El daño causado por la diputada Mauren Ballestero a la confianza ciudadana en la transparencia electoral, solamente podrá ser restaurado en parte, si el Tribunal Supremo de Elecciones le cancela la credencial de legisladora de la República, ante la contundente evidencia (incluso por confesión de ella misma), de que hubo violación del nuevo Código Electoral que, paradójicamente, se tramitó en la presente Asamblea Legislativa en una comisión presidida por ella misma. Lo correcto debería ser que ella misma renunciase a su cargo diputadil pero sabemos que no lo hará, de ahí la necesaria contundencia que se requiere por parte del TSE.
Una gigantesca bofetada a la institucionalidad republicana representa la repudiable excusa del olvido del pasaporte, como justificación del uso de un bien público (la avioneta) al servicio de la seguridad ciudadana que es equipo fundamental de trabajo de la Fuerza Pública.
No menos indignante y vergonzoso es que la citada legisladora argumente que su participación en la asamblea cantonal del partido oficialista, se presente como una “visita de cortesía”, con el “valor agregado” del depósito de su voto para las candidaturas municipales del Partido Liberación Nacional (PLN) a la municipalidad liberiana, “porque así se lo pidieron”.
“A confesión de parte, relevo de prueba”. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la ineludible obligación legal, moral y ética de salir en defensa férrea de la nueva legislación electoral, sentando un drástico precedente y quitar un poco de mancha al deterioro de la confianza de mucha ciudadanía en su propia transparencia y en su pregonada imparcialidad.
A tan sólo unas horas del llamado de su Presidente, el magistrado Luis Antonio Sobrado González, convocando a la ciudadanía para las elecciones del 7 de febrero de 2010, garantizando neutralidad y pidiéndole al actual Gobierno imparcialidad sin trampas, la diputada Ballestero le asestó un duro golpe al significado de la convocatoria electoral formulada el pasado 7 de octubre.
Por otra parte, estimamos que el señor Viceministro de Seguridad Pública, don Oldemar Madrigal, necesariamente y por su presunta “ingenuidad” en acatar la orden de la diputada Ballestero para que le prestara la avioneta de la Fuerza Pública y así “recoger su pasaporte”, debe renunciar a su cargo para salvar el honor de este estratégico cuerpo policial, cuya membresía está más que estupefacta ante el actuar de uno de sus máximos jerarcas; especialmente, cuando tal solicitud fue atendida “sin preguntar nada”, lo cual es difícil de creer.
La pregunta que surge es qué hubiese sucedido si el préstamo de la avioneta (u otro tipo de equipo de propiedad pública), hubiese sido decidido por un mando medio de la Fuerza Pública ó por un policía de base.
Finalmente, la ANEP deja una explícita felicitación pública por esta vía al accionar de la Fiscalía General de la República, y a su máximo representante, don Francisco Dall’Anesse Ruiz, por su rápida intervención en este caso.
Da confianza saber que la autoridad judicial más competente en este delicado asunto, se ha involucrado en el asunto con la ley en la mano, sin que nadie se lo pudiese. La salud de la República y de su institucionalidad electoral lesionada, en este ámbito de lo penal-judicial, está bien resguardada.
San José, 14 de octubre de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
