Con ocasión de la tramitación del presupuesto ordinario “de la República” para el 2015 (en realidad, de casi toda la República, pues solamente se contempla el 40% de toda la estructura financiera del Estado, la que pasa por el parlamento; pues el otro 60%, no); han salido a flote las multimillonarias sumas que se han presupuestado para pagar alquileres de edificios y de locales para alojar dependencias del Estado central; así como significativas sumas para pagar contratos privados de limpieza y de seguridad. ¡Enhorabuena!
Lo que pasa es que solamente se está diciendo la mitad de la realidad de todo esto. Falta la segunda parte:
¿Cuáles son los nombres de todas las empresas a las cuales el Estado les alquila edificios y locales?
¿Cuáles son los nombres de cada una de las personas socias de esas empresas?
¿Cuáles son los nombres de cada una de las empresas, con sus respectivas personas socias, que le venden al Estado servicios privados de limpieza y de seguridad?
¿Están todas tributando lo debido?
¿Están todas plenamente al día con la Caja y la Seguridad Social?
Así las cosas, es más que urgente y perentorio que el propio Gobierno de la República, específicamente el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablen con claridad dando esos nombres e indicando si esas empresas están al día en el pago de sus impuestos y si esas empresas están declarando, como patronos, la verdad de sus aportaciones a la Seguridad Social.
Es más, especialmente los señores diputados que encabezan la cruzada fundamentalista contra el déficit fiscal, deben usar todo su poder y presionar el Ejecutivo para que dé a conocer todos esos nombres y las correspondientes situaciones tributario-fiscales en cada caso, así como en lo que respecta a las obligaciones de corte patronal en cuanto empresas y sociedades privadas mercantiles.
Esta situación no solamente debe ser más que obligada en el caso del Gobierno Central y a propósito del trámite legislativo del polémico presupuesto del 2015; debería abarcar toda la estructura del Estado: la del 40% que pasa por la Asamblea Legislativa y la del 60% que el parlamento no tramita.
Bien dice el refrán popular: “más caro el caldo que los huevos”. La moda privatizadora de los servicios públicos tuvo uno de sus primeros episodios con los servicios de limpieza y de seguridad en los ministerios y otras entidades. La evidencia actual estaría indicando que tales contrataciones privadas han resultado más onerosas para las finanzas públicas que haber preservado el empleo público en estos ámbitos de los servicios públicos: “más caro el caldo que los huevos”.
Por otra parte, por una ausencia de planificación estratégica y de visión de largo plazo, jamás se pensó en la edificación de conglomerados de oficinas públicas en ámbitos geográficos concentrados que, por un lado, evitarían esos multimillonarios pagos de alquileres; y, por otro, le facilitarían al ciudadano sus gestiones en la administración pública central.
Revisar todos estos contratos con empresas privadas, sí es parte de una correcta estrategia para la racionalización del gasto público aunque incompleta: faltan los nombres de las empresas y hacer visible sus responsabilidades tributarias y sociales.
