En la campaña electoral para las elecciones de febrero del 2014 el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís Rivera, ofreció al electorado que no iba a poner impuestos en los dos primeros años de gobierno. Ganó las elecciones y recibe de la Administración liberacionista de Laura Chinchilla un déficit fiscal calcula para el 2013 en 5.4 % del PIB, una deuda de $9 billones, aproximadamente un 55.1% del PIB. Además del problema del déficit fiscal y la enorme deuda heredadas, se suma el del robo de impuestos: “El incumplimiento del Impuesto General de Ventas (IGV) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el año 2013 se estima en 8,22% del PIB lo cual resulta similar a lo observado en 2010 (8,21%). Es importante aclarar que esta estimación de incumplimiento toma en cuenta tanto la evasión, la elusión y la mora” .
Estos datos son muy necesarios para comprender la dimensión del problema económico por el que transita nuestro país.
La Administración Solís Rivera apostó, en un inicio, por presentar a la corriente legislativa, proyectos fiscales por separado, así las cosas, en julio del 2014 presentó el Proyecto 19245 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada como Ley Nº 9416 en diciembre del 2016; en noviembre del 2014 el Proyecto 19407 Ley para Mejorar la Lucha Contra el Contrabando, aprobada como Ley Nº 9328 en octubre de 2015; en agosto del 2015 los proyectos: 19678 Ley del Impuesto al Valor Agregado y 19679 Ley de Impuesto sobre la Renta sin aprobar e incluidos en el expediente 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas conocido popularmente como Combo Fiscal; y, en diciembre del año 2015 el Proyecto 19818 Ley de Personas Jurídicas, aprobado en marzo del 2017, bajo el número del Ley 9428. Estos proyectos, más las leyes aprobadas, sufrieron una férrea oposición tanto de sectores empresariales como de parte de los partidos de oposición al gobierno, abiertamente el PUSC y PLN minaron constantemente el tránsito de estos en la Comisión de Asuntos Hacendarios, papel preponderante fue el jugado por el ex Diputada Rosibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana y el Ex diputado del Partido Liberación Nacional y Ex Candidato Presidencial Antonio Álvarez Desanti. Podíamos afirmar categóricamente que los proyectos aprobados, sobre todo la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y la Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando fueron bien recortaditos, como se dice en el lenguaje popular legislativo, esto significa ni más ni menos que ambas leyes quedaron muy limitadas en su aplicación y que contribuyen muy poco al objetivo perseguido.
Paralelamente a esto, desde el puro inicio de la administración Solís Rivera, se abrió una campaña de desprestigio en contra de lo público, campaña orquestada desde los sectores de capital financiero beneficiario de las políticas públicas de los gobiernos del bipartidismo, de las medidas del Consenso de Washington, de los Paquetes de Ajuste Estructural – PAES, y de la apertura comercial del capitalismo salvaje de los Tratados Comerciales y la globalización. Esta campaña consiste, hoy es igualmente manejada así, en achacar al empleo público la culpa del déficit fiscal y de todos los males del Estado, además en hacer creer a la ciudadanía que los empleados públicos son corruptos, vagabundos e ineficientes, y que ganan mucho porque tienen muchos privilegios. En este contexto, la Diputada del Partido Liberación Nacional Sandra Piszk Feinzilber presenta un proyecto para reducir los salarios del sector público, el Proyecto 19506 Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales en el Sector Público. Este proyecto se presenta en marzo del 2015. Para setiembre del 2015 la presión mediática y política sobre el empleo público era demasiada, al punto que la Ministra de Planificación Olga Marta Sánchez solicita una audiencia en el plenario de la Asamblea Legislativa y presenta un documento denominado “Gestión del Empleo Público y la situación de las Remuneraciones del Sector Público”, documento que se contrapone a la exposición de motivos, en términos generales, del Proyecto 19506. Otro elemento que socavó la base de este proyecto fue el informe de Hacienda y luego de la Contraloría General de la República de que este proyecto, 19506, no resolvía nada del déficit fiscal, en aquellos momentos los cálculos más optimistas decían que de aplicarlo plenamente se lograría 0.5 del PIB. El proyecto cayó en estado de coma. Claro está, ni Doña Sandra ni el PLN lo dejaron así y exigieron un Título específico de empleo público en el Proyecto 20580.
Con números descritos arriba: déficit fiscal, endeudamiento del Estado, altos índices en evasión y elusión, y con este panorama legislativo en el que se ponían obstáculos para la aplicación de una política fiscal progresista, entendida esta como que el rico pague como rico y el pobre como pobre, el gobierno de Luis Guillermo llega a un cuarto año de administración con serios problemas financieros.
El sector empresarial y la oposición del PLN y del PUSC logran doblar al gobierno de Luis Guillermo Solís y a su equipo económico, en noviembre del 2017, luego de muchos meses de una fuerte presión en las finanzas públicas, se presenta el Proyecto de Ley 20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido popularmente como Combo Fiscal. Cuatro componentes incluyen en este proyecto: El Título I convierte el Impuesto de Ventas (I.V.) en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (propuesta inicial del Gobierno de Luis Guillermo Solís); el Título II se refiere a la Ley de Impuestos a los Ingresos y Utilidades ( propuesta inicial de Ley de Renta también del Gobierno de Luis Guillermo); el Título III es la Modificación de la Ley de Salarios de la Administración Pública (parte de la propuesta inicial de la Diputada Sandra Piszck, proyecto 19506), y, el Título IV establece la Responsabilidad Fiscal de la República (la Regla Fiscal es una propuesta original de Ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez, su partido PUSC y su Gobierno). El proyecto de marras no resuelve el problema fiscal, es regresivo y pronto la sociedad costarricense estará siendo otra vez acosada por los grupos hegemónicos del gran capital con el fin de arrebatarle lo poco que tiene.
Esta es la situación que encara el nuevo Gobierno de Carlos Alvarado, segundo consecutivo del PAC. Un proyecto de Ley heredado de su antecesor, impuesto por los partidos añejos del bipartidismo: PUSC y PLN y por empresarios plutócratas, negociado entre la primera y segunda campañas de este año para recibir apoyos electorales, recibido por Carlos Alvarado con alegría, por lo que se ve, de su alter ego Rodolfo Piza y de su grupo neoliberal de campaña y que ahora ostenta cargos ministeriales estratégicos en lo económico. El Partido Acción Ciudadana pasó de ser un partido que en 2013 propugnaba un cambio y se decía ser progresista, a uno que levanta las banderas de las viejas políticas neoliberales, todo en un solo gobierno de seis meses: un salto al vacío político.
