La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) revocar algunas acciones en contra de estudiantes del Curso Básico Policial debido a que dichos procesos son discriminatorias.
En días recientes, la organización sindical ha recibido el reporte de al menos cinco personas, quienes luego de haber superado pruebas físicas, médicas, psicológicas, de vidas y costumbres, se les considera de un día para otro como “no idóneos” por presentar algún problema físico menor, que no les impide realizar otras actividades.
Una vez que los estudiantes pasaron los procesos de reclutamiento y selección para formar parte de la Fuerza Pública, reciben una notificación por parte de la secretaría del Comité de Evaluación de la Escuela Nacional de Policía, en la que se les comunica “la pérdida de la condición de estudiantes, en forma definitiva del Curso Básico Policial, por pérdida de la idoneidad del cargo”.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública destacó que dicha práctica es reprochable, discriminatoria y vergonzosa debido a que el MSP debe profesar los más altos valores de solidaridad y respeto de los Derechos Humanos.
Anchía detalló que en uno de los casos se declara “no idóneo” a un joven por haber sufrido hace algunos años una fractura de tibia derecha. No obstante, se cuenta con certificado de un médico ortopedista que señala que no existe ningún impedimento para la realización de ejercicios y/o trabajos físicos.
En otro de los casos, se considera “no idóneo” a un joven que completó la carrera de tres kilómetros en un tiempo de 12:45”, obteniendo el puntaje de 100% en dicha prueba y es rechazado debido a que hace algunos años sufrió una mordedura de serpiente en su muslo izquierdo.
“Consideramos como vergonzoso y de doble moral el que se venga a discriminar y a lesionar la ilusión de personas jóvenes, quienes, habiendo superado los filtros de selección, se ven excluidos del Curso Básico Policial, por presuntamente no ser “idóneos” por viejas lesiones físicas. Esto no es nuevo. También tenemos constancia de oficiales que luego de años de servicio, al momento de algún accidente que disminuye su capacidad física, terminan siendo “desechados” como si dejaran de ser útiles a la institución y a la sociedad”, indicó Anchía.
El sindicato presentó ante la viceministra de seguridad, María Fullmen una acción de revocatoria amparados en la Ley 7600, la cual establece que “se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes; el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante; y, el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo”.
