No tenemos cómo confirmarlo. Pero las fuentes fidedignas que nos transmiten la información que de seguido les compartimos, en otros momentos han acertado cuando nos han alertado sobre temas duros que estaban por venir (y que llegaron luego), en el amplio escenario político-social y económico-fiscal del Empleo Público.
Esta vez nos indican que el presente Gobierno (particularmente, el Ministerio de Hacienda), está “en problemas” para reunir el dinero del pago del salario escolar para la población trabajadora asalariada de lo que conocemos como Gobierno Central (ministerios, por ejemplo). Ojalá tales informaciones no tengan ni la menor pizca de contenido real.
Nos indican que ha habido dos circunstancias anteriores en la presente gestión gubernativa, en las que se han tenido que realizar “carreras locas” para pagar los salarios quincenales en este ámbito de la Administración Pública.
Terminaron indicándonos que estas circunstancias de problemas para honrar pagos salariales a este grupo de trabajadores y trabajadoras estatales, podrían presentarse más a menudo a partir de ahora, con mayores niveles de riesgo y con más potencialidades de conflicto social, como es lógico suponer en este tipo de situaciones en que media la misma sobrevivencia de los conglomerados familiares de carácter asalariado. ¡Y ni hablar del reajuste salarial para el primer semestre del 2016!…
Independientemente de nuestra propia posición político-ideológica, las finanzas públicas del Estado central están mal. ¡Sí, lo aceptamos!, aunque esta afirmación nos haga coincidir con la camarilla de amanuenses, articulistas, opinólogos, editorialistas, peonada política (intra y extra parlamentaria), voces radiofónicas histéricas y similares; todos los cuales y de una manera u otra, están al servicio de la plutocracia del capital hegemónico-neoliberal y sus latifundios mediáticos (por cierto, algunos de éstos en líos tributarios por intentonas fallidas con evasión de impuestos).
La circunstancia de que las finanzas del Estado central estén mal, no es un problema nuevo. Eso que llaman el déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los egresos del Gobierno), siempre ha estado presente en la vida sociopolítica y económica del país.
Sin embargo, todo hace indicar que llegó la hora de “hacer algo”, verdaderamente impactante, para controlarlo. Y es en ese desafío de “hacer algo” donde las contradicciones afloran, el conflicto inter-clases se muestra tal cual y los desafíos de defensa obrera se vuelven tan urgentes que no pueden ser eludidos por mucho más tiempo.
Hay dos explicaciones fundamentales en este problema del déficit fiscal. La de la plutocracia reinante, políticamente hegemónica (la que no gana elecciones pero pretende gobernar desde salas de redacción y estudios de telenoticieros al servicio de los latifundios mediáticos), tiene la suya: es el empleo público el culpable fundamental de la “debacle” por venir dado que son los salarios multidiversos de quienes laboran para el Estado los que están llevando a éste a la quiebra (Grecia, en perspectiva); incluyendo los respectivos sistemas de relaciones obrero-patronales, algunos de los cuales tienen rango constitucional y están incluidos en la legislación internacional en materia laboral. “¡Hay que acabarlos todos!”, es su consigna de exterminio y liquidación del empleo público.
Por eso es que durante todos los meses de este año 2015 que termina mañana jueves 31, desplegaron la más infame, calumniosa, inescrupulosa y difamatoria campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada en la historia nacional en materia de empleo público.
Con tal campaña pretendieron ganar adeptos, manipular a la opinión pública, asegurarse la adhesión de políticos de oficio para su ideología, acorralar e intimidar a otros que sí tienen dignidad; y, en general, potenciar reservas de odio a utilizar en caso de presentarse escenarios de confrontación abierta e intensa que, por cierto, no están lejanos de mostrarse.
La otra explicación, que es la que nosotros defendemos, es que el déficit fiscal está estrictamente asociado con las debilidades estructurales e integrales de un sistema tributario diseñado para cobrarle a los que menos tienen y permitirles a los que más tienen, pagar lo menos posible, ojalá nada… y, además que puedan robar impuestos quedando impunes por ello.
Pareciera que el punto de colisión abierta de ambas posiciones se daría en este año 2016, aunque ya en el 2015 vimos qué podría pasar en un escenario de total confrontación si, por ejemplo, nos juntáramos todas las organizaciones y todas las fuerzas cívicas y sanas para golpear en una única dirección: la de la real justicia tributaria que tanto ocupa de este país.
A lo interno de la actual Asamblea Legislativa, ambas posiciones tienen respaldo. Pero del lado nuestro, jamás de los jamases podríamos aceptar el chantaje político que está planteando el extremismo neoliberal ropa-impuestos: aprobar los proyectos de ley para combatir el fraude fiscal en todas sus manifestaciones, a cambio de bajar salarios en el sector público, disimular el despido abierto en el empleo público y/o precarizarlo en grado sumo, flexibilizando los contenidos de la estabilidad laboral en el mismo, derogando reglamentos en la materia y acabando con la negociación colectiva del sector público.
Solamente un dato nos da la suficiente razón política, ética y moral para rechazar en materia de déficit fiscal, la tesis plutocrático-mediática y para que defendamos la del bien común. El robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, anda en 8 puntos porcentuales de producto interno bruto (PIB).
Como cada punto de PIB en nuestra economía es de 274 mil millones de colones (274.000.000.000.00), estamos hablando de un robo tributario a la sociedad, un verdadero crimen social de 2 billones 192 mil millones de colones (2.192.000.000.000.00), ¡al año! Cada día, cada 24 horas, este robo fiscal es redondeando cifras, de 6 mil millones de colones; 250 millones por hora; 4 millones 100 mil colones por minuto. ¡Arreglen esto primero… luego hablamos de empleo público!
Bien fue planteado este problema en las recién pasadas elecciones de España: el segundo candidato más votado, Pedro Sánchez, del Partido Obrero Socialista Español PSOE (otrora socialdemócrata como aquí lo fue el PLN), anunció que de llegar al gobierno contrataría 5 mil nuevos funcionarios para la administración tributaria española, como parte de una estrategia integral de lucha contra el fraude y la evasión. ¡Entrémosle ya a lo del fraude fiscal aquí, aprobando los proyectos de ley en trámite parlamentario para tal fin! ¡FELIZ AÑO NUEVO!
