Los pueblos originarios denuncian que los decretos legislativos fueron aprobados por exigencia de Estados Unidos en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
La comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó un informe que declara inconstitucional el decreto que establece la nueva ley forestal.
Pero se trata de sólo una de las nueve regulaciones establecidas por el Congreso, que son cuestionadas por los pueblos originarios.
El Congreso de Perú debate el Decreto Legislativo 1090
La nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre, aprobada durante las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, será debatida nuevamente en el Pleno del Congreso Nacional de Perú.
La normativa 1090, declarada inconstitucional en la Comisión que realizó su análisis, es una de las medidas que integra el paquete de decretos considerados lesivos por los pueblos originarios de la amazonía peruana.
Tal como anunció la Junta de Portavoces del Parlamento, los legisladores volverán a analizar la medida y podrían decidir suspenderla por 90 días o derogarla.
Según informa la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, la propuesta de suspensión es respaldada por las bancadas del Apra, Unidad Nacional y el Grupo Parlamentario Fujimorista. Además, cuenta con el apoyo del Premier Yehude Simon.
En cambio, la propuesta de derogatoria del decreto 1090 es sustentada por la bancada nacionalista y el Bloque Popular.
Tanto la nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre como el resto de los decretos del paquete, violan el Convenio 169 de la OIT ya que no fueron consultados previamente con las comunidades indígenas.
Asesinan ciudadanos indígenas por protestar
Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno de Alan García, dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 55 indígenas de la Amazonía, 225 heridos y más de 105 detenidos, sin contar con los aproximadamente 20 desaparecidos.
Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.
Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 1.300 comunidades y 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes.
