El estudio fue remitido a la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, presidida por el socialcristiano Rolando Laclé, para que los diputados tengan en cuenta el efecto devastador del TLC, según se desprende del documento de 26 páginas.
“En este tratado se viola el ordenamiento nacional y el modelo de Estado y sociedad, de carácter social y de bienestar producto de las reformas sociales de los años 40-, por cuanto se privilegia el mercado y el modelo económico neoliberal, por encima del Estado social (justicia social, equidad, servicios públicos: educación, salud, vivienda)”, señala la UCR.
El análisis pone en duda que el TLC vaya a generar más empleo e inversiones extranjeras de gran cuantía, afirma que los sectores agrícolas serán barridos por los productos subsidiados importados desde Estados Unidos, indica que las empresa nacionales tendrán que entrar a una competencia donde imperará la ley de la selva, anuncia el fin de la seguridad social, y asegura que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) terminaría devorado por el oligopolio transnacional de las telecomunicaciones.
En riesgo lo que construyeron nuestros antepasados
“El proyecto de ley Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos, en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, la agricultura, los temas laborales, las disputas judiciales, las políticas públicas y el papel del Estado”, afirma el Consejo Universitario.
El tratado “contiene transformaciones radicales y profundas en la estructura y el funcionamiento del Estado costarricense, al limitar y redefinir el ejercicio de sus potestades esenciales. Estas transformaciones se traducen en pérdida de soberanía, pérdida de autonomía para establecer sus propias políticas de desarrollo, así como pérdida de la capacidad regulatoria del Estado para ordenar, conforme al interés nacional, el desempeño de actividades productivas en su territorio. En particular, se golpea la autonomía del Parlamento costarricense para dictar las propias leyes nacionales”
El Consejo Universitario señala que el TLC “puede afectar considerablemente y en forma irreversible el modelo de desarrollo solidario que hemos heredado de quienes nos antecedieron”.
Solo favorece a las transnacionales
La UCR es tajante cuando indica que “en toda la redacción del proyecto de ley se favorece, de manera sistemática, el funcionamiento libre de las empresas transnacionales en todas sus formas: capital financiero, industrias de comunicaciones, derechos de patente, etc”.
“La concepción general del Tratado es la de la paridad de condiciones y oportunidades del comercio entre los países firmantes, mientras la realidad presenta enormes asimetrías en tales condiciones y oportunidades que convierten las negociaciones comerciales en relaciones desiguales, en las que los resultados tienden inevitablemente a favorecer los intereses de la parte económicamente más poderosa en detrimento de los intereses de las partes más débiles”.
“El Congreso de los Estados Unidos en el proceso de aprobación (sección 102 de la HR 3045), deja claro que este convenio está por debajo de las leyes federales, estatales y locales, razón por la cual se da una asimetría jurídica, ya que Costa Rica aprueba un tratado que esta por debajo de la Constitución Política y por encima del resto del ordenamiento jurídico. Por su parte Estados Unidos lo que aprueba es un acuerdo agreement subordinado a todo su ordenamiento jurídico (esta ley se puede consultar en el sitio de internet oficial del Congreso de ese país)”, agrega.
“El hecho de que el DR-CAFTA obligue a ratificar una serie de convenios internacionales, algunos rechazados por la Asamblea Legislativa es una acción muy agresiva para el país”.
Y luego señala el documento de la UCR que “en este tratado se viola el ordenamiento nacional y el modelo de Estado y sociedad, de carácter social y de bienestar (Estado social: producto de las reformas sociales de 1943 y 1949), por cuanto se privilegia el mercado y el modelo económico neoliberal (a partir de los años ochenta, como efecto de la crisis de la deuda externa) por encima del Estado Social (justicia social, equidad, servicios públicos: educación, salud, vivienda)”.
No es solo un tratado de libre comercio
Según la UCR, el TLC va mucha más allá de un simple tratado que regula las relaciones comerciales, y abarca aspectos fundamentales para la economía del país y de la sociedad.
“A los países centroamericanos se les ha dicho que se ha negociado un “acuerdo comercial”, y además, de uno que les favorece, sobre todo por la consolidación de las preferencias comerciales otorgadas previamente por EE. UU. con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), pero el significado de comercio que se maneja es muy amplio. No abarca solamente el comercio de bienes, sino, también, áreas fundamentales de la economía y la sociedad como los servicios públicos, la propiedad intelectual, el trabajo, el medio ambiente, la forma de resolver disputas entre empresas y entre empresas y el Estado, las políticas de competencia, las inversiones y los derechos a los inversionistas, entre los más importantes. En ese sentido, el TLC debilita la democracia y con ello muchos de los derechos ya garantizados en la legislación nacional. Con estas negociaciones, más bien se fortalecen los derechos de los grupos inversores y se debilitan las capacidades de regulación interna de los gobiernos nacionales”, apunta el Consejo Universitario.
Asimismo, la UCR dice que “con este Tratado, Estados Unidos queda en una posición de clara ventaja, al haber conseguido, entre otros, la apertura de servicios, mayor protección a sus inversionistas, mayores plazos de protección para patentes y mayor protección para las marcas registradas, así como la desgravación acelerada o amplias cuotas de importación a productos agrícolas estadounidenses como la carne de cerdo, algunas frutas y hortalizas y sus derivados, maíz y sus derivados; y, a mayor plazo, arroz, carne de res y pollo”.
“Aún cuando el proyecto se denomina Tratado de Libre Comercio, se desea llamar la atención que la asimetría en muchas de sus propuestas restringe el concepto de libertad en el ejercicio de la soberanía nacional”, puntualiza el documento en su fase introductoria.
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