La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), condena, con energía, las perversas pretensiones del alto corporativismo empresarial, de sus renombrados bufetes y de exjerarcas tributario-aduaneros, para facilitar que en nuestro país el robo de impuestos continúe sin control, se profundice y hasta que quede, prácticamente, en total impunidad.
Con estupefacción tomamos nota de que en el mismo día en que se anuncia el reinicio de los trámites para recortar salarios en el sector Público, vía proyecto de Empleo Público que elimina toda clase de pluses salariales; en ese mismo día se destapa la repudiable maniobra político-parlamentaria que pretende bajar las actuales penas por robo de impuestos, que están estipuladas hoy en día con 5 a 10 años de cárcel, dejándola en 2 años, es decir, anulándola prácticamente con el beneficio de la ejecución condicional de la pena que se le daría al evasor atrapado en ese delito.
Repugnante resulta, además, que los inescrupulosos profesionales duchos en artimañas para enseñar al empresariado a evadir impuestos, sigan en total impunidad y no se les vaya a penalizar su incorrecto proceder, en perjuicio del bien común de las grandes mayorías populares.
Realmente estaríamos enfrentando una especie de catástrofe ética y un atentado “terrorista” contra la transparencia si a los exjerarcas tributario-aduaneros con vocería diputadil-parlamentaria, que están proponiendo mociones rebajar las penas por robar impuestos, se las acogen y/o aprueban, ejecutándose así una especie de descarado tráfico de incluencias a favor de clientes de su portafolio de negocios tributarios, clientes que en estos momentos enfrentarían o estar por enfrentar demandas penales por fraude fiscal.
El cinismo de los exjerarcas tributarios-aduaneros es totalmente condenable al jactarse de la aplicación de sus conocimientos evasores, traduciéndolos en mociones parlamentarias para debilitar el proyecto de fraude fiscal actualmente en trámite en la comisión hacendaria del parlamento; proyecto que, ya de por sí, había sido manoseado desde el alto corporativismo empresarial para quitarle intensidad punitiva en materia de robo de impuestos.
Los empleados públicos deben saber que ya se empezó a negociar entre bambalinas parlamentarias sus salarios y sus sobresueldos, mediando ciertas intervenciones diputadiles que son las mismas que están a favor de la impunidad en el fraude fiscal y a favor de que continúe el robo de impuestos.
