Sin sindicatos no hay democracia. No hay democracia sin sindicatos. Tan es así que los patronos tienen los suyos. Se llaman cámaras. Y hasta tienen una central de sindicatos empresariales: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Otro ejemplo: en el caso de la actividad exportadora del país, los empresarios de la misma tienen también su sindicato: la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Ahora bien, en el caso de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo fijo, como la que está en la informalidad, e incluso la que está desempleada, también tiene acceso a la organización sindical, la de corte obrero-laboral.
Ambas formas de organización sindical, la patronal y la laboral, se respaldan en el mismo artículo de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 60, que textualmente indica lo siguiente: Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.
Parece que a los colegas sindicalistas de la patronal-empresarial les resulta más fácil la unidad de lo que nos resulta a nosotros, los colegas sindicalistas del lado obrero-social. En este último caso, la principal característica es la gran diversidad y la enorme multiplicidad de sindicatos. Esto plantea, por un lado, grandes desafíos para una unidad entre ellos, pero cuando al menos, en el plano de la acción esta se da, el potencial de incidencia en las decisiones nacionales aumenta considerablemente.
Aprovechando la extraordinaria y maravillosa oportunidad que significa publicar todas las semanas esta columna de opinión (lo que es posible dado el apego estricto de Diario Extra y del Grupo Extra a los valores y principios de la libertad de expresión); y sin ánimo de protagonismo alguno, les compartimos la buena nueva que representa el proceso de Unidad Sindical en la Acción que ha venido conformándose en las últimas semanas, en torno a tres de los temas más candentes de los últimos meses de la agenda nacional, mismos que están evidenciando una fuerte polarización con episodios parciales de confrontación social abierta de alta notoriedad pública.
Hablamos del empleo público, del déficit fiscal y de la justicia tributaria. Son tres temas interconectados entre sí, mismos que de un modo u otro, en distintas dimensiones, de manera directa e indirecta, están involucrando a todo el país, a toda la sociedad, a toda la clase trabajadora, al empresariado; en fin, a todos los sectores componentes de la misma.
Mediando entre los representantes y líderes participantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción altos niveles de tolerancia, de respeto mutuo, de transparencia, con paciencia y con fuerte vocación de actuar consecuente para con los diferentes sectores sociolaborales que se aglutinan en cada organización participante; se ha llegado a una comunidad de ideas, de visión y de potenciación de acciones colectivas en estos cuatro considerandos fundamentales.
UNO. Que las medidas contenidas en los proyectos de ley de empleo público, aumentarán la ya de por sí preocupante desigualdad en nuestro país; precarizando el salario y poniendo en riesgo el empleo, aumentando la notable sobreexplotación laboral presente en muchos grupos de servidores públicos, igualando hacia abajo la política salarial del país, generando una disminución directa del papel del Estado Social mediante una política de recorte de la inversión social y despidos en el sector Público.
DOS. Que datos oficiales demuestran cada vez con más contundencia, como en nuestro país la causa del déficit fiscal no radica en los salarios del sector público, sino por ejemplo, en aspectos relacionados con la estafa al fisco en todas sus formas (8.5 puntos del PIB), el modelo de exenciones y exoneraciones (6 puntos del PIB), la fuga aduanera producto de las firmas de TLC’s (2.5 puntos del PIB), entre otros. Lo cual demuestra que no somos los y las trabajadores los responsables de la situación en las finanzas del Estado.
TRES. Que existe una necesidad impostergable de proveer al fisco de ingresos sanos en condiciones de justicia tributaria, en procura de garantizar la prestación estatal de servicios oportunos y de calidad, que dignifiquen la calidad de vida de la ciudadanía, y contribuyan con la inclusión social robusteciendo el bienestar de la sociedad costarricense.
CUATRO. Que miles de personas trabajadoras y sus familias, en el marco de las organizaciones que pertenecemos o más allá de las mismas, anhelan con ansias la cristalización de esfuerzos de unidad en la acción, que en el caso del sector público logren hacer frente a la constante amenaza de reducción de las garantías laborales, y en el caso del sector privado, contribuya a un mayor respeto a los derechos laborales individuales y colectivos vigentes en el país.
En este proceso de Unidad Sindical en la Acción están organizaciones y sindicatos que tienen membrecía directa, práctica cotidiana, ámbitos de cobertura, zonas de influencia y de incidencia, en áreas de los servicios públicos tales como educación, salud y seguridad social; electricidad, telecomunicaciones, energía, combustibles, agua y alcantarillado; policías, puestos fronterizos y aeropuertos, municipalidades, ministerios y entes adscritos a los mismos (como servicios de aduanas, penitenciarios, salud preventiva, parques nacionales, agricultura y ganadería), puertos, trabajo y asistencia social, entre otros.
Además, se han incluido en este proceso autorizadas voces y experimentadas organizaciones que trabajan en el ámbito de la sindicalización en el sector privado, el también relevante del mercado laboral informal y con importantes segmentos de población trabajadora migrante.
Este proceso de Unidad Sindical en la Acción, precisamente plantea el desafío de impulsar acciones colectivas necesarias para: a) Promover una reforma tributaria que se base en el principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”; b) exigir al Gobierno no enviar al período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley que afecte la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; c) exigir al Poder Legislativo el archivo definitivo de los expedientes que afecten la inversión estatal, los derechos laborales, el empleo y los salarios públicos; d) respaldar la aprobación de proyectos de ley orientados a que el sistema tributario de nuestro país se oriente hacia una mayor justicia tributaria.
Uno de los aspectos más relevantes de este proceso de Unidad Sindical en la Acción es que se ha gestado y desarrollado únicamente con el esfuerzo directo de las personas dirigentes y representantes de las organizaciones que han venido participando, sin intervención de terceros de ninguna especie; mostrándose, repetimos, una madurez tolerante de la diversidad en estricto apego al clamor constante y urgentemente planteado por parte de las diferentes bases sociolaborales que están en cada agrupación; clamor que puede resumirse en una sola palabra de profundo significado en estos duros momentos de gran dificultad para la clase trabajadora: ¡únanse!
