Hace muy bien la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), el partido de Gobierno, al indicar que no avalará las concesiones que el distinguido señor Ministro de Hacienda (a la vez, Primer Vicepresidente de la República), está dispuesto a darle al corporativismo empresarial neoliberal (por demás, base política fundamental del binomio “PLUSC” que “asaltó” el directorio legislativo el pasado 1 de mayo), en torno a la idea original de sancionar severamente el fraude fiscal y el robo de impuestos en sede administrativa, incrementando las potestades de la Dirección General de Tributación al efecto.
Las eventuales nuevas disposiciones legales para que esta entidad cobre y ejecute embargos, sin orden judicial, a los contribuyentes morosos, viene a representar el corazón de valientes decisiones políticas con carácter estratégico jamás tomadas antes; a fin de que el país abandone la perversa senda de la regresividad tributaria, que es uno de los puntos fundamentales para que se mantenga y profundice la sistemática curva ascendente de la desigualdad en Costa Rica.
Ya habíamos advertido de que tales concesiones del señor Ministro de Hacienda, cediendo al bloqueo parlamentario de tan necesaria legislación, deben ser rechazadas y por eso debemos indicar, con satisfacción y aplauso que la decisión de la bancada diputadil del PAC merece ser apoyada con toda contundencia, social y laboralmente hablando,
En nuestro artículo semanal para LA PRENSA LIBRE (digital), “Derechos Humanos y recorte presupuestario”, correspondiente a este martes 2 de junio de 2015, habíamos opinado lo siguiente:
“Por ello resultan condenables las posiciones parlamentarias bloqueadoras de los necesarios proyectos contra el fraude y la evasión fiscales que ha venido promoviendo el señor Ministro de Hacienda. A la vez, es inadmisible que él se “rinda” ante el corporativismo gremial empresarial líder de esos bloqueos, accediendo a flexibilizar y volver “light” las necesarias y reflexionadas propuestas de darle “más dientes”a la administración tributaria en el combate al robo de impuestos, mismo que es un verdadero crimen social”.
En vez de ceder al bloqueo parlamentario al trámite de iniciativas de ley de este carácter, bloqueo del capital neoliberal protagonizado en la persona del poderoso empresario liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti; lo que corresponde es fomentar el llamado a la movilización social más amplia en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos, para que se sancione drásticamente este crimen social, tal y como se sanciona, con drasticidad implacable, en los Estados Unidos.
¡Con los ladrones de impuestos no se debe tener misericordia alguna! Bloquear que este tipo de proyectos de ley contra el fraude fiscal se conviertan en ley de la República, es propiciar el ataque más brutal a los presupuestos de una importante cantidad de servicios públicos, necesarísimos para los sectores sociales más vulnerables de la población costarricense e, incluso, para sectores medios.
Ya lo ha advertido la señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Monserrat Solano Carboni, de que los eventuales recortes presupuestarios que se están gestando para el 2016, nos llevan a violentar compromisos internacionales que Costa Rica ha asumido en materia de Derechos Humanos, con la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la perspectiva de la propuesta que venimos defiendo en materia fiscal-tributaria, construida con perspectiva laboral-sindical y social, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, la posición que está anunciando la fracción parlamentaria del PAC en defensa de los contenidos estratégicos originales de los proyectos de ley contra el fraude fiscal, es la posición correcta que se debe apoyar por todas las formas posibles.
