•El crecimiento de la economía no se refleja en el incremento en el salario mínimo
•Empleados públicos ingresan al quinto año consecutivo de congelamiento salarial total
La clase trabajadora asalariada, la que tiene “suerte” de tener un empleo fijo con salario formal, aunque cada vez con menor poder adquisitivo, llegará al año 2024 con un panorama de mayor empobrecimiento y mayor precariedad sociofamiliar.
En el caso del sector Público, prácticamente la totalidad del mismo entrará en este 2024 a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos, si nos atenemos a criterios ya emitidos por la propia Procuraduría General de la República (PGR).
Para agravar esta circunstancia de serio empobrecimiento salarial del bloque laboral estatal, la deuda del Estado para con el mismo, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó, a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de 7.500 colones a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado.
El propio Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está indicando que sería hasta al año 2025 cuando la relación de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB), esté por debajo de los 60 puntos porcentuales; condición está impuesta por la pérfida regla fiscal.
Lo anterior quiere decir que, aunque en el presupuesto 2024 se incluyeron partidas para pagar esa deuda, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, probablemente no podrá ser materializada y depositada en el bolsillo de cada persona trabajadora empleada pública acreedora de la misma, como se espera para las próximas semanas del nuevo año.
Y, complicando todavía más las cosas, la deuda debería ser cobrada por el engorroso proceso de “reclamo administrativo”: una verdadera irracionalidad que podría generar hasta más de 100 mil procesos ordinarios; lo cual es rechazado, tajantemente por ANEP, por cuanto se puede cancelar de oficio por cuanto los meses adeudados de esos 4 años, en cada caso están registrados en los sistemas informáticos institucionales respectivos.
Las víctimas del sector laboral empleado público incluyen al personal de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas. Está en desarrollo una verdadera conmoción social.
Por lo que respecta al sector privado, el salario mínimo cada vez se aleja más de lo ordenado en el artículo 57 de la Constitución Política de Costa Rica: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Hoy en día, el salario mínimo en la empresa privada ni procura bienestar ni procura existencia digna. Una gran lucha social pendiente que merece ser asumida militantemente; incluso, invocando el Derecho Internacional previsto para ello.
Como es fácil concluir, el ajuste fiscal de la economía costarricense está sobre las espaldas del pueblo trabajador: dura realidad sumamente injusta que compromete nuestros esfuerzos en grado sumo para el año nuevo 2024.
San José, lunes 18 de diciembre de 2023.
*Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP*
*Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP*
