Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
_________________________________________________________
La concesión privada del servicio público de revisión técnica vehicular se le impuso al pueblo costarricense, en medio de una gran controversia que, incluso, generó una enorme convulsión social en el gobierno anterior del Presidente Abel Pacheco de la Espriella. Para nosotros, que estuvimos inmersos profundamente en dicha circunstancia, fue clara la conjunción impresionante de una serie de factores políticos, más allá de lo jurídico, que dejaron en manos de la firma Riteve dicho servicio.
Es más, este asunto de la revisión técnica vehicular llegó hasta el más alto tribunal de la República, el tribunal constitucional, la Sala Cuarta, cuyos magistrados se comportaron de forma muy descarada a favor de la concesión privada de tal servicio; dándonos así, aunque sin saberlo en aquel momento, adelantos de lo que sería su comportamiento político en la imposición de otra situación aberrante para el pueblo costarricense: el TLC con los Estados Unidos de América.
Públicamente y por medio de comunicado de prensa, nos hemos manifestado en cuanto a la necesidad de que el Presidente de la República, don Oscar Arias Sánchez, separe de su cargo a la señora Ministra del MOPT, la licenciada González Carvajal. Es lo mínimo que se puede hacer para dar paso a una investigación objetiva de las situaciones generadas como para obligar al Estado a darle a Riteve una indemnización cercana a los 15 mil millones de colones.
Sabemos que la citada jerarca, distinguida profesional en el negocio de la política, tiene parentesco con el o los propietarios de un poderosísimo consorcio empresarial ligado a la construcción de carreteras, el cual ha logrado una impresionante cantidad de contratos con el MOPT por sumas multimillonarias a lo largo de las dos últimas administraciones, en las cuales la licenciada González ha tenido papeles protagónicos. Se trata de coincidencias, pero podría dar base a interpretaciones de que ese enorme poderío económico sería la base de la enorme incidencia política de la mencionada funcionaria en los últimos años.
Por cierto, hoy recordamos el gran resentimiento, enojo e indignación que generó en el seno del más fuerte núcleo liberacionista del MOPT, la designación por parte del Presidente Arias de la licenciada Karla González como jerarca de dicho ministerio. Los militantes del PLN en el mismo, que se reunieron en ese momento con quien esto escribe, nos indicaron de su profunda frustración pues algunos de ellos se sentían con muchos mayores méritos profesionales y de militancia política verdiblanca para ocupar el mayor cargo político del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Por otra parte, nada mejor para la perspectiva de negocio de la empresa privada a cargo de la revisión técnica vehicular, que nuevas fórmulas de cálculo de la tarifa a su favor se impusieran en estos momentos, cuando 49 tipos de faltas leves se pasarían a considerar como faltas graves; incrementándose así las posibilidades y/o necesidades de reinspecciones vehiculares. Es decir, podríamos hablar de mayores posibilidades de ganancia en el corto plazo.
Ojalá que las fracciones parlamentarias que conservan todavía decoro y dignidad, se decidan a intervenir en este caso. Esperamos de parte del Ministerio Público un relevante papel en esta situación. El distinguido señor Ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga Chaves, está pegando el grito al cielo, un día sí y otro también, de que ya no hay plata en las arcas públicas por motivo de la crisis. ¿Tendrá ahora que correr para darle contenido a un eventual pago del Estado a Riteve?. Por el contrario, esos 15 mil millones de colones bien aliviarían la situación de cientos de familias trabajadoras de clase asalariada, a las cuales la indicada crisis está golpeando duramente por sus bajos salarios.
Instamos, llamamos, exhortamos, a las fuerzas sociales que en aquel momento nos enfrentamos a la imposición abusiva de la concesión privada del servicio público de la revisión técnica vehicular, a que nos reagrupemos de nuevo, a que llamemos a otras fuerzas y así, en una unión renovada, retomemos el gran desafío que ha quedado planteado con la valiente denuncia que Diario Extra ha formulado en tal sentido.
