Creemos firmemente que Costa Rica tuvo un pasado y liderazgo honroso en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos.
Contaba con instituciones sólidas, con una democracia envidiable y unos programas sociales que se exhibían en el concierto de las naciones como ejemplo de progreso, de seguridad y de bienestar.
Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos luchábamos por acercarnos al concepto, a veces claro y en otras abstracto, de bien común. La dignidad humana era el tema central de la mayoría de las políticas públicas; y, siguiendo esta lógica, fue que se logró firmar y ratificar casi todos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
La inmensa mayoría de las personas costarricenses aún conservamos esa tradición de paz, de libertad y de fraternidad. Sin embargo, en este momento, el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los Derechos Humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.
En este contexto, preocupa que a pesar del fallido intento pasado por lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alarma también que el gobierno actual haya propuesto la candidatura de la Magistrada Nancy Hernández López como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.
Una muestra de ese doble estándar, es que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que han emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial. ¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?
Siguiendo este orden, el gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”
Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.
Recientemente, se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.
ANEP considera que el Estado de Costa Rica, con esta acción, toma distancia de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.
En repetidas ocasiones, el Estado ignora conscientemente que “las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.”
Es más, la propia “Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”
Como si lo señalado fuera poco, el Estado de Costa Rica, en este momento, gestiona un proyecto de empleo público que desconoce la independencia de poderes y las autonomías constitucionales.
ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.
Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH
De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.
Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz.
Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
San José, viernes 11 de junio de 2021
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[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 23 de mayo de 2011, A/HRC/17/28, párr. 31.
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.
