El pasado viernes 12 de diciembre de 2014, con seguridad, será un día para el registro de la historia costarricense. El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera tuvo el coraje, la hidalguía y la valentía para decidir que la Reforma Procesal Laboral (RPL), se convirtiera en la Ley de la República, con el número 9076 y al publicarse ese mismo día en el Diario Oficial La Gaceta, digitalmente.
Esta histórica decisión del Presidente Solís Rivera para darle vida jurídica plena a la RPL abre un nuevo sendero para la justicia social obrera costarricense; y, a la vez, le da una nueva dimensión para que los derechos laborales, entendidos como parte de los Derechos Humanos, asuman un nuevo protagonismo en la lucha contra la desigualdad que nos atormenta como sociedad; considerando desde nuestra perspectiva que el crecimiento de la misma es el problema número uno que enfrentamos. La RPL nos ayudará a combatir la creciente desigualdad.
La magnitud de esta nueva ley laboral, que nosotros conceptuamos con el “segundo” Código de Trabajo, es de tal calibre que, difícilmente, podamos comprenderla realmente en estas intensas primeras horas de su nacimiento jurídico. Sin embargo, hay algunas señales que debemos considerar para que tengamos noción de lo que estamos hablando, si reparamos cómo están reaccionando desde el otro lado de la acera”: la “de los y las de arriba”.
Por ejemplo, la furiosa, rabiosa e irracional reacción de la cúpula dirigente del principal gremio empresarial del país y de sus cámaras asociadas, nos indica de la naturaleza favorable a la persona trabajadora de la RPL. Igual señal del impacto de esta ley a favor de las mayorías obreras, tanto nacionales como migrantes, es el enfoque mediático-noticioso y editorial que le ha dado a todo este proceso, el principal medio de prensa del capital neoliberal, tanto como quienes en el campo de la comunicación colectiva (televisiva y radiada), le siguen la línea.
El ataque del capital neoliberal y de la prensa que expresa sus intereses, ha estado orquestado en torno al tema del derecho de huelga y de la posibilidad de la misma en los denominados servicios públicos esenciales. Se ha intentado manipular a la ciudadanía y a la opinión pública de que la RPL es tan sólo una especie de “cheque en blanco” para las huelgas en el sector Público; y, además, para que los sindicatos de este sector “cojan más fuerza”.
La virulencia de este enfoque mediático contra la RPL, de profunda esencia antidemocrática, ha llegado a niveles tan ridículos como magnificar, violentando toda ética periodística, comunicaciones celulares privadas en materia de mensajes de texto, tal y como nos sucedió en lo personal. Han pretendido construir una especie de conjura, de complot, para desacreditar a quienes hemos sido actores sindicales pilares en el proceso de la RPL, durante tanto tiempo y a lo largo de cuatro administraciones gubernativas.
Afortunadamente, nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora son inteligentes y saben procesar bien estas manipulaciones mediáticas que, por cierto, acaban de ser denunciadas por el propio Papa Francisco. Pero, “no hay mal que por bien no venga”, dice el refrán popular y; precisamente, las manipulaciones mediáticas del capital neoliberal y su prensa, así como la rabiosa reacción del empresariado de cúpula, hacen que la clase trabajadora, la del sector público y, especialmente, la del sector privado, por mera intuición de clase, estén entendiendo las bondades de la RPL para “los y las de abajo”, salarialmente hablando.
Por eso es que la decisión del Presidente Solís Rivera merece todo el respaldo popular y todo el reconocimiento del pueblo trabajador. Tenemos que reconocerlo abiertamente porque supo honrar su palabra y porque supo hacer honor al deseo de cambio (al menos en este tema), que le hizo obtener la más contundente victoria electoral presidencial de los últimos tiempos.
El Presidente Solís Rivera tiene claridad que su elección fue producto de la movilización electoral, esencialmente, “de los y de las de abajo”; que su elección se dio en todo el país y no en Llorente; que su elección fue, impulsada (con las salvedades legales de rigor), por el complejo entramado de organizaciones sociales de todo tipo, incluidas muchas de carácter sindical.
Habrá mucho tiempo para explicar en detalle los alcances prácticos que para la cotidianeidad de la vida obrera tiene la RPL. Los sindicatos que la impulsamos con ardor todos estos años, tenemos la gran misión cívica de divulgar al máximo sus contenidos beneficiosos para la clase trabajadora. Tenemos que idear un gran plan de acción comunitaria para que la “buena nueva” laboral llegue a todos los confines de la República. Además, vamos a tener que llamar a la movilización para defender y para consolidar la ley No. 9076, la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL).
Nuestro peor error es creer que con su publicación en La Gaceta ya la RPL se ha consolidado. Todo lo contrario. La RPL entrará en vigencia operativa dentro de 18 meses, por ahí de junio del 2016. Como se puede notar, el bloque del capital neoliberal ya está conspirando para que la RPL no se materialice con sus efectos positivos en el nuevo escenario que abre para la relación obrera-patronal.
Estamos seguros y porque tenemos informes de fuentes sumamente fidedignas, de que los señores magistrados constitucionales, si no ya, van a estar sometidos a una gran presión a fin de que se pronuncien contra el Presidente Solís Rivera y le anulen la histórica decisión que tomó de quitarle el infame veto que su antecesora en el cargo le impuso a la RPL, misma que fuera votada lujosamente en los dos debates del período legislativo anterior. Se nos dice que desde Llorente se ha empezado a orquestar una pérfida presión al efecto.
Igualmente, no podemos permanecer pasivos ante iniciativas legislativas posteriores a la RPL que buscan nulificar sus efectos con el timo de “regular” la huelga en los servicios públicos esenciales. No puede el Presidente Solís Rivera dejarse llevar por presiones de tal naturaleza, mucho menos ahora que la RPL le está renovando el respaldo electoral obtenido en las urnas.
También como es notorio, debemos vigilar a diario la actividad de los agentes parlamentarios del gran capital adverso a la RPL que ya son plenamente identificables; especialmente, quienes forman la fracción legislativa del ahora pro-empresarial, aunque pareciera que está en proceso de extinción, Partido Liberación Nacional (PLN); otrora “socialdemócrata y afín a los sindicatos” (según su decir de antaño).
A lo largo de estos 16 años de lucha por esta RPL y por haber estado profundamente inmersos en todo este largo caminar de esta nueva ley obrera, se cometerían grandes injusticias si uno se pusiera hacer una lista para reconocimientos, tanto de personas como de entidades. Cometeríamos graves omisiones que nunca nos serían perdonadas.
Sin embargo, permítanos usted que le mencionemos dos nombres, ligados profundamente al proceso y abanderados del mismo con la misma bandera sindical que la nuestra. En primer lugar, se nos encoge el corazón al evocar a nuestro queridísimo y respetado experto en Derecho Laboral, compañero de luchas durante muchos años, ya fallecido, Mario Alberto Blanco Vado, jurista obrero-sindical que conquistó enorme respeto, prestigio y credibilidad más allá de las fronteras sindicales, las propias y las otras. Al dejarnos él, alzó el estandarte de la RPL y no más iniciado su largo caminar, el también querido, respetado experto en Derecho Laboral, de gran prestigio y credibilidad, Mauricio Castro Méndez.
A ambos y en esto de la historia de la RPL, especialmente a Mauricio, la historia del Derecho Laboral costarricense ya les tiene incluidos en sus mejores páginas: las del honor y las de la consecuencia más noble y auténtica con los valores eternos que animan la lucha, nunca terminada, por la plena reivindicación y la liberación de la clase trabajadora.
