Si la tesis neoliberal extremista del PUSC (Piza) se impone (en lo queda de la presente Asamblea Legislativa, o en la nueva), la de la regla fiscal, es muy probable que la posibilidad de despidos masivos en el sector Público, deje ser eso posibilidad, para convertirse en una realidad cruel cada vez más cercana.
Dada la gravedad del problema del déficit fiscal que estamos enfrentando, las tendencias a que éste se resuelva sacrificando a los que ninguna responsabilidad tienen por ello, la clase trabajadora, siguen tomando fuerza; incluso, con pérdida masiva de empleos públicos.
Es la regresividad fiscal-tributaria, la matriz económica hegemónicamente dominante, la que imperará (continuará siéndolo), en el nuevo periodo constitucional que empieza el próximo 1 de mayo.
Por tanto, el déficit tiende a enfrentarse por el lado de los que menos tienen; y, especialmente, por el lado de los pagadores puntuales de impuestos: la clase trabajadora.
Las personas economistas del Partido Frente Amplio (PFA), nos indican que la tal regla fiscal del PUSC de Piza (o de Miguel Ángel Rodríguez, que él llamó en su momento “garantías económicas”), implica un brutal recorte presupuestario por cada uno de los 4 años por venir, de casi 300 mil millones de colones.
Semejante cantidad anual de recorte presupuestario, con las inflexibilidades jurídicas que tiene el presupuesto de la República, en algún momento habrá que tocar el empleo público, recortándolo, despidiendo gente.
Con esa cantidad multimillonaria de recorte presupuestario por cada uno de los cuatro años próximos, según la regla fiscal del señor Piza (avalada por Liberación y por el PAC), al menos, unos 15 mil empleos públicos están en riesgo de eliminarse, pues no habrá ingresos frescos provenientes de cambios estructurales en cuanto a trasformaciones tributarias por el lado de la renta. Nadie se le quiere “meter al tren”, porque esto significa poner a pagar lo que realmente deben de pagar los grandes ganadores del modelo de transformación económica que los gobiernos PLUSC nos impusieron en las últimas administraciones.
De manera demagógica, la Unidad de Piza (y ahora también de don Rafael Ortiz), dicen que toda esa plata a recortar saldrá de eliminar consultorías y gastos superfluos. Ambos señores saben que tal nivel de recorte no se alcanzará desapareciendo radicalmente todo tipo de consultorías, ni llevando al exterminio total todo lo que se conciba como gasto superfluo.
La gritería que acaba de pegar la prensa del capital, al acusar al PFA de “inventar” que podría darse unos 60 mil despidos en el sector público, producto de la regla fiscal PUSC-PLN-PAC, lo que lleva es a darle solidez a la tesis de eventuales despidos masivos en la administración pública, pues queda claro que aplicar un recorte de 0,75 PIB en el cuatrienio 2018-2022, significa echar gente a la calle porque la única manera de recortar tajantemente el gasto público como ellos quieren, es reducir el monto de la planilla pública. Sin nuevos ingresos tributarios frescos, sin cero consultorías y sin gasto superfluo, el déficit fiscal no bajará, al menos que ocurra una trasformación tributaria estructural radical y conceptualmente global e integral; tal y como viene siendo evidente que se ocupa algo así desde mediados de los años 90 del siglo pasado.
