¿Qué se renegociaría?

Ottón insiste en renegociar el TLC. Arias se niega en redondo. Comprensible. Ya sabemos que para ser un águila imperial –y no un vulgar zopilote– hay que pensar como el imperio. Pero también es cierto que las aves no son los especimenes más inteligentes del reino animal y que cuando descubrió la relatividad, Einstein era un simple caracol que trabajaba en una oficinilla insignificante. O sea, los del pueblo somos plebeyos pero no tontos. Pensemos un poco, pues, ¿qué significa “renegociar” el TLC?

Sin pretender ser exhaustivo, propongo un listado preliminar de asuntos que, inexcusablemente, deberían ser objeto de re-negociación:

1- La apertura y el estado de indefensión a que se condena la actividad agropecuaria de producción de alimentos, en virtud de lo cual se crean condiciones de ruina segura para el arroz, la carne de cerdo, la vacuna y la de pollo, el aceite, los lácteos y diversas legumbres y verduras, entre otros.

2- Revisión del capítulo de compras del sector público, a fin de preservar flexibilidad para su utilización selectiva como instrumento de promoción del desarrollo y de apoyo al cumplimiento de objetivos de equidad y protección ambiental.

3- Replanteamiento en profundidad de las abusivas condiciones de privilegio impuestas a favor de la inversión extranjera, de modo que el país* a)* conserve capacidad para regular los flujos de capital especulativo, cuyos efectos desestabilizantes han sido ampliamente comprobados; b) conserve intacta su capacidad soberana para negociar con la inversión extranjera en procura del cumplimiento de ciertas condiciones básicas propicias al desarrollo, tales como la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo de encadenamientos productivos; c) regular los mercados de servicios, de acuerdo con los requerimientos de nuestro desarrollo y la construcción de una sociedad democrática y equitativa; d) mantener la plena vigencia del régimen jurídico, inclusive para las empresas estadounidenses y no tan solo para los ciudadanos costarricenses.

4- En particular, y relacionado con el punto d) anterior, despojar a los inversores extranjeros del formidable y absolutamente desproporcionado instrumento de presión que les concede el “régimen inversionista-estado”, en virtud del cual –y toda vez que se sientan perjudicados en sus intereses pecuniarios– pueden demandar al Estado costarricense en tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y cuyo funcionamiento no responde a ningún cuerpo legal conocido ni confiable. Esto debe incluir necesariamente la explícita eliminación de la peligrosísima e incierta noción de “expropiación indirecta” que el TLC incorpora.

5- Eliminar del tratado cualquier referencia a la eufemísticamente llamada “apertura” de las telecomunicaciones y los seguros. Estos asuntos deben ser resueltos en el marco de un amplio, equitativo y pluralista debate nacional, y en los plazos y de la forma que la ciudadanía costarricense considere necesarios y deseables.

6- Igual procedimiento debe observarse en relación con el convenio UPOV, al cual el TLC obliga compulsivamente a adherirnos. Este es un instrumento que tiene graves implicaciones desde el punto de vista de la apropiación privada de la propia vida. Esto es inaceptable por razones éticas, humanitarias y ambientales, pero también desde una perspectiva económica más pragmática, en cuanto facilita que el capital extranjero usufructúe de nuestra riquísima biodiversidad. En cambio, debe quedar plenamente reconocido el control soberano sobre toda nuestra riqueza natural.

7- Deben redefinirse las obligaciones en materia de patentes. En particular, deben suprimirse las triquiñuelas que buscan ampliar sus plazos de vigencia, y suprimirse el alargamiento –hasta por 10 años– de la protección sobre los datos de prueba, ya que esto limitaría gravemente el acceso a medicinas genéricas. En general, el país debe replantearse en profundidad sus opciones políticas en materia de propiedad intelectual, en el convencimiento de que las normativas que están siendo impuestas –inclusive aquellas, relativamente más laxas, contenidas en los acuerdos de la OMC– son tan solo barreras de acceso al conocimiento, que frenan el desarrollo de los países pobres y consolidan el control monopólico por parte de las gigantescas corporaciones trasnacionales.

8- Debe quedar absolutamente clara –y no sujeta a interpretaciones ambiguas e inciertas– la potestad nacional para regular los servicios públicos, en particular los de salud y educación. Igualmente debe afirmarse con total nitidez nuestro derecho sobre el agua y, por lo tanto, nuestra potestad para regular su uso y explotación. En cada uno de estos aspectos el TLC levanta graves amenazas en virtud de la opacidad de sus estipulaciones.

9- En materia laboral y ambiental el TLC es, en el mejor de los casos, ambiguo y omiso. En cambio, debe confirmarse con nitidez la responsabilidad del Estado en relación con la protección de los derechos de las clases trabajadoras y el medio ambiente.

10- En general, ha de quedar claramente establecida –sin margen alguno de duda– la superioridad de los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la soberanía y el ambiente por sobre la ideología de libertad de comercio e inversión. Ésta última es el dogma que define la lógica fundamental del tratado. Las imprecisiones que en éste pululan, facilitarían que esa liturgia llegue a gobernar su aplicación práctica.

Agrego tres preguntas: a la vista de esta “listita” parcial ¿qué quedaría del TLC? Entonces, y más que de “renegociación”, ¿no sería mejor hablar de nuevas formas de negociar y relacionarnos con Estados Unidos? Por lo tanto, y más allá de águilas al servicio del imperio, ¿no estamos hablando de una revolución democrática y civilista que restablezca nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida?

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