La víspera de una nueva celebración mundial de la histórica fecha obrera internacional, el Primero de Mayo, nos motiva a dar nuestros particulares opiniones acerca de que en el caso costarricense los desafíos de la Democracia ahora son más contundentes que nunca, desde la perspectiva de las grandes mayorías populares, laborales, sociales y ciudadanas.
Según nuestra personal lectura, los sectores dominantes costarricenses, particularmente los de la hegemonía política tradicional, han venido reforzando su meta estratégica, todos los días, hacia la transformación estructural de las relaciones económico-sociales entre costarricenses; dejando en total evidencia y para que nadie se llame a engaño, de que su aspiración central final tiene cuatro vertientes fundamentales, en nuestro criterio:
1) La instauración plena de una economía de libre mercado totalmente dominante.
2) Aumento de la tasa de ganancia del sector privado.
3) Disminución de los llamados “costos salariales”.
4) Reducción drástica del “gasto” público social
El descarnado y sistemático ataque al empleo público (que ha entrado ya en su segundo año de campaña intensiva de agresión psicológica y de terrorismo ideológico), busca pulverizar el papel histórico del sector público costarricense en la generación de condiciones de inclusión y de movilidad social que nos caracterizaron como sociedad, hasta le llegada de la onda de los ajustes estructurales. La consigna de fondo es la de sacar al sector Público del juego de la economía.
Por otra parte, la furia con que dichos sectores y sus vocerías político-diputadiles bloquen cualquier cambio, por mínimo que sea, en la actual realidad tributaria que ahoga a la sociedad, muestran a las claras que su avidez por mayores tasas de ganancia en la actividad mercantil del lucro privado, no permitirá control alguno con relación al enormemente incuantificable robo de impuestos, por ejemplo; y, mucho menos, la desestimulación del ingreso al circuito financiero nacional del dinero sucio producto del narcotráfico. Y, además, ni siquiera pensar en cambios progresivos en materia de renta.
La disminución de los “costos salariales” aborta cualquier intención, por tenue que sea, de ampliar el poder adquisitivo de los salarios mínimos, específicamente, los de aplicación en el sector privado de la economía; concatenando esta estrategia con el ataque a los salarios del sector público (más allá de los abusos ya identificados y políticamente corregibles); buscando la unificación salarial de ambos sectores para luego, llevarlos a la baja integralmente vinculados.
En cuando a la reducción drástica de lo que erróneamente se conceptúa como “gasto” público social, éste tiende a disminuirse todavía más, inversamente a las deudas sociales que está dejando el crecimiento de la desigualdad vía concentración abusiva de la riqueza, intermediando el ascenso de la informalidad y del desempleo; amén del crecimiento la pobreza y del aumento en el riesgo de caer en ella.
En tal marco de circunstancias, el más reciente anuncio presidencial de que en el año 2018 habrá despidos masivos en el sector Público no debería resultar sorpresa alguna, pues este aspecto es parte esencial de lo que hemos puntualizado como el fondo de la confrontación.
Por supuesto que este tema de los despidos masivos en el sector público, “a la vuelta de la esquina”, va a ser abordado más insistentemente y por las más diversas formas, desde el lado de la acera en que nos encontramos, a partir de ahora.
Dice el refrán popular que “en guerra avisada no muere soldado”. Traducido para el contexto que venimos perfilando líneas arriba, el desafío de una amplia unidad popular de mucha base estaría emergiendo como lo más estratégicamente urgente.
Conviene reiterar un llamamiento en tal sentido, especialmente valorando la coyuntura política más cercana a nuestro entorno como país, la América Latina, si consideramos que la ideología fanática de la exclusión social parece estarse abriendo paso en estos momentos y en varios de los países hermanos que, emblemáticamente, han venido propiciando políticas públicas priorizadas en inversión social de amplia base y no en acumulación sectaria.
