La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra el estrepitoso fracaso del alto corporativismo empresarial en su intentona de institucionalizar, de manera definitiva, la impunidad en el robo de impuestos y en materia de fraude fiscal… al menos por ahora porque habrá que esperar lo que pueda venir en el propio plenario legislativo.
Para la ANEP, Uccaep y AmCham han mostrado su verdadero rostro: el bien común no es su prioridad, lo cual es sumamente grave para sus propios intereses corporativos, en momentos en los cuales la desigualdad creciente pone en riesgo el necesario buen clima de negocios que los socios de ambas cámaras ocupan para el bienestar de sus asociados directos y la seguridad de los inversionistas que dicen proteger.
Particularmente, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham), quedan duramente descreditadas ante los ojos de una ciudadanía que es pagadora de sus impuestos, como lo es la clase trabajadora asalariada y no asalariada.
“Otros grandes perdedores en materia de transparencia y de credibilidad son los abogados tributaristas Adrián Torrealba, Alan Saborío y Francisco Villalobos. Su proclividad para poner sus conocimientos profesionales en materia tributaria al servicio de la ahora fracasada intentona de institucionalizar la impunidad en materia de robo de impuestos y de fraude fiscal, pone en gran evidencia la necesidad de que se legisle para que quien ha ocupado los máximos puestos político-jerárquicos en Aduanas y en Tributación queden con prohibición expresa de pasarse de acera, al menos por un tiempo decente para que “disimulen”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Vargas detalló “se supone que tales puestos son estratégicos para una sociedad que pretende poner la promoción del bien común, la inclusión y la equidad sociales como centro de sus políticas; y que luego jerarcas de tal nivel, una vez que dejan esos puestos y pasen de manera inmediata a servir altos intereses corporativos centrados en la promoción del lucro privado y con gran resistencia para honrar sus responsabilidad fiscales para con la sociedad, abre gigantescas interrogantes acerca del carácter que habría tenido en sus respectivos momentos, gestión tributaria que les fueran confiadas antes de que se pasaran de acera”.
Para el representante de la ANEP, bien harían los tres mencionados ciudadanos expertos en indicarle al país cómo se benefició la sociedad cuando ellos ocuparon el más alto puesto de la política pública en materia hacendario-tributaria. Según su comportamiento notorio en la circunstancia actual del trámite parlamentario del actual proyecto de ley en materia de fraude fiscal.
La “furiosa” reacción de los diputados de la alianza opositora que controla el actual directorio legislativo, no indica otra cosa que, efectivamente, estuvieron bien involucrados en la estratagema (Acción hábil y engañosa para conseguir algo), ahora fallida, para legalizar la impunidad en el robo de impuestos, en confabulación con Uccaep, con AmCham y con la asesoría de los ahora cuestionados profesionales tributarios citados. Por más rabietas que hagan, su transparencia, también, ha quedado muy lesionada.
