“¡Alto a la pobreza y a la exclusión!” ¡Alto al crecimiento de la desigualdad! Son, desde nuestra perspectiva, los dos fundamentales gritos cívicos expresados por el abrumador triunfo en las urnas de don Carlos Alvarado Quesada, para ser el nuevo Presidente de la República; pero, a la vez, son los reclamos potentes del grueso del electorado votante que apostó por don Fabricio Alvarado Muñoz.
Pensamos que ésta es la lectura más apropiada (no la única, por supuesto), que debemos hacer para comprender el gigantesco desafío de intentar un nuevo proceso de reconstrucción republicana, apostando por la integración social de ese gran sector de compatriotas, el ampliamente mayoritario, que estuvo en las urnas este domingo 1 de abril; compuesto en dos conglomerados: los que están ya “descartados” (como dice el papa Francisco), o a punto de serlo; y la agobiada clase media del mundo del trabajo, altísimamente endeudada y con gran miedo sobre la preservación de sus actuales empleos (especialmente, los del sector Público).
Y, evidentemente, es de destacar que, en una parte muy importante del conglomerado del electorado votante a favor del hoy presidente electo del país, la cuestión de los Derechos Humanos estuvo en la centralidad de esa decisión ciudadana; pero sin comprensión cabal de la integralidad del significado de los Derechos Humanos en su justa y real dimensión.
En tal sentido, hay que posicionar el estricto ligamen entre los Derechos Humanos y al reclamo por la exclusión y por la desigualdad social.
Por diversas razones que ya se están exponiendo, así como por la intensidad de la batalla campal que hubo entre costarricenses con ocasión del pasado proceso electoral, al mezclarse religión y política y dada la tóxica polarización de la cual no hemos salido, lamentablemente; conviene ahora para enfrentar tal polarización, poner en la mesa central del debate político y social del país, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que textualmente citamos:
Artículo 23 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
¡Miren ustedes! Aquí está una interrelación inobjetablemente contundente entre Derechos Humanos y derecho a tener un trabajo, un empleo; Derechos Humanos y protección contra quienes están sufriendo el desempleo, especialmente la gente joven; Derechos Humanos a igual salario por trabajo igual (lo cual contrasta con los abusos que hay en los más altos estamentos de la estructura de la alta jerarquía política estatal); Derechos Humanos y remuneración equitativa y satisfactoria (la cruda realidad de la sobreexplotación obrera a propósito de la situación real del salario mínimo); Derechos Humanos a organizarse en sindicatos y a no ser perseguido por afiliarse a éstos… ¡Lo ven!
La importante comunidad costarricense sexualmente diversa y sus entornos familiares y sociales se volcaron a favor de don Carlos Alvarado Quesada, por su posición política, clara y contundente, de respaldar el respeto pleno a los Derechos Humanos de estos y de estas compatriotas. ¡Esto estuvo bien!
Pero, ¿y los Derechos Humanos de la persona sin trabajo, de los jóvenes sin empleo, ¡qué!?… ¿Los Derechos Humanos de quien es perseguido, acosado, estigmatizado, violentado, humillado y hasta despedido por afiliarse a un sindicato; ¡qué!?… ¿Los Derechos Humanos de quienes reciben un salario miserable, (“mínimo”), que no permite brindarle a su familia una “existencia conforme a la dignidad humana”, como lo apunta el apartado 3 del artículo 23 arriba citado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ¡qué!?…
Si el Partido Acción Ciudadana (PAC), aspira a ser la nueva alternativa política de la Socialdemocracia (ante la debacle ideológica del histórico liberacionismo que enterraron los hermanos Arias y el señor Desanti); si don Rodolfo Piza pretende reinventar la vigencia política del pensamiento del Humanismo Cristiano, en su alianza con el hoy Presidente electo; entonces deben comprender que la integralidad del planteamiento de los Derechos Humanos es de tal magnitud que los reclamos de la ciudadanía votante del pasado domingo 1 de abril (en los dos casos), está más que legitimada para que el enfrentamiento frontal de la pobreza y de la desigualdad, se vea como una decisión-país de poner en el centro de toda política pública, la cuestión de los Derechos Humanos en su rica integralidad y no solamente por una sectorialidad social y ciudadana, igual de legítima como el reclamo obrero generalizado que hubo en las urnas.
En este año 2018, con la conmemoración del 70 aniversario de la promulgación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, corresponde un relanzamiento de un compromiso-país fuerte de poner la cuestión de los Derechos Humanos como piedra angular de un proceso nacional de reconciliación nacional, especialmente si se concreta la propuesta del señor Presidente electo de un gobierno de unidad nacional.
