Ante la arremetida inmisericorde de características meramente ideológicas por parte del Gobierno PAC del Presidente Carlos Alvarado contra la clase trabajadora costarricense y sus derechos laborales, no queda más que condenar la nueva ¨genialidad¨ en contra de derechos y regímenes laborales protegidos por la Constitución Política y por las leyes laborales; nos referimos al régimen obligatorio de pensiones (ROP) y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), regímenes además establecidos en la Ley de Protección al Trabajador.
Primero hay que decir, que los recursos de los trabajadores que devienen de la Ley de Protección al Trabajador, son aportes patronales que tienen su origen en las prestaciones laborales de los trabajadores tanto del sector privado como del sector público; estas prestaciones laborales, más comúnmente conocidas como cesantía laboral, son una indemnización por años laborados, y como tal estos fondos no tienen carácter salarial y por lo tanto no deberían ser gravados con ningún tipo de impuesto.
Pero, además no le ha bastado a este gobierno y a sus acólitos en la Asamblea Legislativa (PLN-PUSC-PAC-RESTAURACION NACIONAL y similares), con afectar a la toda la población costarricense con la serie de impuestos directos e indirectos que un día sí y otro también nos recetan, y ni que decir del nefasto impacto que vino a generar en las economías de los trabajadores la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por lo anterior reiteramos nuestro rechazo y condena a esta voracidad del Gobierno, en su intento de gravar con más impuestos, los fondos de pensiones complementarias y el FCL, situación que además afectaría sin lugar a dudas las pensiones que otorga la Caja del Seguro Social, pues estas también podrían quedar sujetas a pagar renta. Todo bajo el prurito de su nefasta e inmoral negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
