En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos totalmente en contra de la desafortunada e inoportuna pretensión del Gobierno para reducir el monto salarial exento de tributar renta, actualmente colocado en la cantidad de 793 mil colones.
Esta situación contrasta, radicalmente, con la no menos deplorable decisión gubernativa de ceder a las presiones del gran corporativismo empresarial (mediando su respectiva representación parlamentaria), renunciando a que el fraude fiscal y la evasión tributaria tengan en sede administrativa una fuerte posibilidad de combate.
Los sectores medios de la clase trabajadora que tienen salarios relativamente decentes, sufren de severos endeudamientos y por lo general no tienen acceso a políticas públicas directas que compensen la pérdida del poder adquisitivo que las restricciones de política salarial de los últimos años han impuesto.
Por otra parte, sigue siendo tema de desconfianza, recelo y duda la caída del índice inflacionario según el discurso oficial. Es cuestión de contrastar el mismo con la realidad del bolsillo de la persona trabajadora asalariada y comprobar que no se siente en la cotidianeidad del diario vivir, tal disminución en el indicador principal que mide el costo de la vida.
Se dice que baja la inflación (“deflación”), pero muchas mercancías y muchos servicios no muestran significativas rebajas de precios. Para muestra un botón: la escandalosa situación de las tarifas de autobús que no muestran ni la reducción ni de un centavo. Como sabemos, se han hecho de la “vista gorda” en la Aresep en cuanto a la reducción del precio internacional del petróleo.
De manera vehemente, exhortamos al Gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, para que desistan de ampliar la carga tributaria que pesa sobre el salario. Imponer un aumento de la misma es potenciar la llegada de más familias a las cercanías de la vulnerabilidad de pobreza y, seguir reforzando la injusta y perversa senda de la regresividad tributaria.
Vamos a analizar la posibilidad de un debate en sede constitucional acerca de la propiedad jurídica legítima para gravar el salario, considerando que éste es pago por fuerza de trabajo desplegada y no producto de una actividad lucrativa de lógica mercantil.
