Ahora que “renunció” don Fernando Naranjo Villalobos a la gerencia general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), y quien venía siendo el empleado público mejor pagado de todo el país, con un salario mensual entre 18 y 20 millones de colones; se hace necesario reflexionar más profundamente acerca de la malintencionada campaña de cierta prensa asociada al gran capital y a la hegemonía política imperante, en contra del empleo público en nuestra sociedad de hoy; adversando de nuestra parte y fuertemente las perversas generalizaciones que han intentado posicionar ante la opinión pública la no menos perversa especie de que todas las personas empleadas públicas tienen igualdad de condiciones; que todas ganan “jugosos” salarios; que todas son vagas y que todas son corruptas; que todas, en fin, son “parias” de la sociedad.
El “renunciante” es fiel representante de una clase gerencial de alta tecnocracia del Estado, asociada al negocio banquero y como ha sido notorio, con conexiones político-partidistas intrínsecas a la clase política de la todavía hegemonía dominante, la del bipartidismo tradicional, aunque simule que actualmente se encuentra “fragmentado”.
De acuerdo al resultado electoral de febrero de 2014 se suponía que esto iba a “cambiar”; pero con lo que hemos presenciado en la sucesión a la gerencia del Banco de Costa Rica (BCR), no solamente notamos que en ámbitos clave del poder político realmente reinante todo ha de seguir igual; sino que estamos presenciando una reproducción de un esquema de profunda desigualdad en la estructura salarial del Estado.
Ahora bien, en el otro extremo del alto estrato salarial en el que estaba el indicado personaje (y que le hará recibir por ello una impresionante cantidad de millones producto de su “renuncia”), está don Felipe Barrantes Segura, quien cuida un colegio de secundaria en el cantón de San Carlos, vigilando las instalaciones del mismo; está también don Jesús Astorga Brenes, quien debe ingresar a barriadas marginales a cortar el suministro de agua por no pago del recibo de las desafortunadas familias en miseria económica que no tienen dinero para cancelarlo.
Encontramos también a doña Ana Teresa Alfaro García, cocinera en uno de los CEN-CINAI de los barrios del sur de la capital y quien tiene que preparar alimentación (pese a su problema en la columna de alzar ollas tan grandes), para 25 güilas cuyas madre solas jefas de hogar los dejan en él mientras van a trabajar por salarios que no alcanzan para nada.
Tenemos también a don Ricardo Murillo Salas, quien luego de 25 años vigilando una cárcel desde un fortín al cual ya le cuesta subir porque los años pesan, y aún no llega al medio millón de colones mensuales de salario (apenas un poco más del 5% del salario del gerente “renunciado”). ¿Quieren que sigamos con otros casos similares?… ¿Sabe usted el salario de don Felipe, de don Jesús, de doña Ana Teresa, de don Ricardo…? Estos son ejemplos del “otro” empleo público, el de “los de abajo”.
Los enemigos del empleo público deben tener claro lo siguiente: 1) Si quieren “acabar” con la alta tecnocracia política (la “vieja” y la “nueva”), ¡háganlo! 2) En los casos citados y otros muchos más que no se pueden mencionar por obvios problemas de espacio, la norma es la precariedad salarial, el recargo de trabajo, la escasez de personal, el deterioro de las condiciones de empleo; y ahora, peor todavía, la errática directriz gubernamental de que no se puede sustituir a quien se pensiona, agravando más la prestación del servicio. 3) La oposición “del sistema” a que haya nuevas leyes para combatir que siga aumentando el robo de impuestos (que ya va por el 8% del PIB), hará que la defensa del empleo y del servicio público se vuelva una confrontación abierta. 4) El fundamentalismo por la austeridad frente a las provocaciones que nos muestra el proceso concentrador de la riqueza, ayuda a alimentar la necesaria polarización que tendrá que sobrevenir para ver los albores de una nueva hegemonía; pese a que estos albores, los atisbos que se asomaron al escenario electoral de febrero de 2014, representen un capital político dilapidándose más rápido de lo que se creyó.
