Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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Por supuesto que la base de ese fracaso ha sido el imponente ejercicio ciudadano del Derecho de Rebelión, vía el Referéndum de la Calle, en irrefrenable desarrollo, como lo demostró la gigantesca manifestación cívica del pasado 26 de febrero.
En este marco de condiciones, es que se abre espacio la oportuna intervención del grupo de costarricenses, encabezado por el Lic. José Miguel Corrales, demandando la realización de un referéndum por el mecanismo de iniciativa ciudadana, según la ley al respecto sin estrenar todavía en el país. Con el referéndum, según sus gestores, se busca evitar una confrontación social de proporciones impensadas, como ya se veía venir. Se emite así, la resolución histórica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizando la recolección de firmas que, en un mínimo del 5 % del padrón electoral, deben reunirse para legitimar la consulta popular por dicha vía. El “fácil” y “ágil” beneplácito de la oligarquía neoliberal a esta resolución, nos obliga a pensar, con profundidad, qué es lo que traman ahora.
Sin embargo, veamos lo siguiente. El Presidente Arias aparece ahora pretendiendo_ “robarse el mandado”_, como dice nuestro pueblo. Menos de veinticuatro horas después de la resolución del TSE, anunció que convocará el referéndum por otra vía, al emitir un decreto que deberá aprobarse en la Asamblea Legislativa por 29 votos. Si bien es cierto, está actuando conforme a esa misma ley del referéndum, no está en lo correcto pues lo que se pretende es ejecutar una burda maniobra política que desnaturalice este proceso de enorme significado democrático.
Se busca así impedir que los sectores sociales, cívicos y de real patriotismo, realicen plenamente el proceso recolector de firmas, a convertirse en una gigantesca operación de esclarecimiento, de alfabetización política sobre el TLC, de elevación de la calidad organizativa y de afinamiento de la movilización para derrotar al neoliberalismo corrupto y excluyente en las urnas, verdadero significado de lo que se estaría decidiendo en ese referéndum.
Los hermanos Arias y la oligarquía neoliberal que los tutela, la de los “quita y pone presidentes”, jamás creyeron en la consulta popular para resolver la controversia del TLC; siempre dijeron que el referéndum se produjo el día de las elecciones presidenciales, jactándose luego de haber logrado los 38 votos necesarios para su aprobación en el parlamento.
Es por eso que no podemos dejar de pensar en que la convocatoria del Presidente Arias, buscando “robarse el show” de convocatoria al referéndum (para efectos de “reconocimiento” internacional); lo que persigue, realmente, es la implementación de una maniobra política para tratar de quitarle la trascendente esencia democrática que tiene el referéndum; pretendiendo de esa manera, una participación disminuida, apresurada y hasta comprada, dado que es muy probable que las necesidades de la pobreza se ofrezcan atender a cambio del voto favorable al TLC.
De nuestra parte, ya habíamos planteado en diferentes foros y por otros medios que el asunto del TLC, dada su gravedad, su perversidad y su impacto negativo a perpetuidad, no podía resolverse en el estrecho marco de la Asamblea Legislativa; sino que era algo que nos competía directamente a todos cuantos tuvimos la bendición de Dios de nacer en esta bella patria. Nuestro artículo del 7 de noviembre de 2006, en esta misma columna, planteó el asunto, cuando hablamos de “TLC: Una decisión de todo el pueblo”. La semana próxima ampliaremos sobre este particular.