Pocas veces ha acontecido que un número de un proyecto de ley, de un expediente legislativo, haya logrado posicionarse, tan fuertemente y en tan poco tiempo, en la mente de muchísimas personas, especialmente en el mundo político-social y obrero-laboral del país, como el 19.923.
El expediente legislativo No. 19.923, oficialmente bautizado con el nombre de “Ley para racionalizar el gasto público”, fue la “criatura” que le dio carta de nacimiento al proceso político-parlamentario que le permitió el control de la Asamblea Legislativa a los principales grupos opositores al actual Gobierno de la República, con la elección del directorio para el período constitucional 2016-2017; directorio que quedó encabezado por el diputado liberacionista don Antonio Álvarez Desanti, como Presidente del congreso.
Prácticamente a un mes de tan funesto acontecimiento, el expediente legislativo 19.923 quedará signado por un breve transitar en la corriente parlamentaria dado su enorme potencial explosivo, socialmente confrontativo, plagado de perversas inconstitucionalidades y generador de más divisiones intra-partidos representados en el actual parlamento.
Este proyecto 19.923, “Ley para racionalizar el gasto”, al que nosotros dimos en llamar “Ley para aniquilar el sector Público”, profundizó, por ejemplo, la controversia a lo interno de la fracción parlamentaria liberacionista, aumentando su fractura interna luego de la disputa por la elección de su candidatura a la presidencia legislativa. Prácticamente la mitad de sus integrantes rechazan el proyecto 19.923, pues no es “socialdemócrata” y, actualmente, en el PLN hay gente planteando que éste debe volver a sus raíces originarias ideológico-filosófico-políticas.
Este proyecto 19.923, llevó a una confrontación entre la fracción diputadil de la Unidad, varios de cuyos integrantes corrieron a quitarse la muletilla de “neoliberales” y declararse fieles seguidores del Humanismo Cristiano.
Específicamente y en este punto, hemos de recordar por mucho tiempo la anécdota con relación al diputado don Rafael Ortiz Fábrega, cuya simpatía futbolística por la Liga Deportiva Alajuelense (LDA), es de amplio conocimiento público, quien nos afirmara a propósito del proyecto 19.923, que él “primero se hacía saprissista que neoliberal”.
A la vez y en este mismo partido quedará en la memoria de muchas personas la fuerte posición política del diputado don Humberto Vargas Corrales, quien atacó hasta de “fascistas” a sus colegas de fracción por apoyar el expediente 19.923.
El expediente legislativo 19.923, más que “maldito”, comprende dos grandes ámbitos de pretendida legislación tipo “shock”, al mejor estilo neoliberal de ajustes fiscales por “terapia de choque”, según el clásico recetario fondomonetarista.
El primer ámbito, conocido como el de las “reglas fiscales”, contiene una que pretende que se legisle para “abolir”, así, de un porrazo, el déficit fiscal que anda cercano al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), para obligar a que las arcas públicas tengan un 2% de superávit.
Esta monstruosidad fiscal, esta brutalidad política, haría que el Gobierno reduzca, a mansalva, sin ninguna consideración social y laboral, su gasto, “racionalizándolo”, en 3 billones 200 mil millones de colones, considerando que cada punto porcentual del PIB, equivale a 300 mil millones de colones.
Esos 8 puntos porcentuales de PIB (pasar de un 6 negativo déficit, a un 2 positivo superávit), aparte de la inenarrable confrontación social que se daría en las calles de este país, produciría colapso total, quebrantamiento absoluto, en una serie de servicios públicos del Gobierno central ya de por sí muy deteriorados por las políticas de recortes de los últimos tiempos.
El segundo ámbito de este proyecto “maldito” tiene que ver con el Empleo Público. Las propuestas regulaciones sobre dedicación exclusiva, disponibilidad, evaluación del desempeño, anualidades, un solo aumento salarial anual, bajar todas las cesantías superiores a 8 años para dejarlas en esta cantidad, establecer un tope máximo salarial, etc.; han activado ya todas las alertas sindicales y gremiales-corporativas pues nuestra intensa prédica de muchísimo meses ha calado hondo en cuanto a que el déficit fiscal no se debe a los salarios pagados en el sector Público.
Este segundo ámbito, tanto como el primero, muestran el carácter explosivo del proyecto 19.923, pues no dejan lugar a dudas de su potencial socialmente confrontativo.
Al decir del señor diputado presidente legislativo, el 19.923 “ya no va”. La alianza de partidos de oposición que él encabeza en el control de la Asamblea Legislativa, ha decidido descartar las reglas fiscales tipo “shock”, las de terapia de choque tipo ajuste fondomonetarista, para entrar a discutir una propuesta de reglas fiscales que está formulando el gobierno. Esto habrá que estudiarlo con rapidez y con seriedad pues no hay mucho tiempo para ello.
Con relación al empleo público, el segundo ámbito del “maldito” expediente legislativo 19.923, la concepción ideológica de que los salarios públicos con responsables del déficit fiscal, sigue completamente vigente.
Aunque el señor diputado presidente legislativo, don Antonio Álvarez Desanti, plantea abrir las puertas de un diálogo con los sindicatos en el tema, los pronósticos son reservados, de mucha incógnita.
La verdad es que bien sería mejor entrarle al problema del déficit fiscal por el lado correcto: regresividad tributaria, evasión y elusión, exenciones y exoneraciones, transacciones financieras, debilitamiento de servicios públicos esenciales y estratégicos, por ejemplo.
Pero la real verdad es que este país ocupa de una definición estratégica sobre el modelo de desarrollo que realmente ocupamos en la actualidad ante fenómenos perversos como el creciente desempleo (el abierto y el encubierto), que ronda el 21%; el drama del desempleo juvenil y su faceta de los “ni-ni”; la precariedad salarial (a casi el 30% no se le respeta el salario mínimo de ley); las variables macroeconómicas están bien pero la distribución no está funcionando como debiera; etc., nos indica que una discusión meramente fiscalista y, peor aún, por el lado del empleo público, no nos estaría conduciendo a nada bueno.
