Leemos hoy información periodística publicada por Diario Extra, en la cual se anota que el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, estaría rechazando la transformación del impuesto sobre las ventas, en impuesto al valor agregado (IVA). Si esto es cierto, el futuro mandatario tendrá mucho mayor apoyo social y popular.
La clase trabajadora, especialmente la de carácter asalariado (con empleo formal y salario fijo), no aguanta más impuestos. Si gana tanto como para que le apliquen el de la renta, ésta le es rebajada directamente del salario, vía planilla. Si es el de ventas, éste lo paga de manera inmediata, al momento de la compra.
Por el contrario, lo que procede es el ataque frontal y con rotunda rigurosidad al fraude tributario en todas sus manifestaciones. Se debe propiciar un “Plan Nacional de Combate a la Evasión” con objetivos, entre otros, tales como: a) identificar y analizar las modalidades más significativas del fraude fiscal, sus causas y sus efectos. b) Evaluar las normas legales disponibles para la prevención y el castigo del fraude, así como identificar las omisiones y debilidades que restan efectividad a la lucha contra la evasión.
Es más, así como el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, está indicando que ha de declarar el tema de la infraestructura vial un asunto de “Emergencia Nacional”, debería hacer lo mismo con el tema del fraude fiscal. Los datos siguientes fundamentan una decisión política de este calibre. Veamos:
En el primer año de la Administración Chinchilla Miranda, la evasión y la elusión tributarias representaron un 5.8 % del PIB; en impuesto sobre las ventas la evasión ronda el 25 %; en el ámbito de la renta empresarial, este porcentaje evasor es del 50 %.
En materia de contrabando, se calcula en unos 100 millones de dólares anuales, la defraudación únicamente en licores, cigarrillos y videojuegos (sin considerar, perfumes, ropa, medicamentos).
En las profesiones liberales, la tributación es ridícula: el 93 % declaró, promedialmente hablando, unos 35 mil 574 colones per cápita.
Y si, de verdad, se requiriera un nuevo impuesto en el corto plazo, el único que se puede aceptar es aquel destinado a gravar las transacciones financieras y luego de cierto monto para no afectar a los sectores medios. Este impuesto, conocido como “Tasa Tobin”, generaría una cuantía inimaginable de recursos, a juzgar por un dato como el siguiente. Según la entidad denominada Global Financial Integrity, en el período 2000-2009, en Costa Rica se movieron 4.359 millones de dólares de actividades ilícitas.
Por tanto, si es cierto que el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, está opuesto a que el impuesto sobre las ventas se transforme en IVA, la clase trabajadora se lo aplaudirá; como se ha de respaldar si decide, con rotunda severidad, enfrentar el impresionante fraude tributario mencionado con solo algunos de los ejemplos acabados de mencionar.
