Una agenda patriótica para el bien común

Uno a uno los diversos trabajadores pertenecientes a la ocho agrupaciones integrantes del colectivo sindical latinoamericanista Patria Justa llenaron las butacas del Teatro Popular Melico Salazar, para presenciar un hecho histórico en la coyuntura socio-política del país. La firma de “Una agenda patriótica para el bien común” con los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana.

En un ambiente inmejorable los Secretario Generales de las agrupaciones integrantes de Patria Justa, los diputados Gerardo Vargas Varela Jefe de fracción del Partido Frente Amplio; Patricia Mora Castellanos, Presidenta del Partido Frente Amplio; así como Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana y Margarita Bolaños Arquín, Presidente del PAC, estamparon su firma en un acuerdo que busca la aprobación de leyes contra el Fraude Fiscal, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, que se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país y la defensa del empleo público.

Compartimos el acuerdo firmado entre Patria Justa, PAC y FA.

*UNA AGENDA PATRIÓTICA PARA EL BIEN COMÚN *

Considerando que:
1- Luego de un largo proceso de acción cívica ciudadana para detener la profundización del modelo de desarrollo neoliberal y sus nefastas consecuencias, se generaron en Costa Rica las condiciones para que en las elecciones de febrero y abril del 2014, una abrumadora mayoría del electorado expresara la necesidad de un cambio. Así fue indicado en los programas de gobierno de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en los que se puso el acento en la inclusión social, la promoción del bien común, el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico, la transparencia en la gestión pública y la restitución de las capacidades del Estado para prestar servicios públicos universales, desatendidos por la lógica mercantil en ámbitos tan estratégicos como la salud y la energía.

2- En el primer poder de la República, el voto popular de amplios sectores de la ciudadanía dio como resultado un sistema parlamentario multipartidista que exige a las fracciones legislativas capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos en beneficio de la población.

3- A pesar de lo anterior, el pasado primero de mayo se posicionó una nueva “alianza de oposición” parlamentaria de minorías, promovida por los partidos Liberación Nacional, junto con la Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Democrática Cristiana y Restauración Nacional; que pretende:

a. Imponer el aumento de la participación privada en la generación eléctrica.
b. Eliminar paulatinamente pluses salariales mediante la reforma al empleo público.
c. Implementar el salario único en la Administración Pública en busca de una homologación salarial a la baja.
d. Entorpecer y evitar un abordaje justo y efectivo de la recaudación tributaria y del déficit fiscal.
4- El eventual triunfo parlamentario de tales tesis implicaría:
a. Beneficiar el lucro mercantil privado en la prestación de un servicio público estratégico, debilitando el modelo eléctrico vigente en el país con sus respectivas secuelas tarifarias para la ciudadanía.
b. Disminuir la capacidad adquisitiva de los servidores públicos y sus familias y aumento del proceso de empobrecimiento de una franja significativa de la población económicamente activa del país.
c. Profundizar el déficit fiscal.

5- Para enfrentar esas acciones y evitar sus resultados se requiere iniciativas que trasciendan la dispersión del espectro político, orientadas a la interacción política franca, diversa y convergente que favorezcan la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía.

6- Tanto Acción Ciudadana como el Frente Amplio son actores que emergen y se nutren de las multitudinarias jornadas cívicas del año 2000 y canalizan el descontento ciudadano con las viejas formas de hacer política. Dichas jornadas contribuyeron significativamente a crear condiciones para la derrota electoral del viejo bipartidismo que ahora intenta reconfigurarse con refuerzos por medio de la agenda del nuevo Directorio Legislativo.

7- Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Ciudadana y del Partido Frente Amplio comparten aspiraciones de justicia, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades para la ciudadanía, lo que hace ineludible la defensa de la institucionalidad pública y sus trabajadores en aras de salvaguardar los servicios públicos estratégicos y esenciales para el bienestar común.

8- El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa se constituyó como colectivo de organizaciones sindicales para enfrentar de manera integral las consecuencias del modelo neoliberal e impulsar condiciones de vida dignas y equitativas en la sociedad costarricense.

9- Nuestra democracia nos reclama la defensa del Estado Social de Derecho para avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa. La defensa y construcción de esta visión de Estado nos convoca hacia una nueva convergencia participativa de movimientos sociales y partidos políticos progresistas, en respuesta a los ataques de la política tradicional, que se esfuerza en revivir el modelo neoliberal que sólo beneficia a pequeños grupos de nuestra sociedad, algunos ligados a intereses transnacionales.

Luego de un proceso de diálogo franco y transparente, Patria Justa, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, suscriben los siguientes objetivos estratégicos.

1- Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la defensa y revitalización de una Institucionalidad Pública capaz de brindar a la ciudadanía servicios de calidad, universales y oportunos que dignifiquen al ser humano en condiciones de equidad y solidaridad. Para ello las partes asumen el compromiso de:

1.1. Evitar que desde la Asamblea Legislativa se debilite el modelo eléctrico estatal vigente en el país, mediante el aumento de la cogeneración privada de electricidad, con la aprobación de proyectos de ley como el expediente 18.093 de Contingencia Eléctrica u otros con propósitos similares.

1.2. Impulsar la adición de un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6.588 de 30 de julio de 1981, que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y sus reformas Expediente N° 19.498, para que esta institución participe en la investigación, desarrollo y generación de fuentes alternativas de energía.
1.3. Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente N° 18.468.

1.4. Fortalecer la inversión pública en JAPDEVA para el desarrollo portuario nacional.

1.5. Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero – patronales.

1.6. Realizar el control político necesario e impulsar iniciativas orientadas a velar por las prácticas de los órganos directivos de entidades estatales encargadas de regular a los prestadores de servicios públicos, garantizando su imparcialidad y evitando que dichos entes emitan resoluciones desmedidas que afectan el patrimonio de la institucionalidad pública.

2. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía que contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense, considerando para lo anterior la necesidad indispensable de proveer al Fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria. Para ello las partes asumen el compromiso de:

2.1. Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa.

2.2. Impulsar la progresividad fiscal.

2.3. Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit.

2.4. Apoyar el proyecto de “Ley de regulación de exenciones y no sujeciones de pago de tributos, otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente N° 19.531.

3. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas en el accionar legislativo y social, para garantizar el sentir ciudadano de retomar la senda de la promoción del bien común, la inclusión social y el mejor reparto de los beneficios del crecimiento económico. Lo anterior mediante medidas orientadas a robustecer un sistema de remuneraciones salariales dignas con empleo de calidad en respeto de los derechos laborales, que el marco legal del Estado de Derecho brinda a las y los costarricenses. Para ello las partes asumen el compromiso de:

3.1. Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios.

3.2. Defensa activa del empleo público como parte del andamiaje necesario para la prestación de servicios públicos de calidad a la ciudadanía, evitando que desde el Parlamento se legisle una homologación salarial de los servidores públicos a la baja, mediante la aprobación de proyectos de ley de empleo público, expediente N° 19.431, el proyecto de ley para “actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores, expediente 19.377, así como el proyecto de ley “para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, expediente N° 19.506.

3.3. Fortalecimiento de la inspección laboral de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (expediente 19.130).

3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312.

3.5. Promover la gestión legislativa del proyecto contenido en el expediente 18.472 “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria”.

4. Realizar esfuerzos conjuntos e implementar iniciativas para la articulación efectiva de mecanismos de divulgación, retroalimentación e involucramiento activo de la ciudadanía en relación con los acuerdos antes mencionados. Para ello asumen el compromiso de:

4.1. Generar condiciones para la amplia y transparente divulgación y difusión de los puntos que conforman el presente acuerdo entre la ciudadanía.

4.2. Realizar actos públicos con organizaciones sociales, para el involucramiento activo de la ciudadanía.

4.3. Integrar mesas de trabajo entre las partes sobre estos y otros temas de interés para las partes.
 
Suscriben el acuerdo

Margarita Bolaños Arquín
Presidenta del Partido Acción Ciudadana

Patricia Mora Castellanos
Presidenta del Partido Frente Amplio

Marco Vinicio Redondo
Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana

Gerardo Vargas Varela
Jefe de fracción del Partido Frente Amplio

Albino Vargas Barrantes
Coordinador del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa
Secretario General ANEP

Fabio Chaves Castro
Coordinador Adjunto del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa
Coordinador FIT-ICE

Manuel Rodríguez Acevedo
Secretario General
SITRAPEQUIA

Lenín Hernández Navas
Secretario General
SINAE

Ronaldo Blear Blear
Secretario General
SINTRAJAP

José Luis Soto Rodríguez
Secretario General
UPINS

Didier Leitón Valverde
Secretario General
SITRAP

Percy Marín Méndez
Secretario General
SIPROCNP

Mayid Halabi Fauaz
Presidente
SIICE

Sergio Saborío Brenes
Presidente
SITET

Ronald Corrales Chacón
Presidente
ANTTEA

Juan de Dios Cordero Duarte
Representante
ASDEICE

Edgar Mesén Araya
Presidente
SIPROCEICE

Geovanni Esquivel Salas
Presidente
AJEICE

San José 26 de junio de 2015.