Varios años ya. Meses y meses. Semana tras semana. Día tras día. Hora tras hora. Y, sin embargo, han fracasado estrepitosamente pese a que lo manifestaron miles de veces por los más diversos medios.
Se les ha ganado la partida porque, escribámoslo en mayúsculas: EL DÉFICIT FISCAL NO ES RESPONSABILIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA. Ni la del sector público, ni la del privado.
Ni de la que está desempleada, ni la que está en la informalidad. Ni de las micropequeñas y medianas empresas. Así de contundente. No pudieron y no han podido refutarlo. ¡Ya no lo lograron!
Lo han intentado todo, especialmente en materia de empleo público. Han ofendido, han injuriado, han calumniado, han difamado, han mentido, han atizado el odio y la cólera, tratando de propiciar un enfrentamiento intraclase, es decir, entre la clase trabajadora asalariada del sector público y la del sector privado; cuando lo que en realidad está en desarrollo es un conflicto estratégico entre estas dos, con la clase del capital insanamente apropiado mediante la usura, el fraude fiscal incontrolado y la evasión tributaria desenfrenada, la corrupción con fondos públicos, las megacompras estatales, las exenciones-exoneraciones, la especulación financiera, las violaciones laborales y la sobreexplotación obrera.
Sin embargo, de manera enfermiza, siguiendo el fracasado recetario macroeconómico-neoliberal, insisten en su carrera loca y en el desenfreno de su desbocado despropósito para imponerle a la sociedad el combo fiscal-paquetazo de impuestos, proyecto de ley No. 20.580, conocido en el lenguaje de ellos como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El combo fiscal-paquetazo de impuestos es abrumadoramente inequitativo, potenciador de la desigualdad que nos azota como país, fortalecerá todas las formas de corrupción fiscal y no resolverá en profundidad el problema de las debilitadas finanzas públicas y su desequilibrio o déficit fiscal.
Uno de los más grandes vacíos en la discusión nacional sobre el déficit fiscal tiene que ver con el tema de la utilización de los recursos públicos en las megacompras del Estado y su sistema licitatorio.
Precisamente, dada la intoxicación “informativa” de la matriz hegemónico-mediática dominante, con su insana operación de propaganda de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra de la clase trabajadora, este tema de las megacompras del Estado ha estado en la sombra, “escondidito”.
En este asunto de las megacompras estatales queremos llamar la atención en cuanto a lo que la Contraloría General de la República (CGR) indica en sus “Estadísticas sobre Compras con Fondos Públicos”.
Revisando el “Informe Anual de la Actividad Contractual”, tenemos que, para el pasado año 2017, las compras del Estado que se indican en ese registro ascendieron a ¢1.585.163.949.422 (un billón 585 mil 163 millones, 949 mil 222 de colones), lo que equivale a 4,52 puntos PIB.
Gran parte de esta gigantesca cantidad de dinero público va directo a las arcas del sector privado, sin que la sociedad tenga noción concreta de los resultados reales que esta inversión pública genera, tanto en obra, como en tributos, como en lo social-laboral y la seguridad social.
¡Vean ustedes! El monto total de las compras del Estado según registros del ente contralor, durante el año 2017, fue de 4,52 puntos PIB. Esta cifra es un 62,5 % del déficit fiscal esperado para el final de este año 2018, que es de 7,2 puntos PIB.
¿No será este el “lado oscuro”, la “cara oculta” del déficit? ¿No merece esta situación ser objeto de debate nacional en un ambiente sano, sin intoxicación mediática alguna?
Y doblemente llama la atención el siguiente dato: El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) dispuso en compras públicas la cantidad de ¢260.854.045.372 millones: 260 mil 854 millones, 45 mil 372 millones de colones, es decir, 0,74 puntos PIB. Y, por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 194.759.012.558 millones de colones, 0,55 puntos PIB.
Ambas, Cosevi y Conavi, invirtieron, en el año 2017, 455 mil 613 millones, 57 mil 930 de colones, el equivalente a 1,30 puntos del PIB. ¿No creen ustedes que este tema debe ser objeto de discusión pública cuando hablamos del déficit fiscal?
Y si seguimos analizando con más cuidado y puntillosamente este asunto de las megacompras del Estado, la misma CGR nos brinda información estratégica que se desprende de su informe “Adjudicatarios con actividad contractual registrada en el año 2017”. Solamente dos “megaempresas” recibieron solicitudes-órdenes de megacompra por el valor de 421.860.378.115 millones de colones, lo que equivale 1,20 puntos PIB.
Según el registro de la CGR, a la empresa “Centro de Lubricación para Supermercados Sociedad Anónima”, se le adjudicó compras por la cantidad de 250 mil 137 millones 126 mil 977 colones (250.137.126.977) ¡Escuchen ustedes! ¡Una sola empresa recibe órdenes de compra del Estado por 0,71 puntos PIB!
Otro consorcio privado, “Grupo Empresarial El Almendro Sociedad Anónima”, negoció compras del Estado, solamente en el año 2017, de 171 mil 723 millones, 251 mil 138 colones (¢171.723.251.138). Esto equivale a casi medio punto porcentual del PIB, específicamente, 0,49 %.
Es decir, entre solamente dos megaempresas, se adjudicaron el 26,61 % de los fondos públicos destinados al rubro de licitaciones-compras del Estado, durante el año 2017: ¡1.20 puntos del PIB! Ambas encabezan el ranking de “Adjudicatarios con actividad contractual registrada en el año 2017”, de la Contraloría General de la República.
¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Cuáles son los intereses que hay en todo esto? ¿Cómo tributan estas megaempresas? ¿Tienen conexiones político-electorales? ¿Este tema de las megacompras del Estado es parte o no del déficit fiscal? ¿Más impuestos para el pueblo para que siga así todo esto…? ¡No!
