1- Como académico y como ciudadano, desde hace varios años llegué a la conclusión de que no tiene sentido apoyar reformas tributarias que sólo mantienen o profundizan el carácter regresivo de la estructura tributaria costarricense. Durante los últimos 25 años, todas las reformas aprobadas sólo han pretendido “sacar de apuros” a los gobiernos de turno, sin incidir de manera significativa en los problemas estructurales y en la injusticia e inequidad tributarias. El actual proyecto de ley que se pretende aprobar al calor de las festividades navideñas no es la excepción. Y como sin duda el déficit fiscal y la baja carga tributaria son problemas reales, esta era una gran oportunidad para forzar al gobierno a proponer una reforma integral que incluyera tanto metas de mayor recaudación, como de mayor eficiencia y, sobre todo, de mayor equidad.
2- La exigencia popular, “_que primero cobren bien los impuestos y eliminen la corrupción y el despilfarro_”, es una proclama enteramente cierta. Aunque el combate frontal a la evasión y al fraude fiscal no logre cerrar el déficit financiero del Gobierno Central, es un imperativo ético que debe encabezar todo proyecto aceptable de reforma tributaria; pero incluso, podría generar tantos recursos o más que el 1,5% del PIB que se espera recaudar con la última versión de la propuesta del PLN/PAC.
3- Aunque en la Asamblea Legislativa se estudian otros proyectos de ley complementarios a la reforma tributaria propiamente dicha, mismos que podrían fortalecer la Administración Tributaria y endurecer las penas a los evasores y defraudadores fiscales; no hay garantía alguna de que se terminen aprobando una vez que el actual gobierno cuente con recursos adicionales para “_medio terminar_” su período de mandato. La oposición en general, y el PAC en particular, debieron exigir la aprobación de estos proyectos en primer término, para sólo luego discutir propuestas de modificación a los impuestos vigentes.
4- En materia de reforma tributaria, no podemos aceptar que los impuestos directos a las rentas y a la riqueza sigan teniendo un peso tan secundario, ya que es aquí donde ocurre la mayor evasión y porque son los impuestos que más pueden incidir en lograr una estructura tributaria realmente progresiva. Estos impuestos deberían representar, al menos, el 50% de la recaudación total.
5- Sabemos muy bien que el IVA puede aumentar (bajo ciertas condiciones) la eficiencia en la recaudación, pero es un impuesto claramente regresivo. Hacerlo progresivo es prácticamente imposible sin propiciar que se convierta en algo sumamente complejo y costoso de administrar. Hacerlo “_neutral_” es posible si se cumplen al menos tres condiciones: a) una amplia canasta de bienes y servicios de consumo básico exenta; b) como complemento a lo anterior, la exoneración a todos los insumos requeridos en la producción de los bienes agrícolas, pecuarios y agroindustriales de uso final incluidos en la canasta exenta; c) la utilización de tasas diferenciadas o, en su defecto, la aplicación de un Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) altamente progresivo que grave el consumo suntuario. Pero el IVA que se discute en la Asamblea Legislativa es más el resultado de las presiones de los grupos empresariales que de la sana discusión con fundamentación técnica y participación democrática. Además, el IVA propuesto no corrige la regresividad del actual impuesto sobre las ventas, y lo que es peor, el ISC vigente es, aunque cueste creerlo, claramente regresivo.
Así las cosas, el «_plan fiscal_» del PLN/PAC no es un proyecto digno de ser apoyado.
(*) Académico Universidad Nacional
