El gobierno de don Luis Guillermo Solís fracasó en materia de seguridad ciudadana, de lo anterior no queda ninguna duda, los índices de violencia en tres años consecutivos (2015, 2016 y 2017) dan cuenta de una nefasta gestión en materia de prevención y de contención del delito. A la fecha, según indican los medios de comunicación, se contabilizan alrededor de 179 homicidios, es decir, 13 más que los registrados en el año 2017, a la misma fecha.
Tristemente, el año 2017 superó todas las estadísticas, de momento es el año de los récords, por lo tanto, no tenemos nada que celebrar en materia de seguridad, récord en decomisos de drogas, sinónimo de que estamos altamente contaminados con la incursión del narcotráfico en nuestro país. Paralelamente, récords en homicidios y en muertes violentas; situación que requiere un abordaje especial, es momento de preponderar el trabajo interinstitucional, en aras del bien común.
Los altos índices de impunidad son alarmantes, la crisis que atraviesa nuestro sistema carcelario (hacinamiento y liberación de privados), aunado a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de favorecer la justicia, hacen que tengamos un país destinado al fracaso en la materia. Lo que vemos de alguna manera, es un incremento en la privatización de la seguridad, sin embargo, no todos tenemos acceso a seguridad privada, además, el efecto se refleja en el incremento en los costos de operación de empresas y comercios, que deben tomar de sus ingresos, para pagar dicha seguridad privada.
La seguridad ciudadana sí se puede mejorar. No existe una “pomada canaria”. Lo esencial e imperativo es que establezcamos como país una política criminal, que impulse políticas públicas que vengan a generar oportunidades. Además, es necesario trabajar en equipo, que es lo mismo que establecer la atención multisectorial de los factores de riesgo, en aras de una efectiva prevención de la violencia.
Es necesario puntualizar en algunos aspectos que nos podrían permitir mejorar en materia de seguridad ciudadana. Una de las estrategias debería ser adoptar una política de prevención, según sea la situación de determinada comunidad, o sea, diversificar las estrategias operativas, según sean los puntos neurálgicos en materia de criminalidad. Lo anterior se puede medir a partir de las estadísticas y el mapeo de la incidencia que se presenta, así como del trabajo de inteligencia que permita identificar el desplazamiento de los delincuentes de un lugar a otro.
Es necesario identificar los factores de riesgo, utilizar la información que al efecto manejan otras instituciones del Estado, tales como comunidades vulnerables, niveles de desempleo, escolaridad, sobrepoblación habitacional, población migrante, entre otras, con lo cual poder hacer valoraciones objetivas y establecer estrategias de prevención, entendiendo que la prevención debe ser la norma.
La incursión del narcotráfico en nuestro país, se da primordialmente por la Frontera Sur, en razón de ello, se debería fortalecer la prevención y la contención de su ingreso, tanto por tierra, como por el Océano Pacifico. Para tal cometido, es necesario plantearse algunas cosas.
Ante el incremento en la actividad delictiva, la cual se acompaña de la incursión del narcotráfico, es indudable que se requiere de dotar a los cuerpos policiales de mejores condiciones, no solamente en infraestructura y equipamiento, sino además, en lo relativo a sus Derechos Humanos laborales. También, es urgente fortalecer jurídicamente la actuación policial.
Es urgente contar con una política de Estado en materia criminal, trazar una ruta de acción que direccione el actuar de los distintos cuerpos policiales, dejando de lado la improvisación, el individualismo, y el egocentrismo. Hemos sido incapaces de articular acciones, de trabajar en equipo y los resultados saltan a la vista. La seguridad ciudadana requiere de una atención multisectorial, acompañada de liderazgo y comunicación asertiva.
¡Alerta! La proyección de homicidios, partiendo de los datos al día de hoy podría superar en mucho lo alcanzado en el año 2017, de ser así, tendríamos un cuarto año con epidemia por homicidios; con serias repercusiones para el sector turismo, la inversión extranjera y la paz social. Tal como lo hemos advertido, la cárcel nunca ha sido efectivamente un medio coercitivo y de castigo para quienes delinquen, mucho menos en la actualidad, es latente el irrespeto constante de la delincuencia hacia la figura de autoridad pública, el delincuente se siente empoderado por nuestro sistema de justicia.
¿Se puede mejorar en materia de seguridad ciudadana? Claro que sí, siempre y cuando hagamos las cosas diferentes. Quienes dirijan los cuerpos policiales deben ser personas con mística, liderazgo y trayectoria. No debemos permitir que se continúe “prostituyendo la carrera policial”. Es imperativo, además, que trabajemos en equipo, dotemos de mejores condiciones a nuestros Policías, reformemos algunas leyes, bajemos los índices de impunidad y definamos una política de Estado.
No es más seguro el país que más policías tiene, sino el que menos delincuentes produce.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr
