Krissia Morris Gray
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Los empleados de la Junta de Protección Social de San José (JPSSJ) irían a huelga indefinida a partir del 17 de diciembre si antes de esa fecha la Procuraduría General de la República (PGR) no les resuelve una consulta efectuada sobre el pago de la deuda que tiene la institución con ellos, por el concepto de la aplicación de un estudio de actualización para la equiparación de puestos que fue aprobado desde el año 2000.
De concretarse la medida, esta se llevaría a cabo un día después del sorteo del Gordo Navideño, por lo que los ganadores se verían afectados en el cambio de los premios. Lo mismo ocurriría con la salida del producto para los sorteos de consolación.
Cabe recordar que semanas atrás los trabajadores de la JPS realizaron un paro de dos horas en que exigían el pago de los ¢3.200 millones que se les adeuda. La Junta Directiva tiene la disposición para hacer la cancelación respectiva, pero la instancia está a la espera de la respuesta de los abogados del Estado.
Ronald Barrantes Moya, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informó que se acordó para el próximo 12 de noviembre realizar un paro de cuatro horas, de 8.30 a.m. a 12.30 p.m.
Además de ello, los trabajadores insistirán con la presentación de recursos ante sede judicial para solicitar el pago y la correspondiente actualización del cargo que desempeñan.
Detalló que el estudio de equiparación contó con el beneplácito de la Junta Directiva de la JPS del momento y que estaba siendo de conocimiento de la Autoridad Presupuestaria (AP), pero no avanzó más debido a que la PGR había señalado que el estudio se había realizado basado en una convención colectiva que no estaba vigente, por lo que la Junta se abstuvo de entregar el resto de la documentación faltante.
“Estas medidas de presión se tomarán si la PGR no emite una respuesta satisfactoria, no descartamos acudir, si es necesario, al Consejo de Gobierno”, reafirmó Barrantes.
El 20 de octubre pasado, el sindicato estuvo reunido con autoridades de la AP, del Ministerio de Hacienda, jerarcas de la JPS y con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para encontrar una salida, pues los empleados piden que se reconozca el estudio realizado a petición de la Junta desde 1998.
“Aceptamos la propuesta de los representantes de la AP, que solicitaron a las autoridades de la JPS presentar toda la documentación para analizar el estudio realizado. En caso de aprobarse la equiparación, no sería retroactivo a 2000, sino que aplicaría desde el momento de la aprobación”, explicó Barrantes, quien añadió que desistirán de las medidas de presión si la PGR resuelve a favor de los trabajadores.
Fuente: La Prensa Libre
