La mañana de este jueves 29 de enero, el Ministerio Público aceptó la denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra de la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, por realizar un aparente nombramiento ilegal.
En el documento que la ANEP preparó, y que fue recibió este jueves en la Fiscalía General, se oficializa una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.
Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.
Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.
Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia presentada por la ANEP contra el actuar de la Procuradora General, Ana Lorena Brenes Esquivel.
Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.
Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.
