El prestigioso Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dio a conocer la variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con que se cerró el año 2015: -0.81… ¡Inflación “negativa”! por lo que el asalariado siempre lleva las de perder…
Tal y como lo define el INEC, el IPC “mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de los hogares”. Sin embargo, el bolsillo de las personas trabajadoras asalariadas presenta una realidad muy distinta a la de las cifras oficiales de inflación que nos da el INEC.
EL ASALARIADO SIEMPRE LLEVA LAS DE PERDER. Caso del sector privado. Dado que la fijación salarial por “reajuste” por costo de vida para los salarios mínimos que se aplican a la clase trabajadora asalariada del sector Privado, vigente desde el pasado 1 de enero de 2016, fue de 0.67 %, cualquiera podría pensar que con esta inflación “negativa” le tocaría al trabajador “devolverle” a su patrono, un 1.48 %.
EL ASALARIADO SIEMPRE LLEVA LAS DE PERDER. Caso del sector público. Considerando el tan llevado y traído tema del déficit fiscal, la inflación “negativa” se traduce en congelamiento salarial. No habrá “reajuste” por costo de vida para el primer semestre del 2016. Cualquiera también diría que a los salarios base vigentes a partir de enero de 2016 habría que “restarles” un 0.81 (especialmente, los de las categorías más bajas del sistema de Servicio Civil y similares).
La circunstancia que se está presentando con este IPC negativo de -0.81 % con que se abre el año 2016, nos conduce a las siguientes reflexiones:
PRIMERO: Es preciso el establecimiento de nuevos parámetros para el diseño de otra política salarial que no sea la que ha prevalecido en los últimos años: solamente se ha venido reconociendo, semestralmente, variaciones en el costo de la vida y nunca se ha impulsado aumentos salariales para incrementar el poder adquisitivo, para ampliar la capacidad de compra del salario; es decir, para que vía la política salarial haya posibilidades reales de redistribución de la riqueza.
SEGUNDO: Es correcta la posición que viene sosteniendo el Movimiento Sindical Costarricense en el sentido de que la fórmula de cálculo para los reajustes semestrales por costo de vida, vigente desde el 2007, ya quedó completamente obsoleta y no por esta circunstancia de inflación “negativa”. Hace ya varios semestres que quedó en evidencia la inconsistencia de mantener una política salarial centrada, únicamente, en reajustes por costo de vida pues se continuaría por la senda peligrosa e injusta de la potenciación del proceso concentrador de riqueza que experimenta el país desde hace bastante tiempo.
TERCERO: Como parte de tal proceso, es necesario analizar la misma naturaleza integral del IPC actual, en cuanto a si sus 315 componentes actuales (232 en categoría de bienes y 83 en categoría de servicios), realmente están generando las valoraciones más precisas; y, a la vez, si los 15 componentes regulados vs. 300 no regulados, son los más oportunos para un escenario que no muestra avances redistributivos tangibles y constatables pues, al contrario, es el crecimiento de la desigualdad lo que está en auge.
CUARTO: Dado ese divorcio entre la realidad económica que presenta el bolsillo del trabajador vs. las cifras oficiales de inflación y ahora de inflación “negativa”, se vuelve sumamente necesario reflexionar con profundidad sobre la propiedad actual del IPC para medir, con absoluta precisión, lo que pasa en Costa Rica en materia de costo de vida considerando que nuestro país presenta, en promedio, un costo de vida 20 % más alto que el promedio de los países latinoamericanos. Nos preguntamos: ¿Será suficiente con el IPC para medir la realidad del costo de la vida en Costa Rica? ¿Habrá alguna posibilidad metodológica que establezca diferencia cuantificable entre IPC y costo de vida?
QUINTO: Para el caso del sector privado de la economía, se refuerza la necesidad estratégica de que la actual Asamblea Legislativa apruebe el Expediente 19.312, conocido como la “Ley del Salario Mínimo Vital”, a fin de subir el actual nivel de los salarios mínimos, sumamente precarizado por ser Costa Rica un país demasiado caro para vivir.
SEXTO: Urge la actualización a la realidad económica actual que presenta el país de una serie de salarios base muy precarizados, establecidos para el sector Público vía sistema de Servicio Civil, previstos para diversos puestos del Gobierno Central y entes adscritos al mismo, tales como: oficinistas, secretarias, choferes, agentes de seguridad, policías, misceláneos, trabajadores de cocina, mantenimiento, técnicos.
Importante tarea sindical es la que se deriva de esta realidad, misma que ha de ser asumida con mucha responsabilidad y contundencia. Más importante será el apoyo obrero organizado de ambos sectores.
