Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.
La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.
La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.
Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.
El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.
Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.
Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.
Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.
La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.
San José, 4 de marzo del 2003.
