La pretensión del Gobierno de los Estados Unidos para que Costa Rica, en el marco del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), entregue su mercado de telecomunicaciones, representa, sencillamente, una provocación de consecuencias insospechadas para una ciudadanía como la costarricense; la cual, abrumadoramente, se ha expresado contra la privatización de empresas públicas, en todas sus formas, incluidas las famosas “aperturas”.
Precisamente, hace tres años, en los meses de marzo y abril del 2000, Costa Rica, a lo largo y a lo ancho del país, en una especie de referéndum callejero, anunció al mundo su rechazo tajante a la propuesta neoliberal para la entrega, venta y privatización del mayor patrimonio público que poseemos como nación: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
A pesar del discurso oficialista de que el tema de las telecomunicaciones no es negociable en el marco del TLC de la América Central con los Estados Unidos, desconfiamos de la palabra del Gobierno de la República al respecto; y, desde ya, estamos preparados para enfrentar esta nueva ofensiva privatizadora que pretende, vía el mal llamado “libre” comercio, quedarse con las empresas públicas más rentables de los costarricenses, como lo es el ICE.
A los sectores sociales costarricenses, en sus distintas manifestaciones organizativas, no nos toma por sorpresa las pretensiones de los estadounidenses y sus socios nacionales. Anunciamos desde ya gigantescas jornadas de lucha cívica, superiores a las del combo ICE, para impedir que al patrimonio nacional sea entregado de tan vil forma, escudándose en un TLC altamente perjudicial para los intereses nacionales. El barril de pólvora está listo para explotar.
San José, 1 de abril del 2003.
