desconocen el informe de la Contraloría General de la República sobre el TLC, pese a que fue enviado hace siete semanas.
El informe que envió la Contraloría General de la República desde el 21 de junio a la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, Janina Del Vecchio es desconocido por los miembros de dicha comisión.
A pesar de esto, diputados de diferentes fracciones al ser consultados sobre el documento en poder de UNIVERSIDAD, emitieron criterio sobre las consideraciones que señala el ente contralor, específicamente sobre el endeudamiento público que significaría la puesta en marcha de todas la reformas que conlleva el TLC.
La Jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María de los Ángeles Antillón, indicó que en la sesión de extraordinarias se convocará el tema de un empréstito para la educación, otro para impulsar la competitividad de la mediana y pequeña empresa y otro para modernizar la hacienda pública.
La legisladora agregó que se “no se trata de un instrumento únicamente para obtener oportunidades para el TLC, sino para poder definir metas de desarrollo que sólo pueden ser vistas con más recursos para el Estado, de ahí la insistencia en la reforma fiscal”.
Para el diputado de Acción Ciudadana (PAC), Francisco Molina es preocupante entrar a un tratado que involucra a tantas instituciones: “hay temas laborales, ambientales, de aduana y propiedad intelectual en los que el país ha mostrado incapacidad institucional, con otros tratados como el de Canadá”.
Molina, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Internacionales, apuntó que el TLC “no viene acompañado de recursos que ayuden en su implementación, por lo que nos deja en una desigualdad de trato”.
Sobre el incumplimiento de algunos plazos, comentó que “no sé si vamos a ser sujetos de algún tipo de sanción, esperemos que el TLC no se apruebe y que no sea necesario cumplir con estas fechas”, concluyó.
Por su parte, la jefa de fracción del Libertario (ML), Evita Arguedas se manifestó preocupada por el tema del endeudamiento que significarían los proyectos enviados a extraordinarias por el Ejecutivo con el fin de cumplir con la Agenda de Implementación, “sabemos que mayor endeudamiento significa mayor desequilibrio fiscal, nosotros estamos en contra de endeudar más al país”.
La jefa de fracción socialcristiana e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales Lorena Vásquez, reconoció desconocer el documento, mas manifestó que “son los mismos argumentos que cuando se aprobaron las garantías sociales, que Costa Rica no tenía recursos y que habrían despidos masivos; hay que entender que a veces no llega el dinero primero, pero hay que tener buena voluntad”.
Vásquez informó que “hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos expliqué cuál es la política de endeudamiento de este gobierno, debe haber un plan progresivo”.
Mientras tanto, José Merino, representante del partido Frente Amplio quien analizó el texto, consideró en primer lugar que “es bochornoso que el criterio de la Contraloría en cuanto a telecomunicaciones y seguros reproduce los argumentos del COMEX; es una vergüenza que haga citas textuales de los mismos exnegociadores, como Roberto Echandi o Anabel González”.
El parlamentario sí encontró criticidad en lo referido al tema fiscal. “La Agenda Complementaria implicará un paquete fiscal muy agresivo, que no sólo deberá rellenar el hueco que dejen las desgravaciones del TLC, sino que busque nuevos recursos”.
Merino también destacó el hecho de que el informe destaque las carencias del acuerdo comercial firmado en materia de cooperación internacional, lo cual incidirá en las acciones que el aparato estatal debe emprender para buscar recursos.
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Unidad de Formación, Información y Comunicación, UFIC-ANEP
