Parece sediento de venganza y de revanchismo, mostrándose enfadado, virulento, rabioso.
Eso no es conveniente en un ciudadano integrante del Poder Legislativo de la República. “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”, decía una de las más famosas frases célebres del inolvidable comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, con su personaje estrella, el Chavo del Ocho.
Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez no puede disimular la furia que le ha provocado la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, la lucha popular contra el más detestado proyecto de ley desde el del combo ICE en el año 2000; ante las movilizaciones masivas, nacionales, regionales y sectoriales que han ocurrido en el país desde el 10 de setiembre y hasta la fecha, el día número 66 de esta histórica lucha cuya columna vertebral, de principio a fin, es el Magisterio Nacional.
Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez muestra su perturbación mayúscula por los procesos judiciales de calificación de huelga y por algunos fallos que han dado positivo para el personal trabajador; aunque en la mayoría de los casos ya resueltos la huelga resultó ilegal.
Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, cual “terminator sindical”, no solamente está proponiendo un proyecto de ley de exterminio de la constitucionalidad inherente al derecho de huelga obrera y la disolución-liquidación de sindicatos; sino que está presionando para que tal monstruosidad jurídica se tramite a golpe de tambor mediante el pernicioso mecanismo parlamentariamente democrático de vía rápida (artículo 208 bis).
Don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, quien funge como diputado gobiernista según el criterio que de su comportamiento político parlamentario tiene el propio presidente de su partido, don Jorge Pattoni Sáenz; pretende que nuestro país involucione y retroceda 70 años en el desarrollo del Derecho Laboral, pues ese es el tiempo que se avanzó con la promulgación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), con relación al surgimiento del Código de Trabajo, en 1943.
Por tanto, es muy importante que los señores diputados y las señoras legisladoras cuya sensatez marca su desarrollo político en el actual parlamento, comprendan que ni el odio, ni la venganza, ni la ira, ni la revancha pueden ser sentimientos humanos sanos en ninguna circunstancia; mucho menos, cuando se trata de legislar y/o de modificar textos jurídicos con incidencia en la vida de miles de personas, así como en el devenir institucional de una Democracia.
La Reforma Procesal Laboral (RPL) fue producto de un proceso de construcción sociopolítica compartida durante 17 años, con la participación del Poder Judicial y de cinco gobiernos (curiosamente de los partidos integrantes del triunvirato gobernante de la actualidad: el PLUSC-PAC).
Fue debatida en dos periodos constitucionales parlamentarios, se gestó en el Poder Judicial y se impulsó en un intenso, sistemático y perseverante proceso de ingeniería política desde el mundo sindical; llegándose, incluso, a un acuerdo con el gremio empresarial-corporativo más grande del país.
Además, con su aprobación el país se limpió la cara ante la comunidad mundial del trabajo, conjuntada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la cual el país saldó una deuda pendiente de muchos años, dada nuestra prédica de nación supercampeona en materia de Derechos Humanos.
Las aviesas intenciones del indicado legislador tienen efectos perniciosos para el país en cuanto a su prestigio internacional: un Estado poco serio, revanchista y que, por una circunstancia coyuntural, decide renegar de sus propios avances en materia de derechos laborales, comprendidos éstos como parte esencial de los Derechos Humanos; de esos Derechos Humanos de los cuales se reniega desde el neoliberalismo progresista procurando evitar estén al alcance del mundo obrero. Modificar la Reforma Procesal Laboral en el marco de un escenario político-social confrontativo, de cara al exterior del país, será hacer el ridículo ante los ojos de la comunidad internacional.
Modificar la Reforma Procesal Laboral, según lo está pidiendo ya el propio Alvarado Quesada, golpeará la imagen internacional del país como estado democrático emblema del respeto a los Derechos Humanos; porque consta al país y allende de él, que en el marco de la confrontación social que emergió desde el pasado 8 de mayo, ambos (el mandatario y el legislador citado), muestran peligrosas tendencias autoritarias y desafiantes ante fallos judiciales que no son de su agrado; presentándose un episodio de crisis institucional de poderes que no se ha vivido en muchos años.
Ante el surgimiento de peligrosas tendencias autoritarias en el seno del triunvirato gobernante PLUSC-PAC y su expresión legislativa, misma que es encabezada precisamente por el legislador Benavides Jiménez, se abre la oportunidad de la construcción de una gran coalición patriótica para darle paso a un frente democrático, garante de la preservación perpetua y de respeto pleno a los Derechos Humanos integralmente asumidos. Esto es parte de lo que está en juego ante el enfermizo intento de destruir los contenidos de la Ley de la Reforma Procesal Laboral.
