La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector Público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.
La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.
La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil con relación a la ley salarial médica.
La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.
La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.
La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.
Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.
Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.
La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.
