Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619, 19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos laborales no puedan prosperar
Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.
«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas, tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A
Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos judiciales.
“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica, representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos. Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos. Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”, indico la abogada penalista.
Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más adelante.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las policías adscritas al MSP con la destrucción sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y de asueto laborados.
