El extremismo ideológico de corte neoliberal que impregna el proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”, resulta inadmisible desde cualquier punto de vista, tratándose de servicios públicos esenciales para la paz como los policiales.
Como se recordará, el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa se dio la elección de su nuevo directorio para el período constitucional 2016-2017, quedando el mismo totalmente contaminado de esa enfermiza aversión patológica contra todo lo que tiene que ver con el sector Público, con base en la tesis apocalíptica de que el déficit fiscal es de tal magnitud que ya estamos llegando al “fin de los tiempos”.
Hemos optado por catalogar al proyecto “Ley para racionalizar el gasto público”, con un concepto que realmente significa su real contenido. Para nosotros se trata, en realidad, del proyecto “Ley para aniquilar el Sector Público”, pues las reglas fiscales que contiene llevará a una importante cantidad de servicios públicos a niveles de altísima precariedad, radical ineficiencia, brutal ineficacia y expondrán a mayor y gran peligro a quienes trabajan para los mismos. Es el caso de los servicios policiales del Estado central los cuales, por el contrario, urgen de más recursos, más personal, más tecnología, más infraestructura, etc.
Es totalmente incomprensible y peligrosamente extremista que este tipo de servicios públicos, como los policiales, sean víctimas de la “regla de superávit primario para el Gobierno Central”, o de la “regla de límite al crecimiento del gasto público”; ambas incluidas en la “Ley para aniquilar el sector Público”.
La realidad institucional, la realidad de salud ocupacional, la realidad salarial de las y de los policías costarricenses es, sinceramente, de altísima explotación y remuneraciones no acordes con el riesgo y exigencias de su labor, creciente estrés, alto riesgo físico y de sus propias vidas, desintegración familiar, desarraigo social-comunal y deterioro de su situación socioeconómica.
Los y las policías no deben ser sometidos a la lógica del “integrismo fiscalista” contra los salarios del sector Público que contiene la “Ley para aniquilar el sector Público”. Todo lo contrario, el país debería tener un específico sistema salarial para todo el estratégico cuerpo de servidores públicos del Estado.
La Fuerza Pública requiere de un fortalecimiento estratégico, dentro del cual destaca la erradicación de los tugurios que representan la mayoría de sus sedes: altamente insalubres, de bochornoso hacinamiento y de escasa privacidad personal, para mencionar una pequeñísima parte del grave entorno sociolaboral que afecta el trabajo del mayor cuerpo policial costarricense.
Las comunidades demandan mayor presencia en materia de seguridad ciudadana, especialmente aquellas en las cuales la exclusión y la desigualdad social, junto a la pobreza y a la precariedad, están nutriendo el negocio del narcotráfico con sus secuelas de violencia y de pérdidas de vidas inocentes.
Específicamente, la Policía de Control de Drogas (PCD), como parte esencial de la Fuerza Pública, requiere que se le tenga como parte fundamental, debidamente fortalecida, ante este creciente papel del narcotráfico en nuestra sociedad; negocio sucio que según el Gobierno de los Estados Unidos está moviendo unos 4.200 millones de dólares, ¡al año!, es decir, poco más de 8 puntos porcentuales de PIB.
Además, la gran ventaja económica para el país del creciente turismo, conlleva riesgos y la expansión de la infraestructura aeroportuaria que se está planteando, nos indica que la Policía Aeroportuaria del país debe considerarse para su expansión y fortalecimiento.
La Policía Penitenciaria urge de casi mil plazas más. El actual personal sumamente explotado ya, no da abasto en la labor de contención de seguridad ante el incontenible hacinamiento carcelario y de ahí que esté al rojo vivo la polémica de si la salida correcta a este problema sea la liberación irrestricta de personas privadas de libertad que no han sido debidamente preparadas para ello.
La “matazón” en las carreteras nacionales, especialmente la de motociclistas, en parte tiene relación con un debilitamiento del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito. El país no está atendiendo de manera adecuada los desafíos de seguridad vial que implica un parque vehicular excesivo y con contenido de altísimo estrés por parte de los conductores ante el caso vial nacional. ¡Hacen falta unos 1.300 policías de tránsito!
Estamos perdiendo el control de los parques nacionales y de las áreas de conservación ante la escasez de personal guardaparques. La cacería furtiva y el negocio sucio del narcotráfico se están apoderando de estas estratégicas zonas del territorio nacional y estamos quedando en ridículo ante la comunidad internacional, pues se cae a pedazos la imagen de “país verde” que asegura tener protegido el 25% de su territorio nacional para efectos de conservación ecológica, lo cual está dejando de ser cierto porque ya casi no hay personal especializado que se encargue de esta tarea.
El fenómeno migratorio nos tiene ya rebasados. Una debilitada aunque muy sacrificada policía migratoria no puede, por más que quiera, realizar verdaderas tareas estratégicas de contención de la ola migratoria que nos azota, sin caer en xenofobias de ningún tipo. La dolorosa cuestión social de las personas cubanas y africanas, últimos episodios de esta tragedia humanitaria que es el tráfico internacional de personal, nos retrató de cuerpo entero en cuanto a la imperiosa necesidad nacional de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería de Costa Rica.
Un país como Costa Rica con un porcentaje de robo de impuestos en todas sus formas de 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), no puede tener una Policía Fiscal con tan poquísimo personal. Los éxitos que últimamente hemos visto en la prensa sobre ataque a la defraudación de impuestos nos muestran las potencialidades que este cuerpo policial expresa como para no entrarle a su fortalecimiento estratégico. Es más, el combate a la evasión fiscal en todas sus dimensiones y a la elusión tributarias de distinto orden, deben ser un asunto de emergencia nacional y la Policía Fiscal acrecentar fuertemente su rol en ello.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía judicial costarricense enfrenta un creciente desafío ante el poder de la criminalidad que estamos presenciando y viviendo; pero, paradójicamente, ya están viviendo diversos problemas de operatividad por las severas restricciones presupuestarias que se le están aplicando y sus oficiales están denunciando situaciones de sobreexplotación laboral inadmisibles en un poder del Estado como el Judicial.
La situación para los distintos cuerpos policiales de las municipalidades no es la mejor en este escenario de “integrismo fiscalista”. El sector municipal está incluido con la ““Ley para aniquilar el Sector Público”, con lo cual sus estrictas reglas de contención salarial les afectará en cuanto a los sistemas de dedicación exclusiva y de disponibilidad, por ejemplo. Aparte de que tal legislación representa una flagrante violación a la autonomía constitucional del régimen municipal.
Como vemos, los señores diputados y las señoras diputadas que se juntaron con su colega Otto Guevara Guth para impulsar la aprobación del proyecto nefasto “Ley para racionalizar el gasto público”, que en realidad es el proyecto “Ley para aniquilar el Sector Público”, han caído en irracionalidades peligrosísimas para la paz social y para la estabilidad de la Democracia misma.
El caso de los cuerpos policiales del Estado central es muestra fiel de que tales extremismos fiscalistas son disparadores de la violencia y de la exclusión social, con mayor crudeza y peligrosidad.
Hacemos una vehemente instancia a las agrupaciones gremiales de estos cuerpos policiales a que se reúnan con urgencia para analizar toda esta grave situación y llamar la atención diputadil para que la Asamblea Legislativa “no juegue con fuego”.
