Parece que no les va a quedar más remedio que aprobar el proyecto contra el fraude fiscal y contra el robo de impuestos, sin excluir las normas jurídicas para que haya en el país un registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, de los fondos de inversión y similares.
Se los dijo en su propia cara el señor José Ángel Gurría Treviño, neoliberal economista mexicano, actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), misma que fuera fundada en 1961.
La OCDE tiene su origen en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), a la cual se le encargó por parte de los Estados Unidos que aplicara, en aquellos años, el Plan Marshall para la reconstrucción europea luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.
Para quienes no tenían hasta ahora noción de qué es eso de la OCDE, los países que se unen a ella deben comprometerse con los “principios de la economía de mercado”, así como con los de la “democracia pluralista”. La OCDE impulsa el desarrollo del comercio mundial bajo los principios del “libre comercio” (los TLC’s, como los conocemos a hoy); y tiene tal cantidad de información que la convierten en la oficina de estadísticas más completa del planeta.
Al afiliarse a la OCDE, Costa Rica tendrá que pagar una cuota anual de membrecía cuyo monto desconocemos hasta el momento, pues esta organización tiene una planilla de 2.300 funcionarios con muy buenos salarios a los que hay que mantener.
Como lo planteamos ayer martes 23 de febrero, en nuestro artículo semanal para La Prensa Libre (digital), “…no vemos por ningún lado en qué podría beneficiar a la clase trabajadora costarricense (asalariada, no asalariada, desempleada, en empleo parcial, informal y como mypmes), que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)…”. (“LA VISITA DE LA OCDE AL PAÍS”).
Sin embargo, es de celebrar que siendo la OCDE lo que es, lo que significa como parte de la estructura burocrático-planetaria al servicio de la arquitectura financiera internacional de la globalización neoliberal, haya puesto “el dedo en la llaga” en materia de fraude fiscal y de robo de impuestos, al plantear que Costa Rica debe tener un registro de accionistas de las sociedades anónimas para conocer quiénes son los beneficiarios de las mismas, cuánta plata están ganando realmente y así establecer la cuantía justa del monto de impuestos que por concepto de renta deben pagar.
El señor Secretario General de la OCDE indicó que en los países afiliados a la misma, eso del registro de accionistas es algo normal, que eso no se discute. No tenerlo es, según entendimos nosotros, como estar en la “prehistoria tributaria”.
Los favorecedores de que el robo de impuestos se mantenga sin alteraciones, esos que están dentro del parlamento y esos del alto corporativismo gremial empresarial del país, se quedaron con la boca cerrada. Jamás imaginaron que frente a sus ojos y a sus narices se los diría la propia OCDE, eso de la necesidad del registro de accionistas.
Pareciera que no es posible que Costa Rica aspire a ingresar a tal organización, con las características de paraíso fiscal que ya está adquiriendo, toda vez que la figura jurídica actual de las sociedades anónimas permite que se hagan barbaridades con evasión fiscal, con elusión tributaria, con circulación de dinero sucio producto del narcotráfico y del crimen organizado.
Ridículamente, se ha venido sosteniendo por parte de los favorecedores del robo de impuestos y del fraude fiscal que en Costa Rica no puede haber tal registro de accionistas, porque existimos dirigentes sindicales (como el que escribe esta columna), con acceso a información tributaria.
Nada más pueril, sin ningún valor ni credibilidad, esgrimir semejante argumento como la “columna central” discursiva de quienes han venido oponiéndose, radical y filibusteramente, a que haya esa estratégica arma tributaria para la justicia y para la inclusión social, para la promoción del alicaído bien común en nuestra sociedad.
La única información tributaria que estuvo siempre disponible de manera pública, ahora es ya oficial: en Costa Rica la espantosa magnitud del robo de impuestos en todas sus formas anda por los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). ¡Más de 2 billones de colones y por año!
Eso es lo que siempre supimos. Lo que con nombre y apellidos logramos conocer es porque se publicó en la misma prensa nacional, como los dos casos de dos poderosos consorcios corporativo-mediáticos envueltos en controversias tributarias con el fisco costarricense. Así es que, ¡a otro con ese cuento de que los dirigentes sindicales tenemos acceso a información tributaria confidencial!
El planteamiento del señor Secretario General de la OCDE ha sido tan contundente que ahora están tratando de escamotearlo y están diciendo que aprobarían el registro de accionistas de las sociedades anónimas pero en otra entidad pública que no sea la que debe ser, tal como sucede en todos los actuales países integrantes de la OCDE y fuera de la misma: la natural administración tributaria.
¡Es inaudito! Y peor aún porque pretenden que en tal entidad paralela que manejaría el registro de accionistas, deben incluirse representantes del indicado alto corporativismo empresarial, lo que es lo mismo que indicar que estaría poniéndose “al ratón a cuidar el queso”, o a que “el zorro cuidara a las gallinas”.
Bien puede la legislación de creación del registro de accionistas de las sociedades anónimas, establecer reglas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria que solamente deberá estar disponible para efectos impositivos. Aumentar la drasticidad sancionatoria por divulgar tales datos y/o, como el mismo señor Gurría Treviño lo planteó, un detector de la huella digital que registre la identidad del funcionario tributario con acceso a tal información, son mecanismos para garantizar la privacidad que tanto les preocupa. ¡Se trajeron a la OCDE y salieron trasquilados!
