En la defensa por la institucionalidad, combatimos contra la mayoría de la población laboral, que se encontraba sumamente adormecida por la dirigencia de los sindicatos que pactaron con el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez a cambio del pago de un chantaje; también contra la patronal (INCOP) y la prensa mediatizadora que engañaba a la población costarricense bajo el ardid de la modernización portuaria.
Los resultados de esta modernización hoy, cinco años después, los estamos disfrutando la mayor parte de la población del cantón Central de Puntarenas, con los altos índices de desempleo, prostitución, drogadicción, y demás flagelos de exclusión social.
Nos llama la atención que ahora salgan quienes no tuvieron ningún reparo en entregar el trabajo de más de mil trabajadores y trabajadoras, con un lamento irresponsable, rasgándose las vestiduras, denunciando cinco años después de aquel 11 de agosto del 2006, el incumplimiento por parte de las autoridades de INCOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y las empresas transnacionales que hoy están lucrando con la actividad portuaria en Puerto Caldera.
Ahora nadie habla del congestionamiento portuario, nadie habla del mal estado de la maquinaria, y mucho menos de los altos costos de operación; a pesar que la estructura tarifaria, aún esta bajo los lineamientos de cuando existía la Convención Colectiva; instrumento por excelencia para la relaciones obrero – patronales, que fue entregada por estos que se lamentan hoy, y que desgraciadamente su precio lo canceló el pueblo costarricense.
Ante estas situaciones y del camino ya andado, siendo que al final el tiempo nos da la razón después de tanta advertencia, solo queda plantearnos la defensa de la institucionalidad, organizándonos responsablemente y de cara al pueblo, para rescatar este bien que fue construido por el pueblo costarricense, y que hoy se encuentra en usufructo en manos de empresas transnacionales, así que para hacer cumplir los acuerdos,los invitamos a unirnos por el bien del pueblo trabajador del Cantón Central de Puntarenas, y por el bien de la institucionalidad.
Douglas Carrillo Azofeifa
Ex trabajador de INCOP
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NOTA DE DIARIO EXTRA
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• Sindicato señala irrespeto a compromisos que permitieron la modernización
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE ACUERDOS EN CALDERA
Johnny Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles, apuntó que el gobierno incumple la carta de intensiones que permitió la privatización del muelle de Caldera.
El Sindicato de trabajadores marítimos, ferroviarios y de muelles, que avaló la modernización de Puerto Caldera, hace cinco años, denunció que el gobierno incumple los acuerdos contemplados en la carta de intensiones, aspecto que va en contra de los empleados y de la misma comunidad puntarenense.
Johnny Hernández Vega, secretario general del sindicato, aseguró que la organización laboral permitió la privatización del muelle a cambio de la aprobación de un régimen de prejubilación para aquellos que reunieran los requisitos, el derecho de la libre sindicalización de los trabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y de otras empresas concesionarias de Caldera, la incorporación de maquinaria nueva, fiscalización de las tarifas, generación de empleos y la supervisión del instituto a las compañías concesionarias.
Según comentó Hernández, el sindicato ha enviado cartas de manera reiterada al gobierno y no había obtenido respuesta hace unos días atrás, cuando se le notificó que los recibirá el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín, mañana, día en que también comparecerán ante la Comisión Investigadora de Concesiones del Estado, en la Asamblea Legislativa.
CADENA DE INCUMPLIMIENTOS.
“Lo único que pagaron fue lo de la indemnización y sobre la prejubilación, pero el mantenimiento de este último peligra por cuanto los trabajadores pasan al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte en el que se baja en un 40% su derecho a pensión. Esto no fue lo que se negoció en la carta de intensiones incumplida por su gobierno”, reafirmó Hernández.
Indicó que se presentó un anteproyecto para cubrir los ¢1.000 millones que cuesta la prejubilación y que de aprobarse la propuesta no afectará los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Entre los otros incumplimientos denunciados por el representante sindical es que supuestamente, si un empleado decide afiliarse a la organización es despedido, al mismo tiempo añadió que, presuntamente faltaría control y fiscalización del Incop sobre la Sociedad Portuaria Buenaventura en materia de subcontratación a empresas que incumplirían sus obligaciones laborales y sociales.
Añadió, además que “se debe investigar qué clase de maquinaria está operando hoy en día en Caldera, pues todavía se usa la que dejó el Incop, pues la que trajo la colombiana ya no sirve. La pantalla de atraque está en mal estado y no se vislumbra la construcción de los silos para los barcos graneleros”.
Además Hernández dijo que no se procedió a la generación de la fuente de empleo como lo anunció en su momento el gobierno y recalcó que el Incop no está haciendo las fiscalizaciones correspondientes para garantizar el respeto de los acuerdos alcanzados.
KRISSIA MORRIS GRAY
