Leímos en el periódico La República del pasado lunes 2 de mayo de 2016 (página 8 Nacionales), un campo pagado firmado por un señor de nombre Pedro Muñoz Fonseca (cédula No. 5-247-526), a nombre de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, dando a conocer los contenidos explícitos del pacto que le permitió a los ricos y a los representantes parlamentarios de los ricos de este país, “asaltar” el directorio de la Asamblea Legislativa para el año parlamentario-constitucional 2016-2017.
Los ricos están recomponiendo su sistema de partidos políticos y han logrado “reconstruir” el viejo y detestado “PLUSC” (Unidad-Liberación), por lo menos a nivel parlamentario; y, con el apoyo del diputado Otto Guevara Guth, más la complicidad tácita de su colega Ottón Solís Fallas y de la legisladora Epsy Campbell Barr, están lanzando ahora una nueva ofensiva en contra del Empleo Público, en contra de los empleados públicos y de las empleadas públicas, en contra de los servicios públicos; culpabilizando injustamente, otra vez y en este nuevo escenario, a la clase trabajadora, de manera directa o indirecta, del grave problema del déficit fiscal.
Esta alianza parlamentaria al servicio de la derecha política del capital, nos informa en ese campo pagado su Acuerdo de agenda de interés nacional, Legislatura 2016-2017, firmado por estos señores diputados y estas señoras diputadas: José Alberto Alfaro, Fabricio Alvarado, Antonio Álvarez, Marta Arauz, Maureen Clark, Natalia Díaz, Otto Guevara, Gonzalo Ramírez y Mario Redondo.
Notará usted que no aparecen los nombres de los legisladores del PUSC, pero ellos estuvieron hasta la médula en la gestación de este acuerdo y solo por el maniobrerismo político muy usual en las prácticas del viejo “PLUSC” no aparecen, descaradamente, citados en el campo pagado. Mencionémoslos, también: Rosibel Ramos, William Alvarado, Rafael Ángel Ortiz, Luis Alberto Vásquez, Gerardo Rojas, Johnny Leiva, Humberto Vargas y Jorge Rodríguez.
Desde la perspectiva sindical llama la atención estos tres puntos del acuerdo en mención. En el apartado 1., denominado Control de gasto y estabilidad fiscal, leemos: “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa (Exp. No. 19.922), en el entendido que no tendrá incluidas modificaciones a legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.
También se lee en este mismo apartado 1.: “Ley para racionalizar el gasto público (Exp. 19.923), en el entendido que no tendrá incluidas modificaciones a la legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.
En el apartado 3., denominado como “Toma oportuna de decisiones en el Parlamento”, destaca lo siguiente: “Vía rápida para conocer los expedientes No. 19.922 (reforma integral a los diversos regímenes de pensiones) y No. 19.923 (Ley para racionalizar el gasto público), en el entendido de que no tendrán incluidas modificaciones a la legislación que tutela los derechos laborales del Magisterio Nacional”.
Por supuesto que de ser cierto que el Magisterio Nacional no sufrirá las agresiones del capital a sus derechos laborales largamente consolidados y ganados por sus luchas históricas, ¡nos alegramos, sincera y transparentemente! Expresamos nuestro júbilo de que, repetimos, de ser cierto que quedarían fuera de la Ley de Empleo Público, de que quedarían fuera del salario único, de que no les eliminarán sus pluses salariales y no les rebajarán sus anualidades, ¿cómo no vamos a estar felices de que ello ocurra? Por supuesto que, reiteramos, ¡qué gran alegría!
Pero (y aquí viene el “aguafiestas”): El diputado liberacionista, uno de los artífices del indicado acuerdo, reclama para sí mismo la “paternidad” de la idea de excluir al Magisterio Nacional de la cacería de brujas que ha estado representando el ataque del capital al Empleo Público, indicando que lo ha venido conversando con líderes gremiales del sector educativo.
Que un líder gremial hable con un líder político no tiene nada de malo, pensamos nosotros. Conocemos de la probidad y de la ética que caracteriza a quienes están dirigiendo hoy en día a las organizaciones sindicales históricas del gremio educativo, y estamos pensando lo mismo sobre quienes de ellos no piensan como nosotros en el enfoque sindical que exige la realidad sociopolítica actual del país.
Lo controversial del asunto es que surgen estas interrogantes: ¿qué pasará con el personal no docente del Magisterio Nacional?; ¿la exclusión del Magisterio Nacional según ese pacto parlamentario que, ¡sorprendentemente!, tiene el apoyo de Otto Guevara Guth, incluye al personal (docente y no docente), de las universidades estatales, siendo que este legislador las ha venido atacando durísimo, de mala fe y con gran manipulación de datos, con relación a los sistemas salariales de cada una de ellas? ¿Qué pasará con las anualidades, los pluses salariales (dedicación exclusiva, prohibición, riesgos y otros de los restantes sectores del Empleo Público que no son Magisterio Nacional)… ¿Y qué pasó con relación al grupo de personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que, recientemente, participó en un movimiento huelguístico junto al Magisterio Nacional, por las mismas causas, ahora que éste, presuntamente, no verá afectado su propio sistema salarial de Empleo Público?…
Por supuesto que, maliciosamente, se pondría pensar que el Partido Liberación Nacional (PLN), pensando en las elecciones generales del 2018 (presidenciales y diputadiles), procura ahora, de esta forma, pedirle perdón al Magisterio Nacional por la agresión, en 1995, a sus derechos en el gobierno de José María Figueres Olsen, actual aspirante a una reelección presidencial. ¿Es que acaso estamos ante un cálculo electorero, sin escrúpulos, manipulando una sagrada conciencia obrera de lucha como lo representa el Magisterio Nacional y sus organizaciones históricas (incluyéndolas a todas y sin excepción alguna de nuestra parte)?
Finalmente, resaltamos que este pacto parlamentario para gobernar la Asamblea Legislativa (que es gobernar el país dada la precariedad política del presente gobierno), durante el período anual 2016-2017, con la aparente exclusión del Magisterio Nacional que venimos comentando del Acuerdo de agenda de interés nacional, Legislatura 2016-2017); fundamenta, poderosamente, nuestra terca y sistemática prédica que venimos formulando desde este y otros espacios hace ya bastante tiempo, acerca de que los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal, o que éste no se debe a los salarios que se devengan en el Estado (incluido el Magisterio Nacional).
Considerando la magnitud de la masa salarial dentro del presupuesto público del Estado central que significa el MEP, la circunstancia de que no le vaya a tocar un solo centavo a cada educador y a cada educadora de su actual salario (ni las pensiones que ya reciben los que dejaron de laborar activamente en el Magisterio Nacional); que todos sus justos sobresueldos y pluses se les mantengan, demuestra que lo del déficit fiscal va por otro lado, no por el de los salarios públicos. Va por el lado de las transformaciones estructurales que ocupa el injusto sistema tributario costarricense. Pero sobre ello volveremos en la parte dos del presente comentario.
