Esas diferentes visiones y matices son parte de una sociedad diversa, en la que sectores y grupos tienen distintos intereses y preocupaciones. Son también parte de un entorno en constante cambio caracterizado por el forcejeo de las fuerzas sociales por obtener mayores beneficios (o ser menos perjudicadas) por esas transformaciones.
Dos de los planteamientos hechos a doña Laura en los últimos días, en los cuales se evidencian contradicciones pero también complementariedades, son los de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
El pasado 24 de febrero la UCCAEP entregó a la presidenta electa el documento “Diez temas prioritarios para impulsar el desarrollo del país”, el cual, en palabras de los empresarios “busca dejar sentados, desde el punto de vista del sector privado, los temas en que se debe centrar el trabajo de las autoridades del próximo gobierno para hacer de Costa Rica una sociedad próspera y justa”.
A su vez, en la reunión que sostuvo doña Laura el 5 de marzo con la ANEP, recibió del Consejo Consultivo Nacional de la organización los “Planteamientos sindicales para la recuperación de la inclusión social y de la solidaridad para la promoción del bien común”, que detalla un conjunto de medidas elaboradas con el aporte de UNDECA, tanto de carácter nacional como sectorial.
Las propuestas de estos dos sectores, el empresarial y el laboral, evidencian énfasis muy diferentes, pero también abren oportunidades para el diálogo y la negociación.
La visión de los empresarios privilegia el crecimiento de la producción y la competitividad resaltando aspectos como la simplificación de trámites, el abastecimiento energético, la estabilidad macroeconómica y la inversión pública en infraestructura, todo lo cual propiciaría mejores condiciones para la actividad productiva y estimularía la inversión local y extranjera.
La propuesta de los sindicatos, por su parte, establece como eje fundamental la necesidad de reducir la desigualdad social, enfrentar la concentración de la riqueza y lograr una distribución más equitativa del ingreso. En función de esos objetivos acentúa la necesidad de una tutela efectiva de los derechos de los trabajadores y propone al nuevo gobierno políticas públicas relacionadas con el empleo, la seguridad social y la estructura tributaria.
Estos dos planteamientos resumen una dicotomía que en los últimos años ha sido causa de contienda en Costa Rica: por una parte, crecimiento y competitividad, por otra, solidaridad y equidad.
Imponer una política pública que solo atienda el primero de esos fines entraña concentración de la riqueza y conflictividad social, nuestra historia reciente así lo demuestra. Adoptar una política distributiva que excluya el fomento de la producción y el mejoramiento de la productividad reduce las oportunidades de desarrollo.
Legitimar espacios para buscar acuerdos que vayan armonizando estas visiones debe ser un esfuerzo prioritario, aunque reconocemos que la tarea no es fácil y se requiere un auténtico liderazgo para poder lograrlo.
